La CAM no se planteó como una organización exclusivamente étnica, sino, más bien, como la portadora de una lucha que, en la particularidad de territorios indígenas, se enfrentaba al capital, sus instituciones y representantes. Reunía así elementos de izquierda radical y de reivindicaciones indígenas.
A propósito del asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay y de la violencia social que ha recrudecido con especial fuerza en algunas partes de la Araucanía, en especial en las comunas de Ercilla y Vilcún, no han sido pocos los dirigentes políticos y estudiosos del tema quienes han sindicado a la CAM (Coordinadora de comunidades en conflicto Arauco Malleco) como la organización que está detrás de estos hechos o por lo menos que tiene una responsabilidad política en los mismos.
Más allá del hecho policial en sí mismo -repudiable por cierto- pienso que un análisis con mayor detención sobre la organización que radicalizó la movilización mapuche en la última década, nos hace cuestionar el papel que se le atribuye a la CAM y las posibilidades ciertas de que ella todavía posea un cierto liderazgo en comunidades en conflicto.
Sostener que la CAM es la responsable de una gran cantidad de atentados a fundos y parcelas por medio de la quema de casas, camiones, maquinaria agrícola e incluso atentados contra la integridad física de personas mapuche y no mapuche que habitan la zona, supondría que la organización cuenta, todavía, con los recursos organizativos, materiales, los cuadros necesarios y, por cierto, con cierta legitimidad territorial para sostener una política insurreccional. Mi hipótesis es que ello no es así y que, por el contrario, la agudización del conflicto estaría mostrando el ocaso de la organización, al menos como la conocimos hasta el momento.
La CAM surgió en el contexto del debilitamiento del Consejo de Todas las Tierras y la deslegitimación de las políticas indígenas de la Concertación a fines de los años ‘90. Su programa básicamente sostenía la necesidad de recuperar de hecho las tierras en conflicto -sin importar las mediaciones institucionales y legales-; el uso de la violencia social como mecanismo de movilización -algo que ninguna organización mapuche había postulado en el siglo XX-; y, la sindicación del capitalismo nacional y trasnacional como el responsable – en la figura de empresas forestales, mineras y agrícolas- de la pobreza mapuche y, por tanto, del enemigo al cual combatir. En otras palabras, la CAM no se planteó como una organización exclusivamente étnica, sino, más bien, como la portadora de una lucha que, en la particularidad de territorios indígenas, se enfrentaba al capital, sus instituciones y representantes. Reunía así elementos de izquierda radical y de reivindicaciones indígenas.
Consecuente con este predicamento, la CAM constituyó Organos de Resistencia Territorial, ORT, y realizó acciones de sabotaje a grandes empresas, en especial forestales y agrícolas. También apoyó las movilizaciones de comunidades en conflictos territoriales con las cuales estableció alianzas. De esta manera las comunidades lograban recursos para la movilización y la organización contingentes y legitimidad para sus acciones.
Sin embargo en el año 2012 fuimos testigos de dos situaciones que mostraron muy veladamente dos situaciones conflictuales entre la organización y las acciones que se le sindicaban. La primera tuvo relación con el tipo de acción reivindicativa, principalmente quema de casas a pequeños parceleros o campesinos pobres -cuyo origen en gran medida fue la Reforma Agraria de los años ‘60-’70-. Se le unieron la quema de escuelas rurales y las agresiones físicas, de las cuales por lo menos hubo dos con resultado de muerte. Las organizaciones sociales que apoyaron la CAM habían tenido cierto éxito en sostener que muchos atentados a la propiedad que se le atribuían eran montajes de los propios latifundistas o empresarios, e incluso de grupos paramilitares. Todo era una farsa tendiente a deslegitimar su lucha. Cuando alrededor de ciertas comunidades en conflicto hubo suficientes casos como para demostrar la política sistemática de expulsión de los campesinos pobres o de los comuneros mapuche que no les apoyaban, ese argumento perdió toda sustentación. La misma CAM tuvo que hacer públicas declaraciones condenando estos hechos.
¿Qué estaba sucediendo? ¿La CAM mentía cínicamente o en realidad había perdido el control de las acciones reivindicativas? Nos inclinamos por esto último. Todos estos hechos nos hacen pensar que la política de los weichafes -guerreros- se había impuesto a la propia organización que los había creado. Que los conflictos territoriales comunitarios se habían autonomizado de los Organos de Resistencia Territorial.
Pero hay un segundo antecedente relevante en este caso. Se trata de la orientación de las acciones reivindicativas. Como hemos señalado, la CAM se definió básicamente como una organización de clase en territorios étnicos que luchaba contra el capitalismo nacional y trasnacional. Sus acciones directas, por medio de los ORT, incluyeron la quema de camiones forestales, centros logísticos e incluso aeródromos de empresas forestales, así como algunas casas patronales de latifundistas de la zona. El año 2012 muestra un claro decrecimiento de estas acciones en beneficio de conflictos ligados a la recuperación territorial local de comunidades en conflicto. Con esto, quedó en evidencia no sólo que la CAM estaba perdiendo contingentes y control sobre las acciones reivindicativas, sino también, el sentido más ideológico de su lucha. Las comunidades radicalizadas ni en sus programas ni en sus acciones estaban incluyendo estos contenidos en sus movilizaciones y, por el contrario, tendieron a concentrarse en el programa fuerte de sus demandas, el acceso a tierras. Así de simple. Este es, a nuestro juicio, el profundo drama de la CAM.
(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl
