No me pueden dejar indiferente los hechos de violencia que se generan en la zona de la Araucanía, ni el tenor de las declaraciones de los distintos actores relevantes que intervienen en la solución pacífica de las legítimas demandas mapuches. Puede que esta preocupación esté basada en mi linaje mapuche, pero a pesar de no residir ni vivir en la zona, me sumo a la preocupación que existe respecto de cómo se está abordando esta demanda histórica.
Repudio todo hecho de sangre y delitos graves que se cometen en contra de cualquier persona; sin embargo, no se debe utilizar hechos puntuales para generar odio o más violencia.
Me han sorprendido las reacciones que se han dado por este hecho en redes sociales, como Twitter, y me he dado cuenta de cómo evolucionan con la misma rapidez con que se informan los hechos y el tono en que se dicen. Es normal que exista repudio por acciones criminales en cualquier ámbito, pero justificar esto para denigrar una etnia y aprovechar espacios de comunicación abiertos y públicos, me parece impresentable. Es clásico que existan cuentas de usuarios que en forma permanente expresen comentarios que generen reacciones (clásicamente llamados trolls), pero de ahí a que personas identificadas, con educación, que se desenvuelven normalmente en la sociedad inciten al racismo y discriminación contra mapuches es francamente impresentable. Más aún cuando, luego de ser increpados por sus comentarios, apliquen técnicas como eliminar los mensajes, le pongan candado o cambien su bío en Twitter o simplemente cierren sus cuentas.
Más que leer mensajes individuales, es preferible escuchar las voces oficiales, las de autoridades, las que finalmente toman decisiones que afectan a un país. Y tras los dichos de los últimos días, puedo decir que si fuera mapuche y viviera en la zona en conflicto, sentiría temor de un Estado en el que debiera existir paz social. Que el intendente de la Araucanía diga que están cerca de encontrar a los “salvajes” es impresentable en tiempo, forma y fondo.
Personalmente rechazo la tesis de la existencia de terrorismo, toda vez que la misma doctrina que define este tipo de delitos, los tribunales de justicia y entidades internacionales sobre DDHH, han rechazado su existencia. Incrementar los recursos económicos y humanos, fomentar la militarización de una zona del país, limitar los derechos individuales, decir que existen “enemigos” internos de un país (sin señalar quienes son), que existen organizaciones terroristas financiadas por el extranjero (sin que existan evidencias concretas o sancionadas por tribunales aplicando la ley), es generar un estado de incertidumbre en la acción del Estado. Y lo que es peor: que estas declaraciones, acciones, viajes a la zona y movimiento de policías se realicen tras la muerte de estas personas, podría hacer sentir que existen ciertos ciudadanos con categorías distintas, pues ante la muerte de mapuches, atentados contra derechos de niños, abusos policiales certificados por Cortes de Apelaciones y Suprema, no existe tal reacción, por lo menos tan publicitada. Al mismo tiempo existe una implícita vinculación de estos hechos “terroristas” a los mapuches de la zona, toda vez que se efectúan en territorio mapuche, se investigan y se realizan allanamiento a comunidades mapuches, se acusa y persigue penalmente a comuneros mapuches.
No quisiera dejar la sensación de que esta forma, a mi entender, errada de abordar estos hechos, es atribuible al actual gobierno. Aún recuerdo que fueron administraciones anteriores las que aplicaron la ley antiterrorista (una ley antidemocrática en cuanto a su génesis, pues fue redactada en la época de la dictadura militar en la que no participó un parlamento disuelto) a hechos punibles y sancionados actualmente por la legislación común. Aún me sorprenden las declaraciones, por ejemplo, del Subsecretario del Interior de la época, tras el asesinato de Matías Catrileo por parte de carabineros, garante del orden público, diciendo que hubo un fuego cruzado con comuneros mapuches y que la policía tuvo que responder con sus armas de fuego, sin hacer llamado repudiando el hecho de sangre ni viajando a la zona para solidarizar con la familia del mapuche muerto y sin dar las condolencias a nombre del país por su condenable (y condenado en los hechos) asesinato.
Es entonces necesario preguntarse cómo solucionar una deuda histórica que existe contra el pueblo mapuche. No creo que sea yo el encargado de resolver este dilema, pero sí es necesario en primer lugar dar un reconocimiento constitucional a pueblos originarios, devolver su dignidad como etnias existentes con anterioridad a la llegada de conquistadores extranjeros, promover su cultura y mantenimiento de costumbres y existencia de indemnizaciones morales y económica (a través de distintas vías, no solo entrega de recursos o tierras), en compensación de años de ausencia de una política pública eficaz que solucione estas legítimas demandas.
Termino una vez más rechazando todo acto de violencia, proveniente de cualquier persona, organización o movimiento. Es primordial mantener la comunicación efectiva y búsqueda de soluciones pacíficas.
(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl
