Torpeza nominadora

Nos hemos informado por los medios de los integrantes de la propuesta del Presidente Piñera para constituir el nuevo Consejo Directivo del Servicio Electoral. Dicho organismo, creado por la Ley de Inscripción Automática y Voto Voluntario, tiene por delante una tarea intensa y compleja. Intensa, por cuanto 2013 será un año de vorágine electoral, con presidenciales y parlamentarias, a las que se sumará el debut de las primarias. Compleja porque le corresponde supervisar los procesos eleccionarios en un clima de sospecha, nuevo en democracia. No olvidemos que en las últimas elecciones municipales de 2012 se vivieron episodios, siendo el de Nuñoa el más bullado pero no el único, que llevaron a más de 80 académicos a manifestar su preocupación por el sistema de votaciones y conteo. En una carta pública titulada “Un llamado de alerta democrática” advertían de lo delicado que era para el país que un activo de nuestra democracia como lo es la accountability electoral comenzara a ser puesto en tela de juicio. El escándalo fue tal que llegó a hablarse de un “Transantiago” electoral.

Por lo anterior, cabe preguntarse si lo que rodea a la integración de dicho Consejo no debiera mirarse con mayor detalle. Es probable que la prensa lo haya destacado por una nota más bien pintoresca. El gobierno aparece proponiendo, en calidad de independiente, a Juan Emilio Cheyre, ex jefe del Ejército durante la administración de Ricardo Lagos. Nada personal pero, además de ser revelador de la mentalidad de quien ocupa La Moneda surge la legítima duda de si, en aquellos países con los que nos gusta compararnos, habrá ex militares en la composición de sus organismos electorales. El resto de los nominados a proposición de los partidos son hombres. ¿Cabía esperar otra cosa?

[cita]Este gobierno insiste en hacer las cosas con una fórmula mixta que combina un binominalismo noventero con los directorios empresariales. Resulta inevitable no recordar los avatares que rodearon el nombramiento de los integrantes del Consejo de Transparencia, casi en sus albores, cuestionado justamente por organizaciones de la sociedad civil por carecer de la transparencia que su nombre proclama.[/cita]

Cuando todo el mundo se devana los sesos tratando de explicar la impopularidad de un gobierno que, al mismo tiempo, logra exhibir cifras destacadas de desempeño económico, vale la pena añadir una explicación adicional a las que se vienen señalando tales como conflictos de interés, ausencia de atributos blandos por parte del Presidente y desconocimiento de demandas por redistribución material y de poder. Este gobierno insiste en hacer las cosas con una fórmula mixta que combina un binominalismo noventero con los directorios empresariales. Resulta inevitable no recordar los avatares que rodearon el nombramiento de los integrantes del Consejo de Transparencia, casi en sus albores, cuestionado justamente por organizaciones de la sociedad civil por carecer de la transparencia que su nombre proclama. Para más abundancia, es cosa de ver la composición de las comisiones asesoras presidenciales “ad hoc”, a las que este gobierno ha recurrido en abundancia, con un total del 43 % de todas las nombradas desde 1990 a la fecha. Chile parece pedir por distintas vías, también la electoral, una inclusión y una diversidad que no se observa en las instancias de toma de decisiones.

Mención especial merece la ausencia total de mujeres, responsabilidad de gobierno y partidos mancomunados transversalmente en su ceguera a los balances de género. Luego de haber caído la friolera de cuarenta lugares en el ranking de igualdad de género del último informe del Foro Económico Mundial, desde 87 a 135, la consideración de la experiencia y talento femeninos en un consejo de estas características parecería reparatorio y de la más elemental justicia. Se pierde, nuevamente, la oportunidad de acercarse a un objetivo que, como el de la igualdad de género, goza de legitimidad para una amplia mayoría de la población como lo reveló el Informe de Desarrollo Humano en Chile 2010. Contemplar la inclusión femenina en este tipo de organismos parece resultar clave. Así lo revela el estudio de Line Bareiro y otros titulado “La inclusión de las mujeres en los procesos de reforma política en América Latina”, elaborado con el fin de avanzar en la incorporación de la perspectiva de la igualdad de género en las estrategias de modernización del Estado. Como parte de sus recomendaciones, se incluye la necesidad de fomentar la inclusión de mujeres en los organismos electorales, de manera que garanticen la diversidad de género. Al parecer, tanto el gobierno como los partidos no lo han leído. Así como se repite que ya no pueden elegirse candidatos para competir en elecciones entre cuatro paredes, el sentido común parece indicar que mantener la rutina excluyente en las nominaciones para cierto tipo de organismos pudiera estar haciendo agua.