martes, 19 de octubre de 2021 Actualizado a las 11:51

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Educación: la fragmentación del modelo y los escándalos

Aun cuando el modelo económico y educacional se mantiene prácticamente inalterable en sus fundamentos esenciales y las autoridades gubernamentales lo defienden a ultranza, es cada vez más evidente que se han generado fisuras que pueden ser precursoras de cambios más estructurales en el mediano plazo.
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El vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores, José Manuel Zolezzi, al analizar el proyecto de ley de Presupuesto 2013 para el sector, indicó que éste “refuerza el carácter privatizador de la educación superior y no da respuesta al conflicto estudiantil”.

El rector de la USACh insistió en la necesidad de incrementar los aportes basales a las universidades tradicionales que realizan más del 90 % de la investigación científica y tecnológica en el país. Argumentó, además, que se necesita un plan especial de salvataje de las universidades tradicionales sustentado en un mismo desafío: el fortalecimiento a la educación pública. Ello, dado que una cantidad significativa de recursos fiscales ha ido fundamentalmente fluyendo hacia la demanda y no a la oferta. Se requiere que las universidades públicas aumenten la matrícula. Pero también es indispensable que se incrementen los recursos basales de modo que las universidades públicas puedan cumplir con el rol social que les asigna la sociedad y que las distingue de las universidades privadas.

Los estudiantes, a su turno, indicaron que el presupuesto del año 2013 no da respuesta a las demandas elementales del movimiento estudiantil e insistieron que no se lograría revertir la crisis que enfrenta la educación pública del país. A su juicio lo propuesto por el Presidente Piñera no hace otra cosa que afianzar la privatización del sistema, en el entendido que la educación continua siendo concebida como un bien de consumo y como un negocio.

En opinión de los estudiantes, el gobierno se niega a introducir los cambios estructurales que demanda el sistema para ofrecer una educación pública gratuita y de calidad.

El Caso de la Universidad del Mar

La Universidad del Mar fue fundada en 1988 por el capitán de marina Héctor Zúñiga y el ingeniero comercial Raúl Baeza con un capital inicial de $ 2.000.000. Acto seguido se incorporaron a la dirección superior, Mauricio Villaseñor, Sergio Vera, Carlos Galdámez y Luis Molina para a crear la Corporación Educacional sin fines de lucro Universidad del Mar. A poco andar fundaron la primera sociedad vinculada con fines de lucro (Inmobiliaria del Mar S.A), a la que más tarde se les sumaron varias otras como la Sociedad Centro de Estudios de Negocios y Comercio Exterior Ltda., la Sociedad Inmobiliaria Vera Ltda., el Centro de Creatividad y Desarrollo Integral Ltda. y Educación a Distancia Ltda., entre otras, llegando a tener 85 sociedades vinculadas por las cuales sus controladores retiran utilidades en lugar de reinvertirlos en el proyecto educativo que es lo que mandata la ley vigente.

Aun cuando el modelo económico y educacional se mantiene prácticamente inalterable en sus fundamentos esenciales y las autoridades gubernamentales lo defienden a ultranza, es cada vez más evidente que se han generado fisuras que pueden ser precursoras de cambios más estructurales en el mediano plazo.

En 2002 la Universidad del Mar obtuvo su autonomía plena lo que le permitió crear nuevas sedes y carreras sin la supervisión del Consejo Superior de Educación, pasando de 3.900 alumnos a casi 9.000 estudiantes al año siguiente, y a más de 20.000 un quinquenio después, abriendo 18 sedes en varias ciudades del país, las cuales quedaron bajo la tutela de algunos de sus controladores.

Prácticamente, ninguna de sus sedes son propias, sino que están arrendadas a las sociedades inmobiliarias de sus sostenedores, al igual que casi todo su mobiliario y equipamiento. Por otra parte, la Universidad tiene deudas cuantiosas con sus empleados y con entidades bancarias. Esa situación motivó la renuncia de uno de sus rectores (Urrutia) debido a que la universidad habría privilegiado el pago de los arriendos adeudados a uno de los controladores de una sede, en lugar de cancelar las remuneraciones de los académicos y funcionarios.

A pesar de los hechos, situaciones y artimañas empleadas por los controladores de distintas universidades privadas y que dejan en evidencia que se está lucrando, no es fácil probarlo legalmente ya que, por ejemplo, no hay ninguna exigencia de patrimonio propio para las universidades y es complejo determinar si los arriendos y la tercerización de servicios tienen sobreprecio.

Con cuatro investigaciones en su contra, el 29 de octubre del 2012 el Ministerio de Educación solicitó al Consejo Nacional de Educación el cierre de la Universidad del Mar y la revocación de su personalidad jurídica, lo cual por una parte deja incólume a las sociedades vinculadas y, por otra, implicará resolver el problema de los miles de estudiantes que con un enorme sacrificio personal y de sus familias confiaban en obtener un título profesional en una entidad acreditada.

Aseguramiento de la calidad

Existen varios aspectos y situaciones donde se han observado cambios significativos en el ámbito del aseguramiento de la calidad y la acreditación.

