Opinión
La cuestión a debatir en esta acusación constitucional no es si la oposición de la época presentó acusaciones políticas porque los ministros de educación no perseguían el lucro; no es si las definiciones de la política pública debe estar en manos de técnicos expertos o del movimiento social, tampoco se discute si Beyer trabajó o no con la Concertación en el pasado. Lo que se ha venido debatiendo es si el ministro incurrió o no con su conducta en tanto que ministro de Estado, y no experto en educación, en las causales para ser removido del cargo a través del mecanismo de la acusación constitucional.
Luego de la aprobación de la acusación constitucional en contra del ministro de educación se perfilan dos líneas argumentativas caracterizadas por un elemento común: el silenciamiento de los argumentos jurídicos de su abogado. Eso, pues no vale la pena el intento de desacreditar la acusación por cuestiones de forma que se desataron ayer.
Del ataque destemplado a los “politiqueros” que vimos el primer día, se ha venido dando un desplazamiento a un ataque a las masas. Frente a la “calle” y la “politiquería” se ha opuesto por editoriales de diarios y columnistas de renombre, la calidad profesional del ministro. Se cuestiona a los parlamentarios que votaron a favor de la acusación por haberse dejado arrastrar por el “ruido de la calle”, por rendirse a la voluntad de las masas y por no tener la capacidad para valorar la invaluable contribución de la experticia de Harald Beyer. Experto reconocido por todos los sectores y apoyado incluso de manera transversal (por aliancistas y concertacionistas).
[cita]Para pesar de los aliados de Beyer (que como vemos están en la Alianza y en la Concertación) los tiempos de la ciudadanía pasiva quedaron atrás. Y digo bien, ciudadanía. No masas, ni populacho callejero. Ciudadanía instruida, escolarizada y paradójicamente, con formación universitaria. Porque son estos grupos, los sectores involucrados con el mundo de la educación media y superior los que están movilizados. Y son estos grupos los que se mantendrán movilizados a lo largo de este año. Votar a favor de Beyer en el Senado implicaría un desafío abierto a esta movilización ciudadana.[/cita]
Ya está escrito que la razón fue la gran ausente en la Cámara al momento de aprobar la acusación. La razón acompañada de lealtad habría salvado al ministro ¿acaso no estábamos en presencia de un reconocido experto que colaboró con los gobiernos anteriores? Se ha llegado a decir: “Lamentablemente esta condena se funda sólo en la fuerza que dan unos votos de más. Pero no parece que sea una fuerza orientada por la justicia. Más bien se ve como un poder desprovisto de razón, una fuerza caprichosa y abusiva que más semeja prepotencia”.
Ha sido tal la insistencia en su carácter de experto que uno no puede dejar de pensar en José Joaquín Brunner. Beyer y Brunner devienen en los íconos de la reflexión profunda, el diagnóstico correcto y la propuesta certera. ¿Qué legitimidad tienen los “politiqueros” y las “masas” frente al conocimiento experto de estos técnicos? Según la línea de defensa que se viene construyendo por la Alianza y algunos concertacionistas, ninguna.
Este argumento en la medida que configura una distribución de poder (los técnicos deben ser preferidos a las masas) y al mismo tiempo un juicio de valor (la colaboración se paga con lealtad), transforma la cuestión en un juicio político. Los defensores de Beyer pretenden hacer creer a la opinión pública que votar por Beyer en el Senado es votar por la razón, la lealtad, la justicia, la ética y la experticia profesional. Votar por Beyer es votar por el bien. Los 58 diputados que lo acusaron expresan la irracionalidad, la deslealtad y el populismo. Se le pide al Senado, otro ente político, que enmiende esta conducta y salve a Beyer y al país. Sí, al país. Porque condenar a Beyer significa desalentar a los expertos, a la racionalidad técnica, que nunca más estará disponible para los escenarios de la política. Condenar a Beyer significa detener el impulso que se ha dado a la educación.
Ya hemos escrito en otra columna que se ve muy difícil que el Senado asuma este punto de vista. Para pesar de los aliados de Beyer (que como vemos están en la Alianza y en la Concertación) los tiempos de la ciudadanía pasiva quedaron atrás. Y digo bien, ciudadanía. No masas, ni populacho callejero. Ciudadanía instruida, escolarizada y paradojalmente, con formación universitaria. Porque son estos grupos, los sectores involucrados con el mundo de la educación media y superior los que están movilizados. Y son estos grupos los que se mantendrán movilizados a lo largo de este año. Votar a favor de Beyer en el Senado implicaría un desafío abierto a esta movilización ciudadana y de paso una afrenta mayor para todos los diputados que lo acusaron. Afrenta que se configura por la línea de defensa que se construyó por el gobierno, el duopolio y los defensores de los tecnócratas. Línea que prefirió la argumentación política antes que la jurídica.
Ahora, y ya es demasiado tarde para variar la defensa, se trata de una cuestión estrictamente política ¿avala o no el Senado la tesis de la tecnocracia racional y leal y castiga de paso a los diputados politiqueros que se dejaron arrastrar por las masas? La defensa gubernamental y empresarial de Beyer no acusa a los diputados de una mala comprensión de la figura jurídica, sino, de haberse dejado arrastrar por el espíritu callejero. Distinta habría sido la situación si se hubiera construido un escenario en que los senadores tuvieran que optar por una interpretación jurídica y donde rechazar la opinión de los diputados sería un caso de discrepancia sobre un punto de derecho. La ceguera de la prepotencia del gobierno empresarial no comprendió que este escenario, que por lo demás es el más congruente con una acusación constitucional, le era más favorable que el tinglado político y demagógico que han armado.
En la práctica está ocurriendo que el mecanismo de la acusación constitucional ha devenido en un auténtico debate político, perdiendo su dimensión jurídica. Y ello por obra de los mismos que han insistido en que para que prospere la acusación se requiere de un fundamento jurídico.
Tal vez el silencio por el gobierno del debate jurídico que se suscitó en la Comisión de la Cámara que estudió el libelo acusatorio, puede ser un indicio de que se tiene conciencia de la fortaleza de la acusación en el plano del Derecho. Pretender convencer al Senado con razones políticas puede revelar que no se tiene confianza en la fortaleza de la defensa jurídica. Porque la cuestión a debatir en esta acusación constitucional no es si la oposición de la época presentó acusaciones políticas porque los ministros de educación no perseguían el lucro; no es si las definiciones de la política pública debe estar en manos de técnicos expertos o del movimiento social, tampoco se discute si Beyer trabajó o no con la Concertación en el pasado. Lo que se ha venido debatiendo es si el ministro incurrió o no con su conducta en tanto que ministro de Estado, y no experto en educación, en las causales para ser removido del cargo a través del mecanismo de la acusación constitucional.
Como se señaló en la sesiones de la Comisión que estudió el libelo acusatorio, lo que ha ocurrido es que está demostrado que el ministro no es apto para el cargo, esto es, para comportarse como ministro de Estado siendo un reconocido experto en educación.
Se pierde de vista el contexto en que Beyer llegó al Gobierno. Fue en medio de la crisis que vivía el MINEDUC que al Gobierno le pareció que “Beyer era el hombre”. En medio de esa crisis y luego de ser recibidos los estudiantes en La Moneda, el Gobierno comprometió aplicar la ley que prohibía el lucro en su “letra y en su espíritu”: fue el propio Gobierno el que le dejó al experto la misión de hacer frente a las demandas de lo que se viene motejando como “la calle”.
Así las cosas, todo parece indicar que Beyer será destituido por el Senado.
