Entre los argumentos esgrimidos por los parlamentarios que rechazaron el informe figura que éste tenía, por una parte, un sesgo político y falta de objetividad, sumado a que la instancia no había indagado a universidades públicas que, según su parecer, tienen prácticas reprochables en su funcionamiento financiero.
En una estrecha votación, marcada por la ausencia de varios parlamentarios, la Cámara de Diputados finalmente rechazó el informe elaborado por la Comisión Investigadora sobre el funcionamiento de la Educación Superior. Esta instancia legislativa efectuó 25 sesiones, entre el 9 de agosto de 2011 y el 18 de junio, y recibió en audiencia a más de setenta invitados relacionados con la materia.
Entre las propuestas administrativas del informe, cuyo texto íntegro está disponible en el sitio Web de la Cámara, se propuso enviar el mismo al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República, al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y a la Fiscalía Nacional Económica, para que se investigara lo concerniente a la persecución del lucro por parte de las universidades privadas y a posibles irregularidades en la administración de recursos públicos.
En ese ámbito, se solicitó además al CDE que investigara a las inmobiliarias asociadas a los controladores o dueños de las instituciones de educación superior.
[cita]Entre los argumentos esgrimidos por los parlamentarios que rechazaron el informe figura que éste tenía, por una parte, un sesgo político y falta de objetividad, sumado a que la instancia no había indagado a universidades públicas que, según su parecer, tienen prácticas reprochables en su funcionamiento financiero.[/cita]
El que ha sido el intento más serio en los últimos 30 años por investigar eventuales infracciones a la ley de parte de algunas universidades, desgraciadamente quedó desechado por la voluntad de una fracción de los diputados presentes en la Sala, aunque también de un grupo que, inexplicablemente, se ausentó en la votación.
Se perdió así una valiosa oportunidad en el sentido de transparentar una práctica disfrazada durante muchos años a través de diversas modalidades y mecanismos.
Entre los argumentos esgrimidos por los parlamentarios que rechazaron el informe figura que éste tenía, por una parte, un sesgo político y falta de objetividad, sumado a que la instancia no había indagado a universidades públicas que, según su parecer, tienen prácticas reprochables en su funcionamiento financiero.
Una de las instituciones aludidas es la Universidad de Santiago, plantel estatal que dirijo desde el año 2006 y que nunca ha destinado excedentes financieros a otros fines que no sea la propia institución. Es decir, esta Universidad y sus corporaciones y fundaciones asociadas no lucran, por lo que rechazamos cualquier insinuación o acusación en este sentido. Más aún, cuando se intenta escudar y justificar, vía esta modalidad, a universidades que sí lo hacen.
Esta universidad del Estado con sus corporaciones y fundaciones, siempre han estado bajo la atenta fiscalización de la Contraloría General de la República, que realiza auditorias periódicas en nuestras instalaciones. También publicamos nuestros balances y estados financieros, auditados por entidades externas y de reconocido prestigio.
Lamentamos que nuestra Universidad haya sido utilizada por algunos diputados para desacreditar el trabajo de una comisión investigadora que intentó develar una práctica ilegal, moralmente inaceptable, que debe ser sancionada.
No deja de llamar la atención que estos representantes de la ciudadanía hayan rechazado un informe que daba cuenta sobre la persecución del lucro en universidades privadas tratando de empatar esos eventuales ilícitos con presuntas malas prácticas de planteles de carácter público, enredando la discusión y la disposición de otros parlamentarios. Lo lógico, en este sentido, hubiese sido aprobar el informe de la comisión investigadora y haber ampliado el rango de la indagación a nuestra institución, para lo cual hubiésemos estado absolutamente disponibles.
