El bien común, en sus más diversas acepciones, busca establecer una relación energética en términos de recursos capitales, culturales, políticos y ambientales, de tipo horizontal, donde unos o unas ciudadanas no caminen con una ventaja competitiva en ningún momento de sus vidas. Esta abstracción es válida entre personas y/o territorios. La constatación general es que existe una clara y manifiesta prevalencia de beneficios para algunos territorios y algunos ciudadanos; esta institucionalización de los beneficios diferenciados —injusticia se le llama para no usar tanto eufemismo— ha terminado por concentrar el poder en todas sus formas, en los territorios que son construidos por los grupos que han controlado la propiedad de la materia prima y el comercio. Y aunque la concentración de capital es un asunto estudiado y combatido, según sea la posición, desde hace más de una centuria, la forma en la que se ha logrado validar democráticamente la explotación e injusticia parece ser el ángulo que debemos devastar urgentemente.
La secuencia democrática ciudadano —voto— delegación de responsabilidad, supone que el pueblo, en su constitución originaria, delega la capacidad de redactar leyes, administrar el Estado y resguardar las instituciones republicanas a unos y unas representantes que ocupan diversos puestos políticos (concejales, alcaldes, diputados, senadores, presidenta) con el objetivo de resguardar el bien común. Esa era al menos la idea.
Desde la consolidación del Estado de Chile, esta entelequia republicana ha encontrado dos grupos en pugna permanente; esta división dialéctica puede verse en el mal llamado conflicto mapuche, en el proceso de emancipación de la corona española en el SXIX, en los procesos obreros y campesinos del SXX, en la horrorosa dictadura que consolidó los groseros privilegios de la clase dominante, sólo por mencionar algunos. La referida pugna es entonces evidente, y de acuerdo a la inteligencia humana que debe haber sido utilizada en los albores de esta humanidad, se propuso y aceptó la figura del Estado para que los y las integrantes de este mundo tuviesen la posibilidad de crecer física y espiritualmente con el fruto del trabajo. Lamentablemente, unos crecieron muchísimo más que otros. ¿Cómo sucedió eso? Cuando el Estado permitió y aseguró que unos se apoderaran del trabajo de los otros.
¿Dónde está el Estado entonces? ¿Cómo debiera ser calificado por la población al atender el desempeño en su función primigenia, es decir, el bien común? ¿Ha asegurado este Estado que el desarrollo sea armónico y justo? Es difícil encontrar ciudadanos que informadamente puedan sostener que nuestro Estado se ha mantenido al servicio de la gente, del pueblo en su definición más sustantiva; si así hubiese sido los datos de crecimiento del PIB que los administradores de turno exponen con tantísima pompa estarían evidenciando cierta relación positiva con el salario mínimo o el salario promedio, o la capacidad de comprensión lectora o los índices de desarrollo territorial o aislamiento geográfico.
Nuestro Estado devenido en organización subsidiaria, se ha alejado sistemáticamente del mandato emanado de las bases cívicas, imponiendo constituciones que benefician a unos por sobre otros, elaborando leyes y reglamentos que concentran cada vez más el poder capital, político, social y cultural, entregando a los mercaderes los bienes estratégicos (agua, energía, minerales) y los servicios fundamentales (educación, salud, vivienda).
La dependencia de este Estado, de estos estados proveedores de materia prima y mano de obra masiva, económica y alineada, que conforman el tercer mundo del subdesarrollo, ha condenado a las poblaciones a la pérdida general de la soberanía, poniéndonos muchas veces de rodillas para evitar la “fuga” de capitales de nuestros territorios, motivo por el cual hemos entregado cardúmenes, minerales y bosques, pero sobre todo hemos entregado la fuerza de trabajo de millones de compatriotas que, a pesar de laborar extenuantes jornadas en sus puestos de trabajo y de soportar ciudades construidas desde la más profunda segregación no ven mejorar su calidad de vida.
Se hace imprescindible que el Estado actúe y se constituya absolutamente independiente de los poderes financieros y económicos, sean estos capitales nacionales o trasnacionales, estos capitales financieros sin rostro ni propiedad territorial, que actúan conculcándose para asegurar sus privilegios deben ser controlados férreamente con el propósito de evitar el control legislativo y ejecutivo que tradicionalmente han ejercido en esta América morena. De esta manera, la constitución emanada del pueblo cívico constituyente y las leyes emanadas de los poderes del Estado asegurarían que nuestras riquezas naturales aporten los recursos necesarios para que el Estado de Chile, por ejemplo, mantenga y asegure programas de salud, educación y vivienda de calidad. La riqueza está, los trabajadores están, ahora falta que el Estado esté a la altura.
(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl
