Opinión
Si los partidos de oposición tienen efectivamente una coincidencia con los movimientos sociales sobre la necesidad de que el país y sus instituciones aborden una agenda sustancial de cambios, el primer objetivo debiera ser la elaboración desde la base de la sociedad de una Constitución realmente democrática. Para lograrlo desde el propio sistema se precisan quórum parlamentarios que la Concertación y los partidos de izquierda no tienen. Sin embargo, lo primero es plantear con fuerza la meta.
La apreciación es generalizada: el sistema político y el de partidos en particular enfrentan una crisis. Esta crisis tiene su más fuerte expresión en el mundo de la Concertación.
¿Qué es posible esperar de sus partidos? Mientras se reúne fuerza social y política para que los chilenos ganemos el derecho a discutir amplia y democráticamente en una Asamblea Constituyente una nueva Constitución, ¿qué hacer? ¿Qué hacer mientras se cursan las enredosas y a veces bizarras negociaciones entre el centro de la Concertación y el sector menos integrista de la derecha para inventar un sistema electoral que no perjudique demasiado a nadie y tenga una mejor presentación formal?
Quisiera sugerir una lista de actuaciones que, eventualmente, permitirían a los partidos recuperar al menos en parte la credibilidad perdida. Estas materias, si algunas les fueran aplicables, pudieran también ser consideradas por los partidos de izquierda legalmente inscritos con los que generalmente me identifico, el Partido Comunista, el Partido Izquierda Cristiana y el Movimiento Amplio Social.
Algunos sentirán estas sugerencias como provocaciones, otros pensarán que son imposibles de poner en práctica y que el sólo hecho de mencionarlas es una expresión de ingenuidad. Reconozco que es difícil pensar que la rehabilitación de la política actual sea encabezada por sus propios actores. Pero pienso que los temas enumerados a continuación pueden despertar interés en sectores partidarios y en organizaciones y movimientos ciudadanos y, de ese modo, ir abriendo camino a un proceso de saneamiento de la actividad política.
[cita]Estas son ideas básicas. Las primeras cinco no dependen de una ley, no las puede bloquear la derecha, no son materias que resuelvan con su veto ni la UDI ni RN. En esta misma línea de saneamiento hay muchas otras acciones concretas que contribuirían a renovar el sistema democrático y a fortalecer las posibilidades de sus impulsores de reunir mayorías sociales y políticas abrumadoras para auténticamente democratizar Chile.[/cita]
1. Las fuerzas políticas que sostienen la proporcionalidad como criterio fundamental debieran practicarla a los pactos electorales. No hubo proporcionalidad en el pacto parlamentario entre la Concertación y el Juntos Podemos en el año 2009, cuando a la izquierda se le reconoció la posibilidad de candidaturas con primera opción sólo en tres distritos. No hay proporcionalidad en el pacto municipal anunciado entre la Concertación y el Partido Comunista, para las próximas elecciones, en que este último lleva sólo siete candidatos a Alcalde y la Concertación más de tres cientos cuarenta. Si en vez del número de distritos o de comunas consideramos la variable número de votantes, el resultado es el mismo: la Concertación no aplica en sus pactos la proporcionalidad que predica y se beneficia del sistema binominal que excluye a las fuerzas no incorporadas en las dos grandes coaliciones. La mejor forma de respetar las minorías es, sin necesidad de votos de derecha en el Congreso, hacer de la proporcionalidad un criterio compartido para confeccionar las listas de candidatos en los pactos.
2. El último gobierno de la Concertación y en primer lugar su Presidenta, fueron promotores de la llamada “ley de cuotas”, destinada a garantizar un mayor y más equitativo acceso de las mujeres a la función pública. No se requieren los votos de la derecha para que los partidos de oposición la pongan en práctica en su funcionamiento interno y en la nominación de sus candidaturas. Si no, es incoherente promover una ley e ignorar sus criterios en las actividades propias, cuando no hay obstáculo que lo impida.
3. Hay bastantes voces que sostienen que es preciso limitar la reelección de los parlamentarios, alcaldes y concejales. En el último tiempo se ha agregado a diversos argumentos la necesidad de abrir espacios a los más jóvenes. Es perfectamente posible, sin los votos de la derecha, que los partidos que recojan estos postulados establezcan en sus normas internas un mecanismo que fije este límite. ¿Cuál sería y cómo se aplicaría? Es una materia a discutir. La cuestión que quiero subrayar es que esta decisión corresponde a los propios partidos y no es necesariamente una materia de ley, aunque idealmente debiera ser regulado a ese nivel.
4. La firma notariada para adherir a un partido es un acto perpetuo que sólo pierde su efecto cuando el titular presenta su renuncia ante el SERVEL. Nadie ignora que muchas personas que firmaron a fines de los años ochenta aún se contabilizan para los efectos de la existencia legal de los partidos, aunque no estén activos o ya no se consideren parte de esa organización. Un gesto valioso para recuperar confianza pública es que los propios partidos pongan límite a la vigencia de sus adhesiones legales, obligándose así a renovar el compromiso del adherente. Se trata de, más allá de la ley, establecer una revalidación periódica que implique una perseverancia del convocante y de los convocados.
5. Los partidos pueden reconfigurar la relación entre el dinero y la política. Por ejemplo, el diputado Aguiló propuso hace algunos años rebajar las dietas parlamentarias. Perfectamente los parlamentarios pueden reducir sus dietas destinando parte de ellas a su propio partido, como hacen los diputados comunistas, o a las organizaciones sociales que indiquen, sin necesidad de modificar la ley. La opinión pública, en cambio, se enteró hace algunos meses que las asignaciones parlamentarias para financiar la política habían sido aumentadas en el Senado. Desafortunadamente ese añadido y otras asignaciones financiadas con fondos públicos sostienen a la política como es hoy día y por tanto financian lo que no queremos que sea: la reelección sin límite, la complicidad binominal, formas de exclusión, el predominio de castas o de clubes tendenciales organizados dentro de los propios partidos.
Los partidos, además, podrían establecer normas rigurosas y mecanismos de control para poner coto a eventuales conflictos de interés de sus dirigentes y parlamentarios, como también a la circulación descontrolada de lobistas en su interior.
6. Si los partidos de oposición tienen efectivamente una coincidencia con los movimientos sociales sobre la necesidad de que el país y sus instituciones aborden una agenda sustancial de cambios, el primer objetivo debiera ser la elaboración desde la base de la sociedad de una Constitución realmente democrática. Para lograrlo desde el propio sistema se precisan quórum parlamentarios que la Concertación y los partidos de izquierda no tienen. Sin embargo, lo primero es plantear con fuerza la meta. Para hacerlo sería eficaz que, como propuso sin éxito la izquierda en 2009, todos los opositores impulsaran la idea de instalar una Cuarta Urna en las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales para que los ciudadanos se pronuncien a favor o en contra de una nueva Constitución para Chile. Tiene un bajo costo para el erario fiscal y abriría un espacio hasta ahora vedado a la ciudadanía.
Estas son ideas básicas. Las primeras cinco no dependen de una ley, no las puede bloquear la derecha, no son materias que resuelvan con su veto ni la UDI ni RN. En esta misma línea de saneamiento hay muchas otras acciones concretas que contribuirían a renovar el sistema democrático y a fortalecer las posibilidades de sus impulsores de reunir mayorías sociales y políticas abrumadoras para auténticamente democratizar Chile.
