Es el momento de corregir esa situación e intentar recuperar el tiempo perdido, dotando a la firma electrónica de todas las herramientas que permitan masificarla, con el objetivo de transformar a Chile en un verdadero polo de desarrollo e inversión.
Hace unos meses, el gobierno envió al Congreso el proyecto que modifica la Ley N° 19.799 sobre documento y firma electrónica, el que tiene por objetivo remover las trabas que han impedido el mejor desarrollo de la firma electrónica y dotarla de los mecanismos necesarios para incentivar su uso en la población.
A través de este proyecto, el gobierno espera promover la digitalización documentaria en Chile y permitirá autorizar firmas de documentos privados sin intervención de un notario. Pero, pese a sus beneficios inmediatos, como ahorro de papel, tiempo, disponibilidad inmediata todos los días del año, y menores costos administrativos, la firma electrónica aún no da el salto definitivo hacia la masificación en Chile.
Esto se podría deber a la falta de conocimiento de los múltiples beneficios que ella trae aparejados, entre los que destacan el poder saber con certeza quién firmó, cuándo lo hizo y si el documento fue modificado; cuenta con una muy baja probabilidad de que el documento o la firma se altere o falsifique; incorpora menores costos directos e indirectos (notaría, papel, almacenamiento, burocracia, traslados, tiempo); mejora y asegura la gestión documental; y no requiere una interacción presencial, ya que puede operar a distancia; entre otros aspectos.
Pero sin lugar a dudas, la modificación que generará mayor impacto en el ecosistema socioeconómico del país es que los documentos electrónicos con firma electrónica avanzada y sellado de tiempo tendrán el mismo valor legal que aquellos en papel autorizados ante un notario, lo que se traduciría en un ahorro cercano a US$ 400 millones anuales.
En ese sentido, podemos decir que la Ley 19.799 ha cambiado el escenario tradicional de las actividades comerciales, situando a Chile en una posición de vanguardia tecnológica entre sus pares de la región. Este nuevo entorno sin duda traerá innumerables beneficios para las empresas desde el punto de vista económico, con importantes ahorros en costos y un mayor nivel de competitividad. Pero también involucra nuevos desafíos legales y tecnológicos, tanto en los procesos de negocios como en la cultura del país.
Por ejemplo, al permitir que una persona pueda firmar un contrato de compraventa de vehículos o un poder desde el computador de su oficina o un teléfono inteligente mientras se dirige a una reunión, permitirá mejorar la productividad de los trabajadores, optimizando sus tiempos en pos de la realización de negocios o actividades laborales.
Por otro lado, también podríamos señalar que su escaso desarrollo se debe a que la ley no siempre permite equiparar el documento electrónico con aquel manuscrito, estándares tecnológicos desactualizados, imprecisiones y vacíos legales, todo lo cual limita su ámbito de aplicación y crea incerteza jurídica, forzando a preservar los documentos en papel, con los costos que ello implica.
Por ese motivo, el proyecto de modificación de la Ley 19.799 incluye dentro de los cambios el reconocer y regular el sellado de tiempo electrónico, perfeccionar el uso de esta firma por los órganos del Estado, admitir expresamente la presentación del documento electrónico en toda clase de procedimientos y en cualquier etapa, consagrar los derechos y obligaciones de los usuarios y reforzar el rol fiscalizador de la Entidad Acreditadora.
Por otro lado, y en línea con las políticas medioambientales, también es importante destacar que la utilización de documentos electrónicos genera una externalidad positiva que está vinculada con la sustentabilidad del planeta al reducir significativamente el uso del papel, permitiendo ahorrar en recursos naturales, disminuyendo la huella de carbono, y reduciendo el gasto de energía en procesos eficientes.
Esta reforma es un gran paso para potenciar la gestión documental digital y aumentar la eficiencia y productividad de las empresas y el Estado. Lamentablemente en el año 2002, Chile tomaba la delantera reconociendo y normando esta tecnología disruptiva, pero por casi diez años la firma electrónica quedó en el patio trasero, sin apoyo gubernamental, viendo cómo el comercio electrónico aumentaba en cifras de dos dígitos y el país desaprovechaba sus ventajas.
Ahora es el momento de corregir esa situación e intentar recuperar el tiempo perdido, dotando a la firma electrónica de todas las herramientas que permitan masificarla, con el objetivo de transformar a Chile en un verdadero polo de desarrollo e inversión.
