Opinión
Lo peligroso del informe es que pretende o busca situar a las universidades del CRUCh al mismo (mal) nivel y (deficiente) calidad de aquellas universidades privadas que lucran con la educación y han convertido a ésta en un negocio para el enriquecimiento de sus dueños o socios.
En medio del conflicto, las demandas y nuevas movilizaciones estudiantiles, el Gobierno a través del Ministerio de Educación y en su política comunicacional por “transparentar” (regular) las actividades económicas (lucro) en las Universidades, dio cuenta de un informe en el cual señala el estrecho vínculo que existe entre las casas de Estudios y las empresas (80% del mundo privado y 100% tradicionales). Dicho informe, dado a conocer por el propio ministro Harald Beyer, contiene algunas anomalías (por decir lo menos) que, en el actual contexto, vienen a constituir un nuevo ataque, específicamente a las Universidades del Consejo de Rectores y concretamente a la educación pública del país. Lo peligroso del informe es que pretende o busca situar a las universidades del CRUCh al mismo (mal) nivel y (deficiente) calidad de aquellas universidades privadas que lucran con la educación y han convertido a ésta en un negocio para el enriquecimiento de sus dueños o socios.
Este tipo de información se sustenta en un determinado discurso y objetivo, particularmente desde el inicio del movimiento estudiantil (2011), en el sentido de ofender el quehacer que se desarrolla en las Universidades Tradicionales y deslegitimar la educación pública, por lo cual se entiende el porqué de presentar ante los actores de la educación y la ciudadanía en general que el lucro en la educación no es solamente un hecho o “patrimonio” circunscrito a las universidades privadas, sino que también compete y se relaciona directamente con las universidades pertenecientes al Consejos de Rectores.
[cita]El ministro opta por presentar y enumerar un listado de 52 entidades, sin siquiera explicitar su contenido. Más aun, el citado informe ni siquiera caracteriza o detalla el contenido de aquellas entidades, como una forma de aclarar el sentido del mismo.[/cita]
Uno de los casos mencionados en el informe corresponde a la Universidad de Concepción, que de acuerdo a esta segunda entrega de los “Estados financieros de las Universidades” tendría 52 empresas relacionadas (página 45), figurando con la mayor cantidad entre todas las Universidades. A simple vista y sin mayor argumentación o explicación (por parte del Ministro de Educación) queda la sensación e impresión que la Universidad de Concepción constituye por así llamarlo un verdadero Holding o Retail (de la educación) centrado en la ganancia, con lo cual siembra un manto de dudas sobre el sinnúmero de actividades y aportes que históricamente ha desarrollado nuestra Universidad, proyectando la imagen de una casa de estudios que lucra con la educación, no midiendo con aquello las consecuencias y el daño que esto acarrea a toda la comunidad académica.
El punto está en que, sin desconocer aquel número de entidades relacionadas con la Universidad de Concepción, el señor ministro no contextualiza o especifica la categoría y características de aquellas entidades. Al respecto, habría que decir, por ejemplo, que dentro de las 52 entidades con las cuales figura la Universidad, se encuentran —por citar tres casos— la Corporación Cultural Corcudec, que administra la Orquesta y el Teatro, el Centro de Desarrollo Integral del Niño, que es la Sala Cuna y Jardín Infantil Cedin (que atiende a los hijos de trabajadores universitarios) o bien la Sociedad Educacional UDEC S.A., que corresponde al Centro de Formación Técnica de la Universidad en Lota-Arauco. Sin embargo, el ministro opta por presentar y enumerar un listado de 52 entidades, sin siquiera explicitar su contenido. Más aun, el citado informe ni siquiera caracteriza o detalla el contenido de aquellas entidades, como una forma de aclarar el sentido del mismo.
Tal como lo manifestó el rector Sergio Lavanchy en nota a la comunidad universitaria, con fecha 22 de agosto, “lamentablemente este listado tiene errores notorios, como la repetición de varias de ellas y denota, en general, una gran falta de prolijidad, inaceptable en un documento como éste”. Es más, agregó el Rector, este tipo de informaciones centra el foco de atención preferentemente en aspectos cuantitativos, omitiendo ante la opinión pública aspectos y variables relevantes que permitan de una u otra manera “interpretar correctamente lo que se muestra”, con lo cual se desvía el centro de atención o lo sustancial del problema, como es exponer ante la ciudadanía aquellas “empresas relacionadas o “sociedades espejo” a través de las cuales los controladores de algunas instituciones obtienen recursos para su enriquecimiento personal, contraviniendo la ley”.
En síntesis, un lamentable mal entendido, una desprolijidad en el manejo de la información o derechamente una nueva manifestación en orden a querer presentar los hechos, acontecimientos —o en este caso datos y cifras como una generalidad— y práctica habitual, destinada a demostrar que todos lucrarían con la educación. En todo caso, este desafortunado (por llamarlo así) nuevo acontecimiento parece ya constituirse en una práctica política habitual de la actual administración, aquella de construir o instalar ante la opinión pública determinadas verdades a través de un despliegue y manejo comunicacional o determinadas construcciones discursivas. Los ejemplos son varios: las cifras de la reconstrucción, los datos de la encuesta Casen, el fin de la lista Auge y ahora este caso.
Como señala Teun van Dijk, cuando analiza el discurso y el tema del poder y específicamente el tema del abuso del poder discursivo (es decir, aquel que se relaciona con el control de las mentes de las personas), se manipula o mal informa de acuerdo a los intereses de los grupos de poder, de aquellos que tienen un “acceso preferencial al discurso público” y, por lo tanto, dichos sectores o elites controlan —entre otros— los discursos políticos, mediáticos, legales y burocráticos. De lo anterior, se desprenden el poder de controlar el discurso y poder del discurso en sí mismo, para controlar las mentes de las personas e, indirectamente, controlar sus acciones. En otras palabras, se trata de manipular, desviar la atención o trasladar los conflictos, problemas o responsabilidades (propias) a otros ámbitos, espacios y actores.
Por ello, como indica la citada declaración pública de la Rectoría de la Universidad, “llamamos a los universitarios y a la comunidad en general a no dejarse confundir y no desviar la atención de este objetivo. La Universidad de Concepción tiene, por su estructura corporativa, numerosas organizaciones y empresas con las cuales se relaciona, y que le permiten obtener recursos o desarrollar actividades de interés social, científico o cultural, pero ninguna de estas sirve al propósito de obtener lucro personal de la actividad educativa”.
En vista de lo anterior, lo mínimo que se puede pedir al Gobierno y al señor ministro de Educación es una rectificación o sus disculpas ante esta falta de prolijidad, especialmente por el daño que se provoca a toda la comunidad universitaria de una de las tres principales universidades completas y complejas de nuestro país.
