Opinión
En las primarias se colocan, peligrosamente, todo tipo de esperanzas. Una de ellas es la posibilidad de generar debates. Chile necesita conversaciones que, junto con proveer horizontes para el país, aborden las relaciones entre crecimiento y desarrollo, por un lado, y entre política y economía, por otro. Si ello se sustituye por la pirotecnia de eslóganes, obviedades y vaguedades, más vale persistir en el silencio o no realizar debates.
Si la protección social sale al baile electoral como es de prever, es casi seguro que los partidarios de la reducción del Estado se cebarán en la crisis española. En nuestro contexto, permeado por la ortodoxia económica neoliberal, proliferan visiones que aprovechan los problemas que atraviesa la consolidación del Estado de Bienestar en una realidad concreta, en este caso España, para cargar dardos contra el modelo social y económico europeo en su conjunto. Ese modelo, dicho sea de paso, no parece estar en discusión. Voces autorizadas han intentado separar la paja del trigo. El propio Krugman ha señalado que las naciones que están ahora en crisis no tienen un Estado de Bienestar mayor que aquellas que están bien. El origen de los problemas no estuvo tanto en el manejo fiscal del Estado español, razonable previo a la crisis, sino en las tasas de interés, que actuaron como droga del sistema.
La irresponsabilidad bancaria aportó a la burbuja del ladrillo y los ciudadanos se endeudaron más allá de sus posibilidades. En definitiva, las causas no están tanto en un Estado con gasto fiscal excesivo sino en uno anoréxico en cuanto a sus deberes regulatorios.
El problema de España, que eludió el bulto de sus dilemas económicos gracias al oxígeno de shocks externos favorables, tales como el ingreso a la UE y el factor migratorio, es político. La situación económica favorable actuó como placebo. Así lo ha revelado el nuevo escándalo de corrupción de pagos, por la vía de una contabilidad paralela, de altos cargos del PP. La implicación del partido gobernante en casos de corrupción no es novedad alguna. Pero sí lo es que involucre al propio Presidente Rajoy que, obligado a maniobrar en un contexto de gobernanza multinivel que conjuga gobierno central, autonómico y europeo, no puede darse el lujo de problemas adicionales.
[cita]El caso español revela los riesgos de eludir las reformas políticas de envergadura. El impulso que el actual gobierno les ha dado no deja de ser un mérito. De sus entrañas provienen las lógicas despolitizadoras del cosismo-lavinista con efectos sociales tan letales como los que puede generar también, para este tipo de asuntos, el escalonismo. Nos referimos a la idea de que las reformas de calado solamente tienen lugar cuando advienen crisis institucionales.[/cita]
La crisis económica y financiera, cuyo diferencial para España estaba en su elevado desempleo, conecta ahora con un amplio descrédito institucional. Ya en 2011, año en que gana abrumadoramente el PP las elecciones generales, Transparencia Internacional anticipaba un complejo escenario en cuanto a su nivel de integridad, transparencia y riesgos de corrupción. Los partidos eran siendo vistos como las estructuras más corruptas, con falta de control vertical y horizontal. Era, además, el único país de la zona euro con más de un millón de habitantes sin ley que garantizase el acceso a información pública. El asunto ha escalado de tal forma que hasta ya no parece posible que la Casa Real escape a los imperativos de la transparencia. Una sociedad crecientemente desencantada de sus instituciones pero, a la vez, más politizada, ha encontrado formas de drenar su malestar sin recurrir a populismos de derecha: frente a la crisis subprime en el 2008 se produjo el 15-M y ahora, en el marco de la crisis de la zona euro, emergen las aspiraciones de independentismo catalán.
¿Qué tiene que ver nuestro país con todo esto, más allá de los vínculos históricos, culturales y afectivos? No está de más recordar que distintos estudios han querido ver más similitudes que diferencias entre las transiciones de ambos países. Nuestra economía, al igual que la española terminó atada al ladrillo y a las dinámicas inmobiliarias, radica sus ventajas comparativas en la capacidad exportadora de commodities, particularmente del cobre que compra China.
Aunque se alzan voces que advierten los peligros de esta dependencia para futuras generaciones, las cifras macro de las que alardea el gobierno eclipsan nuestra mediocre productividad así como las tareas pendientes. Nos referimos a la diversificación de las matrices energética y productiva, lo que debiera acompañarse del cuidado por la sustentabilidad ambiental. Súmese a ello políticas de innovación y emprendimiento que rompan su actual disociación con el sistema educativo. La Cepal ha llamado a diversificar las estructuras productivas de la región, aplicando políticas industriales activas en combinación con políticas macro, sociales y laborales.
Es la única manera, según el organismo, de enfrentar a mediano y larzo plazo la desigualdad y los dilemas del crecimiento. Es cierto que Chile tiene reservas de confianza en su política fiscal. Nuestro país está mejor parado que otros ya que, con dos fondos soberanos, es pionero en América Latina. Sin embargo, los expertos señalan que, además de ser relativamente conservadores, no son estratégicos por cuanto carecen de vocación para impulsar el desarrollo y la diversificación empresarial.
Pero no son solamente económicas las lecciones posibles a extraer. El caso español revela los riesgos de eludir las reformas políticas de envergadura. El impulso que el actual gobierno les ha dado no deja de ser un mérito. De sus entrañas provienen las lógicas despolitizadoras del cosismo-lavinista con efectos sociales tan letales como los que puede generar también, para este tipo de asuntos, el escalonismo. Nos referimos a la idea de que las reformas de calado solamente tienen lugar cuando advienen crisis institucionales.
Lo que se observa, hasta el momento, es el intento por amortiguar la consistente y acentuada deslegimitimidad de nuestras principales instituciones políticas bajo la comprensión de que constituyen un sector más, como cualquier otro, o bien bajo una lógica parsimoniosa, una reforma tras otra y desprovistas de una mirada sistémica. La “teoría del salame” contiene riesgos. No se termina de entender que las decisiones que permitirían acometer los nudos gordianos de nuestro desarrollo están indefectiblemente subordinadas a la política, es decir, a las posibilidades que ofrezcan los arreglos y el andamiaje institucional de turno para adoptar acuerdos sustentables en el tiempo.
Es probable que el empresariado, que comienza lentamente a abrazar una noción de sustentabilidad en clave de negocios que supere los estrechos márgenes a los que terminó reducida la RSE, estén comprendiendo más rápidamente que los políticos los dilemas de la interconexión y dependencia entre los distintos subsistemas.
En las primarias se colocan, peligrosamente, todo tipo de esperanzas. Una de ellas es la posibilidad de generar debates. Chile necesita conversaciones que, junto con proveer horizontes para el país, aborden las relaciones entre crecimiento y desarrollo, por un lado y entre política y economía, por otro. Si ello se sustituye por la pirotecnia de eslóganes, obviedades y vaguedades, más vale persistir en el silencio o no realizar debates.
