A partir de este año, se inicia la implementación de una “nueva generación” de planes de mejora de la Ley SEP. Además, dicho instrumento de planificación será obligatorio para todos los establecimientos que reciben subvención del Estado y ya no solo los municipales.
La Encuesta CIDE 2012 recogió de directores de establecimientos educacionales y docentes de aula su opinión sobre diversos y significativos aspectos de la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), implementada hace cinco años para responder al hecho que educar a niños en sectores de pobreza es más caro y complejo. En sus 5 años de funcionamiento, ha cubierto a alrededor de 7 mil de los 11 mil centros educativos del país, que se comprometieron a ejecutar un Plan de Mejoramiento Educativo (PME), a partir del cual recibieron una subvención complementaria por cada uno de los alumnos categorizados en situación de pobreza.
En la encuesta se constata que la ley es positivamente valorada tanto por directores (83 % de los encuestados) como por los profesores (73 %). Sin embargo expresa una disparidad de juicios entre ambos respecto a los aspectos clave de la ley. Los primeros tienden a expresar una perspectiva significativamente más positiva y optimista de la normativa y sus efectos, que la que explicitan los profesores.
Hecho que indicaría complejidades en la ejecución, ya que no coinciden en sus valoraciones los conductores del proceso con las de los ejecutores cotidianos de los compromisos y procedimientos contenidos en el Plan de Mejora. Esto hablaría de una gestión a la que le ha faltado un mayor liderazgo en la conducción del proceso de mejoramiento que implica la SEP. Esta lectura se ve confirmada al observar que casi el 80 % de los directores señalan que han mejorado su gestión, mientras que sólo la mitad de los profesores realizan la misma constatación. Tampoco la rendición de cuentas transparente genera evaluaciones similares, ya que es satisfactoriamente evaluada por un 60% de los directivos y por menos del 40% de los profesores.
[cita]A partir de este año, se inicia la implementación de una “nueva generación” de planes de mejora de la Ley SEP. Además, dicho instrumento de planificación será obligatorio para todos los establecimientos que reciben subvención del Estado y ya no solo los municipales.[/cita]
Otro punto clave es la percepción de resultados que tendría la aplicación de la Ley SEP, mientras más del 60 % de los directores señalan que han mejorado los resultados académicos, menos de la mitad de los profesores están de acuerdo con esta afirmación. Preocupa que la percepción de los aprendizajes escolares, que es el propósito central de la ley, no sea coincidente, sobre todo en un momento en que se encuentran sujetos a evaluación los procesos y resultados de los primeros cinco años de la puesta en práctica de la Ley SEP.
Otro aspecto interesante surge al comparar los resultados de la encuesta CIDE 2012, con los de la Encuesta 2010. Frente a las mismas preguntas, es posible constatar algunos cambios. Si bien es cierto que a grosso modo la apreciación global de ambos actores respecto de la Ley SEP, como una instancia positiva para educación nacional, es notoria la baja en la apreciación de los resultados a nivel académico que obtendría la ejecución de la ley, en el 2012 respecto de la medición anterior. En el 2010, tres cuartos de los directores visualizaba una mejora de los aprendizajes de los estudiantes, dos años después, el porcentaje bajó a un 60 %. En tanto que entre los docentes, la caída de expectativas fue más abrupta, pues de los dos tercios de la primera medición, en el 2012 menos de la mitad de los profesores encuestados compartía este juicio. Entonces, el paso del tiempo en lugar de incrementar las posibilidades de mejora en los resultados, a juicio de sus operadores, ha disminuido, lo que hablaría de una política educativa que debe ser profunda y extensamente analizada por parte de todos sus actores para que rinda los frutos esperados a nivel de la calidad y equidad de los procesos educativos.
A partir de este año, se inicia la implementación de una “nueva generación” de planes de mejora de la Ley SEP. Además, dicho instrumento de planificación será obligatorio para todos los establecimientos que reciben subvención del Estado y ya no solo los municipales. Por lo que resulta necesario que los centros educacionales y sobre todo sus directivos, enfrenten su implementación fortaleciendo la conducción pedagógica del proceso, preocupándose por hacer más explícitos y claros tanto los compromisos como los procedimientos educativos, buscando constituir una verdadera comunidad educacional articulada en torno a más y mejores aprendizajes de todos sus estudiantes.