En primer lugar, cabe mencionar la situación del anterior presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y representante de las instituciones privadas en la CNA (Eugenio Díaz), quien fue denunciado por la Contraloría General de la República por celebrar un contrato de prestación de servicios (asesoría) con la Universidad del Mar, donde se estipulaba que se le pagaría un monto de 60 millones de pesos por la acreditación institucional y bonos de compensación en función de los años de acreditación otorgados a la universidad. Dada la gravedad de la acusación su caso fue llevado a la justicia ordinaria y le fue solicitada la renuncia a su cargo de consejero y de presidente (subrogante) de la Comisión Nacional de Acreditación.

Si bien se trata de un caso aislado, sin duda deteriora la confianza de la ciudadanía en el sistema de aseguramiento de calidad y abre sospechas sobre posibles complicidades y situaciones reiterativas. Como consecuencia de ello y otras situaciones, el sistema de aseguramiento de la calidad se ha ido deslegitimando ante la sociedad por lo que se torna urgente introducir cambios al sistema que permitan reposicionar el sistema y devolver la confianza a todos los actores involucrados. Uno de ellos podía ser el nombramiento de los consejeros de la CNA a través del Servicio de Alta Dirección Pública.

Atendiendo que se había detectado ciertas incompatibilidades en los funcionarios y pares evaluadores, desde el Mineduc se enviaron a las agencias acreditadoras y a todos lo organismos pertinentes un conjunto de directrices para evitar conflictos de interés.

La propia Comisión Nacional de Acreditación estableció un conjunto de normas y principios para sus consejeros de manera de evitar episodios como el ya descrito (CNA, 2012).

Adicionalmente, la CNA comenzó a solicitar para la acreditación institucional un proceso de evaluación financiera detallada realizada por una aseguradora de riesgo independiente.

Llama la atención la no acreditación por parte de la CNA de dos entidades privadas pertenecientes a controladores internacionales que no fueron acreditados en primera instancia. En primer lugar, está el caso de la Universidad de las Artes y Ciencias de la Comunicación (UNIACC) del Grupo Apollo y la Universidad Internacional SEK de propiedad de un consorcio español. Si bien ambas universidades apelaron  el dictamen de la CNA ante el CNED, solo la Universidad Internacional SEK logró reacreditarse lo que nuevamente puso en entredicho al sistema por cuanto se percibe que la CNA y el CNED actúan con distintos parámetros para evaluar aun cuando disponen de la misma documentación y antecedentes. Este tipo de incongruencias, obviamente, no contribuye a consolidar el sistema de aseguramiento de la calidad pues deja en evidencia a lo menos dos situaciones: a) la subjetividad que en ocasiones prima al momento de dictaminar si una institución es acreditable o no; y, b) los conflictos de interés que permean a nuestra institucionalidad.

Otro aspecto que constituye una tarea pendiente para el gobierno y para el afianzamiento del sistema de aseguramiento de la calidad dice relación con el compromiso establecido por el Ministerio de Educación de convocar a una licitación internacional para evaluar el sistema de aseguramiento de la calidad chileno, la cual se inició en fecha reciente.

Un hecho que no pasó desapercibido y que ha traído coletazos varios fue la destitución del secretario ejecutivo de la CNA, Patricio Basso, por parte de la Comisión en pleno. Tras la salida de la CNA, Basso denunció presiones de algunos grupos económicos detrás de universidades privadas y la omisión de al menos dos denuncias de lucro en instituciones de educación superior que el mismo presentó al Mineduc cuando aún era secretario ejecutivo de la CNA. Basso responsabilizó a través de una declaración pública a “la Comisión Nacional de Acreditación, el Gobierno y los intereses privados de algunos grupos dueños de universidades privadas” de haberse “coludido para hacerlo callar”. Sostuvo, que se había verificado que existía lucro en al menos dos planteles, la Uniacc y la Universidad Santo Tomás, a través de préstamos a empresas relacionadas “sin reajustes, intereses ni plazos”.

Según Basso, el 12 de junio de 2012 le envió desde la CNA al ministro Harald Beyer un oficio reservado denunciando esta situación, sin recibir respuesta alguna hasta la fecha. Planteó, asimismo, que el jefe de la División de Educación Superior del Mineduc (Juan José Ugarte), mostró su disconformidad con la minuta financiera porque “ésta no había sido conocida previamente por la institución”.

Las movilizaciones estudiantiles de 2011 y 2012 colocaron diversos temas en la agenda pública, incluyendo el régimen de financiamiento, el lucro, la gratuidad, la equidad y la calidad de la oferta educativa. Sus planteamientos han obligado a las autoridades a revisar algunas normativas y políticas y a ser, consecuentemente, más rigurosos con el cumplimiento de la legislación vigente, en particular en relación con las universidades que están lucrando a costa de familias altamente vulnerables y de clase media.

Aun cuando el modelo económico y educacional se mantiene prácticamente inalterable en sus fundamentos esenciales y las autoridades gubernamentales lo defienden a ultranza, es cada vez más evidente que se han generado fisuras que pueden ser precursoras de cambios más estructurales en el mediano plazo.

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