La autoridad pública debe ser consistente y elegir lo público, sino seguirá gobernando en una perfecta alienación de gobernar para un “otro/a” y no para un “nosotros/as”, hecho del cual nos hacemos cómplices en nuestras prácticas políticas cotidianas, incluido el voto.
Ocho kilómetros separan el par de liceos públicos emblemáticos del centro de Santiago -donde estudiaron Michelle Bachelet, Laurence Golborne y FrancoParisi- del Colegio Saint George –donde estudiaron Claudio Orrego, Andrés Allamand y Marco Enríquez-Ominami. Pasada una generación, los colegios de los hijos e hijas de nuestros presidenciables siguen estando a ocho kilómetros de distancia, sin embargo esta vez el centro de Santiago desaparece de nuestro mapa, y sólo nos quedan las comunas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea -¡las tres en la Región Metropolitana! ¿Querrá decir algo esta opción de nuestra clase política por matricular a su descendencia en las escuelas privadas del sector oriente de Santiago?
Los candidatos/as ejercen su derecho, constitucionalmente protegido, descoger la educación de sus hijos – el bien valorado school choice como diría uno de los inspiradores del actual sistema de financiamiento educativo, Milton Friedman. Todos ellos, profesionales destacados de la Universidad Católica y Universidad de Chile –y con estudios en Europa y Estados Unidos-, conocen el sistema educacional chileno y la distribución de oportunidades. Uno de los candidatos nos habla del mérito como componente esencial de su biografía, colocando el ejemplo del Instituto Nacional, sin embargo a la hora de “elegir” una escuela para sus hijos, selecciona The Mayflower School, un colegio cercano a su hogar –el Mirador San Damián. Y es que el mérito se agota en una generación, luego se transforma en una herencia, es decir, pasa a formar parte de un capital familiar para la reproducción de las relaciones sociales de dominación o privilegio.
Las trayectorias de nuestros políticos formados en los liceos emblemáticos muestran esta contradicción: se forman en el seno de la excelencia pública, compitiendo por una vacante que logran gracias a su mérito, pero luego se alejan de lo público en sus vidas privadas. No eligen la salud pública, no cotizan en Fonasa ni educan a sus hijos/as en las escuelas públicas. Por su parte, Orrego y Allamand –ya miembros de las elites económicas de Chile- no hacen más que elegir naturalmente dentro del universo de posibilidades que tienen: el Colegio Newland y el Colegio Saint George.
Las trayectorias educativas no son simples curiosidades anexas, dignas de una entrevista en Revista Caras o Cosas. En este caso, ellas nos hablan de opciones que nos debiesen importar porque comunican las reales experiencias y valoraciones que nuestra clase política sostiene para vivir o segregarse del mundo de sus electores. Vivir la educación pública (y la particular-subvencionada) significaría ser capaces de elegirla en su familia.
Quiero sostener en estas pocas líneas que la ausencia de proyecto político para la educación pública de Chile se relaciona estrechamente con este problema ontológico de reconocerse en las escuelas de las mayorías nacionales. “El problema nacional” como apuntaría Darío Salas no es más un problema público, es para nuestros candidatos/as un tema privado de la elección buena o mala de las familias –como se ha cansado de defender el ministro de educación Harald Beyer ante el caso de la Universidad del Mar. Y es que el mercado de la educación en Chile actúa sobre un sistema de exclusión social, donde la movilidad ocurre gracias al endeudamiento económico o a través de la meritocracia, que sólo favorece a unos pocos, el mínimo necesario para justificar “el orden”.
La invitación está hecha. La autoridad pública debe ser consistente y elegir lo público, sino seguirá gobernando en una perfecta alienación de gobernar para un “otro/a” y no para un “nosotros/as”, hecho del cual nos hacemos cómplices en nuestras prácticas políticas cotidianas, incluido el voto.
(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl
