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Acusación constitucional: manipulación política

por 3 abril, 2013

Acusación constitucional: manipulación política
Mañana se vota en la Cámara de Diputados la acusación constitucional presentada en contra del Ministro Beyer. Este acto es de suma importancia, pues lo que aquí está en juego es la seriedad de nuestro sistema político, con todas las falencias que puedan caberle.
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Mañana se vota en la Cámara de Diputados la acusación constitucional presentada en contra del ministro Beyer. Este acto es de suma importancia, pues lo que aquí está en juego es la seriedad de nuestro sistema político, con todas las falencias que puedan caberle. La acusación constitucional es un instrumento de última instancia que tiene el poder Legislativo para proteger el Estado de Derecho de posibles abusos por parte de las más altas autoridades del país. Recurrir a ella sin méritos suficientes constituye una situación de extrema gravedad, pues quienes dicen resguardar nuestra Carta Fundamental la estarían, en el fondo, vulnerando. Más grave aún sería si dicha acusación sin mérito tiene por objeto un beneficio político, pues no sólo se estaría pasando a llevar nuestra Constitución, sino conjuntamente se estaría abusando de la confianza conferida por la ciudadanía.

Los expertos en derecho constitucional han coincidido en que el libelo contra el Ministro Beyer no cumple con los requisitos formales que estipula la ley. Por su parte, quienes conocen el marco regulatorio que rige a la educación superior y las facultades que la ley otorga al Ministerio de Educación, han reconocido públicamente que no hay justificación para acusar constitucionalmente al ministro; pues se pretende por medio de una acusación específica a un ministro criticar el sistema y la institucionalidad imperante. Como es de público conocimiento, la ley actual obliga a las universidades a organizarse como corporaciones sin fines de lucro, pero deja sin regular la composición del directorio de dichas corporaciones, no prohíbe ni tampoco regula las operaciones con empresas relacionadas y entrega plena autonomía a las universidades en las áreas administrativa, académica y económica. A su vez, la ley no faculta al Ministerio de Educación para tener acceso a las cuentas corrientes de las universidades o empresas relacionadas ni a sus libros de contabilidad, herramientas indispensables para tratar de probar la existencia de lucro.

Es verdad que estamos en período de elecciones y es legítimo que los distintos sectores busquen con ahínco ganarlas. Pero también es verdad que los fines no justifican los medios, menos cuando ello conlleva un socavamiento de nuestro sistema política y una subestimación de la inteligencia de nuestros ciudadanos.

Como pueden apreciar, el rayado de la cancha es malo, entorpeciendo la labor del árbitro. Dicho rayado es responsabilidad de los poderes Legislativo y Ejecutivo, que en los últimos 20 años no presentaron ningún proyecto para subsanar esta situación. Culpar exclusivamente a los gobiernos anteriores sería mezquino, pues dicha responsabilidad recae también sobre los parlamentarios, independiente del sector político al que pertenezcan. Por eso resulta hipócrita que quienes tienen mayor responsabilidad en el rayado de la cancha, responsabilicen por esta situación al actual Ministro, que lleva poco más de un año en la cartera. Igual de injusto resulta acusarlo por abandono notable de deberes, cuando se tiene conciencia de la precaria condición en que se encuentra el Ministerio de Educación para llevar adelante su labor fiscalizadora y se consideran las acciones por él lideradas: por primera vez se solicitan, estudian y publican los estados financieros auditados de las instituciones, aplicación inédita de sanción a las instituciones que no entregaron la información solicitada o lo hicieron de forma incompleta, investigación a instituciones de educación superior a partir de denuncias concretas sobre vulneración de los estatutos, concluyendo una de ellas con la dictación del decreto de cierre de la institución, derivación de denuncias relacionadas con delitos al Ministerio Público como la ley lo ordena y promoción del proyecto de ley que crea una Superintendencia de Educación Superior, fortaleciendo el marco regulatorio y empoderando a las instituciones estatales.

El Ministro Beyer lejos de refugiarse en el statu quo, como algunos acusan, ha llevado adelante una agenda ambiciosa que introduce reformas profundas al sistema de educación superior, cuyo objetivo es elevar las exigencias a las instituciones con el nuevo sistema de acreditación y fortalecer el marco regulatorio, creando una Superintendencia que tenga más poder de fiscalización así como también sanciones adecuadas de manera de poder velar correctamente por el bienestar de los estudiantes. Estos proyectos de ley son perfectibles y el Ministro así lo ha manifestado públicamente. Pueden existir desacuerdos en cómo debiera ser el nuevo marco regulatorio, los proyectos en trámite pueden incluso no gustar del todo, pero estas diferencias no ameritan, en ningún caso, una acusación constitucional.

Por estas razones, líderes de opinión de las más distintas tendencias, ex ministros de educación y representantes de la oposición han criticado de forma valiente esta iniciativa por considerarla un error, teniendo que soportar más de una descalificación por ello.

En este contexto, resulta impresentable el llamado de algunos políticos a votar a favor del libelo cuando el ministro aún no presentaba su defensa, transgrediendo no sólo un derecho humano fundamental: el derecho a defenderse y a un juicio justo, sino violando también nuestra Constitución al hacer de esta acusación un asunto político y no jurídico; de otro modo no se explica este llamado. Vergonzosa resulta también la manipulación de esta acusación haciéndola pasar por una supuesta declaración de principios, pues es evidente que nada tiene que ver el oponerse al lucro en las universidades con la acusación que se hace al Ministro.

Es verdad que estamos en período de elecciones y es legítimo que los distintos sectores busquen con ahínco ganarlas. Pero también es verdad que los fines no justifican los medios, menos cuando ello conlleva un socavamiento de nuestro sistema política y una subestimación de la inteligencia de nuestros ciudadanos. La baja popularidad que hoy día padecen todos los partidos políticos tiene su razón, me parece, precisamente en este tipo de acciones. Es de esperar que a la hora de votar prime la integridad, el respeto a la ley, y no el cálculo político; sería una buena forma de comenzar las campañas presidenciales y de devolverle el prestigio a la actividad política.

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