El tiempo de duración de los fiscales superiores ya se había disminuido, de diez a ocho años, tras el caso Lavandero. Pero ahora se quiere reducir a cuatro, precisamente buscando la unidad de acción con el Gobierno. Para quienes fuimos parte de esta obra institucional, con sus logros, reconocidos internacionalmente, y sus problemas, que sin duda tiene, cualquier cambio no debe pasar por sobre la autonomía, que fue un acierto del legislador, que evitó así institucionalizar el uso político de las Fiscalías.
Cuando se creó el Ministerio Público, mediante la reforma constitucional de 1997 y la Ley Orgánica Constitucional de 1999, se dio un paso clave para instalar el nuevo sistema de justicia penal, que garantizaba la autonomía del ente encargado de investigar los delitos y ejercer la persecución penal pública.
Cuando el sistema ya tiene más de una década de implementación y siete de vigencia en la Región Metropolitana, la última en la que se puso en marcha, surge nuevamente la discusión acerca de la forma en que se debe relacionar el Ministerio Público (Fiscalía) con el poder político.
Se ha anunciado un proyecto de ley que busca hacer coincidir la nominación del fiscal nacional y los fiscales regionales con la elección del Presidente de la República. Se buscaría, de esa forma una mayor coordinación entre la autoridad del Gobierno y la del Ministerio Público.
[cita]El tiempo de duración de los fiscales superiores ya se había disminuido, de diez a ocho años, tras el caso Lavandero. Pero ahora se quiere reducir a cuatro, precisamente buscando la unidad de acción con el Gobierno. Para quienes fuimos parte de esta obra institucional, con sus logros, reconocidos internacionalmente, y sus problemas, que sin duda tiene, cualquier cambio no debe pasar por sobre la autonomía, que fue un acierto del legislador, que evitó así institucionalizar el uso político de las Fiscalías.[/cita]
Lo cierto es que la Fiscalía desde su fundación ha debido enfrentar dificultades en su relación con los poderes del Estado. Pero eso no es grave, si consideramos que se trata de una institución nueva que reemplazó a los jueces en la investigación de los delitos y que debe actuar de cara a la ciudadanía, debido a la transparencia que tiene el nuevo sistema.
El primer fiscal nacional, Guillermo Piedrabuena, en su libro Memorias del Primer Fiscal Nacional, de editorial Thomsom Reuters, se hizo cargo de ese tema y relata los problemas que tuvo con el entonces ministro de Justicia, José Antonio Gómez, algunas tensas sesiones en el Congreso y las dificultades del llamado “Caso Lavandero”.
Luego de Piedrabuena, el fiscal nacional, designado por la Presidenta Michelle Bachelet, con acuerdo del Senado, fue Sabas Chahuán. Su ejercicio tampoco ha estado exento de problemas de relación con la política. Conocidos son los episodios del llamado “Caso Bombas”, que aún tiene esquirlas causando daño en la Fiscalía por la actuación de Alejandro Peña, ex fiscal y actual funcionario del Ministerio del Interior.
En el fondo de la discusión está la autonomía del Ministerio Público. A veces se disfraza el tema con otras consideraciones, pero lo real es que es la autonomía de esta creación institucional la que le cuesta asumir al poder político. Eso se hace más patente, cuando el Ejecutivo quisiera algunos énfasis en la persecución penal para mostrar resultados prometidos en campaña.
El tiempo de duración de los fiscales superiores ya se había disminuido, de diez a ocho años, tras el caso Lavandero. Pero ahora se quiere reducir a cuatro, precisamente buscando la unidad de acción con el Gobierno.
Para quienes fuimos parte de esta obra institucional, con sus logros, reconocidos internacionalmente, y sus problemas, que sin duda tiene, cualquier cambio no debe pasar por sobre la autonomía, que fue un acierto del legislador, que evitó así institucionalizar el uso político de las Fiscalías.
