Que un Presidente deba hablar al país sobre este tema simboliza la gravedad y extensión de este tipo de delito, la debilidad de las políticas y el atraso legislativo en la defensa de los derechos de niños y niñas.
El Presidente Piñera ha anunciado diez medidas contra el abuso sexual infantil. Es un buen paso.
Las medidas anunciadas son sin duda reactivas a una situación de larga data en el país. El discurso nacional se ha venido transformando desde la tolerancia ante el abusador (con penas irrisorias, con aceptaciones implícitas en círculos cercanos a los implicados, con culpabilizaciones a los propios niños y niñas, etc.) a uno de repulsa y clamor de castigo. Que un Presidente deba hablar al país sobre este tema simboliza la gravedad y extensión de este tipo de delito, la debilidad de las políticas y el atraso legislativo en la defensa de los derechos de niños y niñas.
Las medidas anunciadas se pueden dividir en las que directamente impactan en el abuso sexual infantil y que son positivas, aunque insuficientes: una sola entrevista pericial para no revictimizar a los niños abusados, pero se deben modificar las facultades de defensores y fiscales en procesos de este tipo; mayores recursos para el Servicio Médico Legal que deberían terminar con las esperas que dañan al niño y la familia, pero debe extenderse a los programas de Sename; la restricción de la libertad condicional a los abusadores; un aumento de las penas, particularmente a aquellos que tienen bajo su responsabilidad a los niños y, aunque está comprobado que a mayores penas no se previene el delito, al menos es una señal del repudio social al hecho.
[cita]Que un Presidente deba hablar al país sobre este tema simboliza la gravedad y extensión de este tipo de delito, la debilidad de las políticas y el atraso legislativo en la defensa de los derechos de niños y niñas.[/cita]
Otras medidas están más en el diseño de lo que podría ser una nueva institucionalidad y legalidad relacionada con la niñez. En este plano están los anuncios del Sistema Nacional e Integral de Protección de la Infancia, la división del SENAME en dos Servicios y la creación del Defensor del Niño. Sin embargo aquí es donde surgen cuestionamientos concretos:
– Crear un Sistema nacional e integral de protección sin aprobar una Ley de Protección integral que regule las obligaciones estatales, sería poner un sistema funcional sin el marco regulatorio de garantías a los derechos de los niños y niñas. En este sentido se hace insoslayable que el Gobierno ingrese al parlamento un proyecto de ley de protección de derechos de todos los niños y niñas, que está consensuado desde enero con las organizaciones de la sociedad civil y que ha quedado paralizado en los pasillos palaciegos. No puede haber un sistema moderno de protección con una ley de menores originada en 1929 y reciclada el ’68.
– Dividir el SENAME no asegura ni que se termine con el abuso sexual infantil ni que la prevención sea más eficiente y efectiva. Este paso administrativo no tiene sentido, salvo aumentar los gastos burocráticos, si no existen diseños y financiamientos adecuados que no entreguen una pobre atención con profesionales en terreno sobredemandados por listas de espera y complejos problemas sociales.
– Impulsar un Defensor del Niño es muy vago. Hay un proyecto de ley promovido por los senadores P. Walker y JP Letelier que asegura independencia y autonomía de los órganos del Estado para proteger, promover y alertar a las autoridades sobre determinadas violaciones a los derechos de los niños y que requiere financiamiento estable. Ese proyecto debió ser respaldado por el Presidente, pues no cualquier Defensor es útil a los niños; el anunciado puede ser un aumento de burocracia sin poder ni calidad.
– En síntesis, llegó el momento que los legisladores y el Gobierno articulen la labor de legislar por una ley moderna de garantía de derechos a todos los niños y niñas, con el objetivo que las políticas específicas y sectoriales tengan un sentido y efecto en la vida de ellos. Parece que está llegando el momento de ver que nuestras instituciones (familias, escuelas, servicios públicos) están retrasados respecto de países de la región de menor desarrollo y con mejores respuestas institucionales a la calidad de vida de los niños. Llegó el momento de que la sociedad chilena se mire a sí misma y vea que la violencia física y cultural en la que viven los niños y niñas (vía el abuso sexual, el maltrato y el niñicidio) no solo irrespeta los derechos de ellos, sino que también termina deteriorando la convivencia nacional.
