¿Políticas contra la pobreza o pobreza de la política?

Los resultados de la última encuesta Casen han motivado una nueva polémica entre la derecha y la Concertación. En una discusión cargada de tecnicismos, ambas intentan demostrar, a través del manejo de la encuesta, su mejor gestión en la lucha contra la pobreza. ¿De dónde viene este debate?

La primera medición de Casen data de 1987, que arrojó un 45,1% de pobreza y un 17,4% de indigencia. Diez años después, esos índices habían disminuido marcadamente: la pobreza había caído más de la mitad (21,7%), y la indigencia decrecido con mayor fuerza (5,6%). Una tendencia que se profundizaría en los años que siguen. No se discute entonces el camino, en un contexto de aumento constante del ingreso y de crecimiento económico sostenido, además de retroceso del trabajo informal y de aumento de la cobertura en educación en todos los niveles, incluida la educación superior.

Pero en 2009 la batalla contra la pobreza evidenció su primer revés en veinte años (según cifras oficiales aumentó 1,4% respecto a 2006). Las reacciones no tardaron. El gobierno de Piñera responsabilizó a la gestión de Bachelet por un diseño y aplicación ineficiente de las políticas sociales. Una crítica a la Concertación en el que era considerado —junto al éxito de la transición— uno de sus principales logros, conquista distintiva del país incluso a nivel internacional.

En la oportunidad, unos y otros intentaron proyectarse como los gestores más eficientes de un mismo modelo de política social. La concepción de Estado subsidiario, que sustenta una política de gasto social focalizado, tiene su origen local en una doctrina que nace a mediados de los años setenta tras la búsqueda de un pinochetismo popular, en la ODEPLAN encabezada por Miguel Kast. Aquel empeño de ir en contra de los viejos beneficios de la clase obrera y las capas medias burocráticas, que absorbían efectivamente gran parte del gasto social, levanta el discurso de los “verdaderos pobres” en contra de las clientelas pre 1973. De ahí una importante identidad de los cuadros fundadores de la UDI tras un proyecto de nuevo clientelismo popular. Una doctrina que no se toca en el curso de la transición a la democracia, naturalizándose así el ideario del Estado subsidiario.

Hoy, el discurso tecnocrático y la derecha instalan con fuerza la idea que el motor fundamental para derrotar a la pobreza reside principalmente en el crecimiento económico y, en segundo término, en la adecuada gestión de una política social focalizada. Sobre este último eje, la discusión se centra en el cálculo de la cifra misma de pobreza como criterio de éxito o fracaso de aquella política. Lo mismo pasó con la publicación de los resultados de Casen 2009. Tras conocerse sus cifras, la CEPAL discrepó del indicador calculado por Mideplan, estimando la pobreza casi cuatro puntos debajo de la cifra oficial de aquel entonces, diferencia que implicaba el éxito o fracaso de la política social del gobierno anterior.

[cita]Los instrumentos de medición son una herramienta muy útil. Luego, la decisión de qué se mide y cómo se usan esos resultados, resulta eminentemente política. La pobreza de la discusión no reside en los defectos de la encuesta Casen. Viene, en realidad, de la pobreza de la política, más allá de los gobiernos de turno. De una concepción de la política social que niega derechos de la ciudadanía ante el Estado, segmentando inútilmente entre quienes merecen o no atención.[/cita]

Para tener una idea de los alcances prácticos de aquella discusión, y en general, de las disquisiciones sobre el cálculo la pobreza, téngase en cuenta que la diferencia entre CEPAL y Mideplan (de 2009) bordeó los $8.000 en el valor de la canasta básica (respecto de la cual se mide la pobreza). Entre la población urbana (87% del total), esta diferencia implicaba que alrededor de medio millón de personas se agregasen o restasen de la condición de pobreza. Peor aún, considerando a nivel urbano una canasta básica de $80.000, superior a la oficial en unos $15.000 —$530 diarios, equivalentes a un pasaje de Transantiago en 2009— debería haber ingresado alrededor de 1.150.000 personas más a la cifra de pobreza, empinándose ésta al 23,3% (3.430.000 personas). Al revés, si se asumía una canasta de $50.000, casi un millón de chilenos (987.000) debiera haberse restado de la consideración oficial de pobreza a nivel urbano, llegando tal registro a un 8,8%.

Si un criterio diferenciador —basado en el ingreso— opera con tal margen de variación extrema cuando se altera en forma leve, es porque se aplica, entonces, a una zona de la sociedad que presenta una distribución considerablemente uniforme del ingreso, por lo cual, la situación a uno y otro lado es bastante similar. En la que de hecho existe una alta rotación. El Instituto Libertad y Desarrollo, en base a datos de la Encuesta Panel Casen —cuyo registro se inicia en 1996—, concluyó que hay una alta movilidad entre la condición pobre y no-pobre. Entre 1996 y 2000, 4.828.000 personas pasaron por la pobreza, lo que equivale al 32% de la población.

En definitiva, la línea de pobreza no representa un corte social sustantivo. No distingue un grupo claramente diferenciable ni consistente en el tiempo. Más bien clasifica de uno y otro lado a una población relativamente homogénea. Se trata en realidad de una activa puerta giratoria, cuyos motivos de rotación reciben, en cambio, menor atención. O sea, se cuenta una pobreza estadística, sin analizar cómo se produce y reproduce.

En realidad, la principal desigualdad en Chile no está en la parte baja de la estructura social. Allí, como se demuestra en el sencillo ejercicio comentado arriba, existen condiciones bastante homogéneas. La desigualdad en nuestro país está dada por la extrema concentración de la riqueza en unas pocas manos, y la profunda mercantilización de la vida a que estamos sometidos el resto. Esa es la realidad que la discusión actual elude, y la que está en la base del presente malestar de la sociedad chilena.

Se debate sobre variaciones que no representan cambios sustantivos en la vida de las personas. Y de esto no se puede culpar a los instrumentos metodológicos. Recientemente algunos dirigentes políticos han sugerido modificaciones para mejorarlos. Sin duda son perfectibles, como se ha alegado por décadas (en esto no hay novedad). El punto no es técnico, es político. En una u otra administración, se tecnifica la discusión sobre la pobreza para sustraer de ella su base política. En ese juego, la derecha y el discurso tecnocrático logran naturalizar el actual modelo de política social, dejando a esta pobre forma de concebir la solidaridad como la única posible. El sentido de medir la pobreza, bajo este modelo, es distinguir entre quienes merecen la solidaridad de las políticas públicas (los pobres, focalizados, población vulnerable, en “riesgo”, etc.) y quienes pueden con sus propios recursos procurarse los bienes básicos (salud, educación, previsión, etc.). La ironía está en que la discusión tecnocrática sobre la segmentación a uno u otro lado del corte de la pobreza es bastante espuria. Intenta dividir —cual mapa de líneas rectas— entre una población muy similar. La desigualdad y sus causas no reciben atención. Y ese no es un problema técnico.

Los instrumentos de medición son una herramienta muy útil. Luego, la decisión de qué se mide y cómo se usan esos resultados, resulta eminentemente política. La pobreza de la discusión no reside en los defectos de la encuesta Casen. Viene, en realidad, de la pobreza de la política, más allá de los gobiernos de turno. De una concepción de la política social que niega derechos de la ciudadanía ante el Estado, segmentando inútilmente entre quienes merecen o no atención.