Chile es el país más competitivo entre sus pares latinoamericanos, de acuerdo al Índice Global de Competitividad 2012, preparado por el Foro Económico Mundial. Pero la “buena noticia” es aparente, porque omite la caída de 11 puntos que el país experimenta desde el año 2004. Es decir, se trata de un retroceso en competitividad, importante y consistente con el estancamiento en la productividad del último decenio, que afecta el crecimiento de largo plazo. Ser líder en América Latina es positivo, pero, las comparaciones siempre tienen dos caras, si tomamos en cuenta que la región es una de las más rezagadas en desarrollo económico en el mundo, y con una brecha respecto al ingreso per cápita de los países ricos, que poco se ha reducido durante los últimos 40 años.
Por otra parte, preocupa que los aspectos donde el país muestra su peor desempeño, de acuerdo a la misma medición, son el sistema educativo y la capacidad de innovación. En ello no solo incide la educación primaria y media, sino que también la superior, cuya crisis ya lleva un tiempo diagnosticada. En el año 2009, un informe de la OECD y el Banco Mundial reconoció los logros chilenos del último decenio en materia de cobertura. Pero, al mismo tiempo se plantearon serias insuficiencias, como el acceso desigual: los estudiantes ricos acceden a las mejores universidades y los pobres a instituciones de pésima calidad; un porcentaje muy bajo de estos mismos estudiantes de bajos ingresos terminan la carrera, es decir, la tasa de deserción es muy alta; currículos rígidos que poco tienen que ver con lo requerido por la actividad económica; injustificada duración de los programas; deficiencias persistentes en la rendición de cuentas y falta de financiamiento en investigación, entre otras.
[cita]La educación superior en Chile está lejos de cumplir esta misión. Y lo más grave, su norte tampoco apunta a contribuir al desarrollo del país. Sus prioridades son generar mayores ingresos, lo que es coherente con el modelo de autofinanciamiento, el que ha dado espacio al lucro por sobre el cultivo genuino de ambientes académicos que aporten al desarrollo social y productivo del país. Como consecuencia, la captación de matrículas de pregrado se ha transformado en un feroz campo de batalla, puesto que representa la principal fuente de ingresos, donde los estudiantes son “potenciales clientes o consumidores”.[/cita]
Bajo el paradigma de la economía del conocimiento, las instituciones de educación superior juegan un papel fundamental en el desarrollo nacional y regional, porque su labor va mucho más allá de investigar y educar. Corresponde a estas instituciones una mayor interacción con su entorno, generando oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida profesional de las personas, transfiriendo conocimiento tácito fuera de las aulas, generando conocimiento científico en regiones y con el resto del mundo.
Este aporte es clave para generar las capacidades que permiten a los países alcanzar estructuras productivas y exportadoras cada vez más complejas, sustentadas en el desarrollo tecnológico y en la incorporación de nuevos conocimientos. Así lo vienen haciendo países ricos en recursos naturales, como Canadá, Finlandia, Suecia, Irlanda, que lograron diversificar su estructura productiva, agregando valor sobre los recursos naturales y creando nuevos sectores productivos reduciendo con ello la vulnerabilidad a la demanda externa .
La educación superior en Chile está lejos de cumplir esta misión. Y lo más grave, su norte tampoco apunta a contribuir al desarrollo del país.
Sus prioridades son generar mayores ingresos, lo que es coherente con el modelo de autofinanciamiento, el que ha dado espacio al lucro por sobre el cultivo genuino de ambientes académicos que aporten al desarrollo social y productivo del país. Como consecuencia, la captación de matrículas de pregrado se ha transformado en un feroz campo de batalla, puesto que representa la principal fuente de ingresos, donde los estudiantes son “potenciales clientes o consumidores”.
Para que la educación superior responda a los requerimientos del país precisa de una reforma sistémica. Es urgente revisar el modelo de financiamiento. El aporte del sector público a la educación superior en Chile es de un 16 % vs el 67 % de los países de la OECD. Pero eso no es lo único. Además es indispensable enfrentar el conflicto entre universidades públicas desfinanciadas y universidades privadas con fines de lucro; abordar la pérdida de competitividad del modelo de gobierno de las instituciones tradicionales; hacer frente a los incentivos perversos del sistema, que inhiben la investigación y la extensión universitaria sin carácter publicitario. Se necesita encarar la excesiva oferta y la mala calidad de la enseñanza; mallas curriculares desvinculadas con el dinámico entorno global; la deserción de alumnos; la débil regulación y el frágil vínculo entre universidad y empresa.
Estamos hablando de una reforma institucional que solo puede ser abordada con la participación de todos los actores involucrados: gobierno, academia, estudiantes y empresa. Se trata de avanzar en conjunto hacia un sistema de educación superior de clase mundial, inclusivo, con un férreo compromiso con todos los estudiantes, con la sociedad y con la empresa, impulsor del desarrollo, convirtiéndose en el puente a la sociedad del conocimiento del futuro.
