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Para grandes cambios, grandes soluciones

por 11 septiembre, 2012

Podríamos liberar millonarios recursos que se gastan en profesionales de alto nivel que diseñan, ejecutan y evalúan complejísimos modelos para focalizar correctamente ciertos beneficios, para ponerlos en función de la ejecución de servicios que pasarían a ser derechos garantizados.
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Las sociedades —como todo— cambian continuamente. Y como todo, hay etapas en que permanecen más bien estáticas, y otras en que los cambios son vertiginosos. Apostaría porque estamos en una de esas etapas en que nuestra sociedad está en un proceso de cambios profundos. El desarrollo del movimiento social de los últimos años es sólo una manifestación de este proceso.

Pienso que gran parte de la clase política (salvo honrosas excepciones) no ha hecho la lectura correcta del proceso de cambio que está experimentando la sociedad chilena. Apoyo esta afirmación en la evidente falta de sintonía y puntos de encuentro entre los planteamientos del mundo social por un lado, y el cóctel de políticas que ofrece la clase política queriendo (supuestamente) interpretar las demandas ciudadanas, por otro.

Mencionaré tres ejemplos ilustrativos de esta falta de sintonía. Mientras el movimiento social levanta propuestas que apuntan hacia el fortalecimiento de la educación pública como un medio para generar ciudadanos comprometidos con el desarrollo del país, avanzar hacia una sociedad más inclusiva, y para establecer un pacto social en que se garanticen derechos básicos que no dependan de la capacidad de pago de los individuos; el gobierno responde con políticas como la creación de liceos de excelencia o con incentivos tributarios al gasto de la familias en educación. Mientras el movimiento social plantea la necesidad de una Reforma Tributaria (con mayúscula) que genere las condiciones para que quienes gozan de mayores privilegios económicos hagan un mayor aporte al desarrollo del país, el gobierno responde con rebajas en impuestos a las personas, algunas medidas anti-elusión, y con el ya citado beneficio tributario al gasto en educación. Mientras el movimiento social exige un salario mínimo digno para una persona que trabaja 45 horas a la semana y aún así es pobre, el gobierno responde con una oferta de reajuste de $293 diarios.

Podríamos liberar millonarios recursos que se gastan en profesionales de alto nivel que diseñan, ejecutan y evalúan complejísimos modelos para focalizar correctamente ciertos beneficios, para ponerlos en función de la ejecución de servicios que pasarían a ser derechos garantizados.

Probablemente es por eso que las marchas, paros, tomas u otras manifestaciones de descontento social continúan. Mientras por un lado se exigen grandes transformaciones a estructuras obsoletas y poco representativas, como respuesta se ofrecen soluciones pequeñas —o incluso— muchas veces en la dirección contraria a lo que la ciudadanía demanda.

Para que soluciones grandes puedan tener su espacio, se hace necesario cuestionar y modificar algunos paradigmas y dogmas instalados en el inconsciente colectivo. Yo propongo el cambio de uno de ellos, que a mi criterio, limita el surgimiento de nuevas propuestas de estructuras de organización social.

Para simplificar el planteamiento, partamos entendiendo el esquema de funcionamiento de ingresos y gastos fiscales como un proceso en que el Estado recauda ingreso desde los ciudadanos mediante el cobro de tributos, para luego gastarlos de acuerdo a los criterios que establece el Poder Ejecutivo. Siguiendo con el ejercicio de simplificación, se podría plantear que el dogma que rige este movimiento de ingresos y gastos es el siguiente: se recauda bajo criterios técnicos (cuyo objetivo es no distorsionar mercados) y se gasta bajo criterios políticos (que propone el Presidente).

Este dogma, ha generado en la práctica que quienes menos tienen aporten proporcionalmente más de sus ingresos al presupuesto que quienes más tienen, justificándose esto bajo el pretexto de que el gasto se focalizará justamente en los primeros. En palabras más simples, todos aportamos proporcionalmente de manera equivalente, y el Estado gasta de manera focalizada en los más pobres.

Sugiero cuestionar este dogma y dar vuelta este principio. Propongo diseñar un nuevo esquema de ingreso/gasto bajo el criterio de que sean los que tienen más los que hagan un aporte sustantivamente mayor, y que gastemos los recursos del Estado garantizando derechos básicos para todos. Sin entrar en la discusión técnica, sugiero un replanteamiento de principios que nos haga transitar desde un modelo de subsidios a los más pobres financiados por todos, hacia un modelo de derechos garantizados financiados principalmente por quienes gozan de una posición social aventajada.

Dos razones sustentan esta propuesta. La primera, es que una parte importante de la ciudadanía —no representada en el sistema político— exige esta transición, la cual podríamos decir que está en el corazón de sus demandas. La segunda, nace de la evidencia constatada de que Chile es un país bastante equitativo y con alta movilidad social si consideramos al 80% (o incluso hasta el 90%) de la población; por tanto, la estrategia de focalizar beneficios del Estado en el contexto de una población que en su mayoría tiene una situación económica relativamente similar, no se justifica. Lo que sí hace sentido es que quienes más tienen (que en Chile tienen mucho), más aporten: focalicemos entonces hacia arriba para definir quienes aportan, y no hacia abajo para definir quienes reciben.

Esta estrategia se adapta mejor a la realidad de cómo están distribuidos los ingresos en Chile, y es más coherente con el ideal de construcción de una sociedad más justa e integrada.

De acuerdo a esto, ¿Qué implicancias tendría este cambio de paradigma? Muchas. Por ejemplo, por el lado del gasto, podríamos diseñar un marco de provisión de educación superior pública gratuita, garantizada como un derecho para todos, orientada a la construcción de una sociedad más equitativa, cohesionada y cooperativa; política que bajo el contexto actual el discurso oficial nos la muestra como “beneficiosa para los ricos”. O también, podríamos ampliar el derecho a sala cuna a todas las familias, no solo a las que cumplan con estar bajo cierto umbral de puntaje en el índice de vulnerabilidad. Por el lado de los ingresos fiscales, las opciones para que los (más) ricos aporten más son diversas: implementar un impuesto progresivo a las empresas (que hoy es un crédito al impuesto a las personas), eliminar el FUT o aumentar el gravamen a la extracción de recursos naturales, son algunas propuestas con cierto apoyo en esta dirección. Adicionalmente, podríamos liberar millonarios recursos que se gastan en profesionales de alto nivel que diseñan, ejecutan y evalúan complejísimos modelos para focalizar correctamente ciertos beneficios, para ponerlos en función de la ejecución de servicios que pasarían a ser derechos garantizados.

¿Le suena descabellado? Atrévase a romper los límites que por décadas el discurso oficial ha construido en su mente. Muchos que hoy marchan por las calles ya se atrevieron.

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