Un “establishment” de espaldas al país

Chile tiene un problema más de fondo que “la paradoja” entre crecimiento e inestabilidad política, o los errores de conducción del actual gobierno. Y las soluciones no son simples.

Es el agotamiento de una estrategia política formulada desde el comienzo de la democratización, que enfatizó que el crecimiento produciría apoyos a la democracia, a los partidos y al gobierno. Superado un cierto nivel de ingreso per cápita, el país entraría en una dinámica que lo llevaría al desarrollo. En una palabra, Chile llegaría a la tierra prometida empujada por la economía. Después de U$ 15.000 per cápita, Chile estaría en las puertas del cielo. La satisfacción de las necesidades materiales por la labor del gobierno traería integración política y paz social. La política fue subordinada a la economía.

Los buenos resultados económicos objetivos —crecimiento, baja inflación, caída del desempleo, etc.— no produjeron las ventajas políticas esperadas. Arabia Saudita había mostrado hace años que los miles de dólares per cápita no dicen mucho. En las elecciones parlamentarias de 1997, cuando la economía crecía a un 7 % promedio anual, la Concertación perdió más de medio millón de votos.

Los datos de encuesta mostraban un amplio malestar hacia el crecimiento, especialmente porque beneficiaba a una minoría, los ricos, 85 % lo declaró en la encuesta de Diciembre 1997, mientras sólo 22 % reconocía que beneficiaba a todos los chilenos. Ese perfil de opiniones se repite en la encuesta CERC de Septiembre 2012: 81 % y 26 % respectivamente.

La continuidad de “las escandalosas desigualdades” impide que el crecimiento ayude a producir bienes políticos. Aquello no es un dato menor, porque afecta decisiones muy profundas: 75 % de los chilenos opta por la igualdad frente a la libertad, no porque quieran regresar al autoritarismo, sino porque las desigualdades son “escandalosas”.

Junto a las desigualdades, hay una concentración de la riqueza que es fuente de problemas políticos, con la puerta giratoria entre el gobierno y las empresas, sin financiamiento a los partidos y donaciones secretas de las empresas a candidatos, creando una dependencia de éstos hacia el poder económico.

Esa visión economista de la democracia fue junto a un discurso que privilegió una visión “técnica” de la economía, que respondería a leyes ajenas a la política. Se vio al votante más como un consumidor que como un ciudadano, que se convence por el marketing, sin lealtades políticas. Los candidatos se entusiasmaron con campañas altamente personalizadas, convirtiendo las elecciones en competencias de egos y no de esfuerzos colectivos representados por partidos.

Se desconoció el rol fundamental de los partidos en democracia: ser un puente de integración entre el ciudadano y el Estado.

Se debilitó la competencia electoral a través del sistema binominal, que dividió al país en dos bloques y excluyó a las minorías, dañando, además, la representación. Hubo un cuoteo en las designaciones que hace el presidente con acuerdo del senado, divididas entre personeros de ambos bloques, desde el consejo del Banco Central, de TVN y el Consejo Nacional de TV, hasta el Tribunal Constitucional.

Como si no bastaran decisiones que ignoraban la importancia de la política, el 2009 se introdujo el voto voluntario, sin oír la voz de los expertos que advirtieron que es un grave error cuando hay crisis de representación. Baja competencia, práctica de consenso, cuoteo en puestos directivos, partidos debilitados y voto voluntario y otros son antecedentes que se acercan más a la situación de Venezuela, que de un país con democracia de calidad.

El gobierno de Sebastián Piñera, en vez de impulsar el cambio que prometió, continuó las políticas que venían desde antes, pareciendo más como el quinto gobierno de la Concertación, que el primero de la centroderecha.

Debilitados los partidos —una minoría 47 % nombra un partido en una pregunta sobre elecciones parlamentarias— y en un contexto de baja confianza en las instituciones, el malestar latente que se había desarrollado en el país se hizo manifiesto el 2011, con las protestas convocadas por los estudiantes, que pusieron el dedo en la llaga sobre profundas debilidades del sistema económico y político. Los problemas de la educación no se resuelven con ingeniería financiera a través de perdonazos o créditos ventajosos.

Sin apoyo en la población, el primer gobierno de centroderecha en medio siglo parece destinado a ser uno de transición entre dos administraciones de Michelle Bachelet, cuya popularidad se beneficia de los factores estructurales que hemos definido. El escenario electoral que se inicia después de las elecciones municipales estará dominado por la demanda por un cambio, que apunta hacia el restablecimiento de la política y la igualdad, y dejar en un segundo plano la mirada economista y conservadora que se ha desarrollado.

Es un cambio difícil de realizar porque la élite que definió la estrategia que está agotada hace años, sigue dominando en los partidos y en los centros de estudio, defendiendo la continuidad, con miedo al cambio y dando argumentos del pasado para seguir el mismo camino hacia el futuro.

Este establishment se empecina en impulsar políticas definidas hace dos décadas y sigue de espaldas a la realidad. Esa distancia se aprecia viendo otros resultados del Barómetro de la Política del CERC de Septiembre 2012. No aprende de nuestra historia, que mostró cuánto le costó al país haberle vuelto la espalda a los problemas del campo y la agricultura durante décadas.

En una palabra, los problemas del país se encuentran no solo en sus partidos, sino también en su economía, en la cual predominan ideas y actores de centroderecha, en un país con predominio de ideas de centro e izquierda.