Si alguien de verdad quiere defender el lucro, estos argumentos le recomiendan optar por el silencio. Por esto, el ministro Beyer se ha quedado en resquicios jurídicos en su defensa ante la Cámara, en lugar de levantar la bandera de la libertad supuestamente vulnerada. Y, por lo mismo, Brunner se limita a decir que “el país ya decidió” que existiera lucro en educación. Los defensores explícitos del lucro están abandonados a su suerte. Tal como en su momento la derecha dejó de reivindicar a Pinochet, hoy los pesos pesados del modelo intentan esconderse del lucro.
Desde el año 2011 se ha instalado la polémica sobre el lucro en educación. Como es sabido, la emergencia de dicho debate es una de las tantas consecuencias del movimiento estudiantil de ese año. Y aunque los estudiantes han planteado una crítica más global, tanto al carácter subsidiario del Estado como al modelo en general instalado por la dictadura, el lucro termina robándose la mayoría de las portadas de los diarios.
Intelectuales, periódicos y centros de pensamiento conservadores han liderado la defensa del modelo económico y del carácter subsidiario del Estado ante las críticas del movimiento social. De ahí la discusión sobre educación gratuita para todos o sólo para quienes no puedan pagarla. No obstante, la cuestión no está tan clara en cuanto al lucro en educación. En efecto, para una buena parte del propio régimen militar, la forma de realizar el principio subsidiario del Estado en el ámbito educacional no tenía que ver con permitir o promover en ella fines lucrativos. Habían quienes concebían el Estado subsidiario desde sus vertientes católicas, corporativas o liberales —distintas unas de otras, más no esencialmente mercantilizantes— y otros que lo imaginaban desde la mercantilización más profunda —neoliberales—. Hasta hoy subsisten estas diferencias.
[cita]Si alguien de verdad quiere defender el lucro, estos argumentos le recomiendan optar por el silencio. Por esto, el ministro Beyer se ha quedado en resquicios jurídicos en su defensa ante la Cámara, en lugar de levantar la bandera de la libertad supuestamente vulnerada. Y, por lo mismo, Brunner se limita a decir que “el país ya decidió” que existiera lucro en educación. Los defensores explícitos del lucro están abandonados a su suerte. Tal como en su momento la derecha dejó de reivindicar a Pinochet, hoy los pesos pesados del modelo intentan esconderse del lucro.[/cita]
Como es sabido, la Concertación también hizo suyo el Estado subsidiario y la política social focalizada. Sus intelectuales más significativos han concurrido con los de la derecha en la defensa del modelo, incluso asumiendo posturas “impopulares” para su entorno tras los sucesos de 2011. No obstante, no se ha elaborado aquí una justificación coherente del lucro en educación. En efecto —como resulta visible hoy— conviven en la Concertación diferencias importantes al respecto. No sólo de opinión, también de intereses involucrados.
Así, la crítica de los estudiantes al lucro en educación, ampliamente apoyada por la sociedad, no ha encontrado respuesta unitaria desde la política. Es un tema espinoso, con importantes intereses detrás. En los círculos oficiales se apuesta por evadir la discusión o por colgarse de ella como convenga en cada momento. A falta de doctrina, sabemos, los acomodos políticos relativizan todo. Pocos defienden ya la legitimidad de lucro en educación; ante su desprestigio social se opta por decir “yo no fui”. De ahí el embrollo del ministro Beyer, que con un sentido de la oportunidad admirable para un “técnico”, pasó de negar la existencia del lucro a tratar de proyectarse como el ministro más eficaz de las últimas décadas en hacer cumplir la ley que lo prohíbe en las universidades —léase, liderar el “yo no fui”—.
¿Quién queda defendiendo el lucro entonces? Algunos académicos y “técnicos”. La Tercera sintetiza sus argumentos en una editorial reciente.
Si vemos el argumento de cerca, sorprende su apuesta por “lo público”. Esto, porque los adalides del lucro podrían haber escogido el camino más directo: defenderlo en educación del mismo modo como lo defienden en cualquier plano, apelando a la libertad de emprendimiento. Tal como lo ha hecho Piñera. Él ha seguido hace décadas este camino, incluso hasta 2011. Pero el editorialista de La Tercera sabe que el país ve en la educación un bien público, por tanto, que no puede utilizar este tipo de argumentos sin defender al mismo tiempo que la educación es un bien de mercado. Conoce el poco éxito de la frase de Piñera “la educación es un bien de consumo”. Así, La Tercera intenta mostrar el lucro no como un derecho de los emprendedores, sino como la mejor posibilidad de realizar dos fines públicos: expansión de la matrícula y libertad de enseñanza.
Dice La Tercera, primero, que el único modo que tenía el país para aumentar su cobertura en educación superior era a través de la inversión privada. Habitualmente los organismos internacionales recomiendan expansión privada de servicios sociales en países con Estados débiles y pequeños (Haití, por ejemplo). Pero no es el caso de Chile. Con su crecimiento sostenido desde fines de los ochenta, nuestro país tenía la total libertad de decidir el modo de crecimiento de la matrícula. Fue una decisión política.
Continúa La Tercera señalando que la mayoría de los aportes a la educación superior buscan el lucro, por tanto, prohibirlo más eficazmente haría inviable la inversión privada en educación superior: sólo quedaría como opción el Estado. Dicho en simple, el lucro, al ser garantía de participación de privados, es también garantía de libertad de enseñanza.
La Tercera obvia que los sectores que demandan una educación especial frente a la del Estado lo hacen por sus contenidos (religiosa, experimental, etc.), no por la posibilidad de lucrar. Ponen el acento de la libertad en la “educación” y no en extraer ganancias de ella. Los “expertos” saben muy bien que el debate sobre libertad de enseñanza no tiene que ver centralmente con el lucro, ni para bien, ni para mal. Miremos un poco la historia: las instituciones privadas que impartieron en el siglo XX educación alternativa a la pública no le plantearon al Estado que les permita lucrar con su inversión. Es justamente lo contrario: le han pedido recursos para funcionar. ¿Quiere decir entonces La Tercera que durante todo el siglo XX en Chile, al ser la educación financiada fundamentalmente por el Estado y no generar lucro, no existía libertad de enseñanza? Tal sentencia sería insostenible para los defensores serios del sistema educacional chileno. En realidad, lo que defiende La Tercera no es la “libertad de enseñanza”. Pero tiene razón en algo: si se elimina el lucro, no hay incentivo para la inversión privada como la entendemos en cualquier mercado. Lo que pasa, entonces, es que defiende la “libertad de empresa en el plano educacional”. Y eso es otra cosa. Más allá de las fintas, La Tercera repite el mismo argumento de Piñera sin alterar su sustancia: la educación es un mercado, por lo tanto, es antinatura proscribir el lucro.
Después de intentar mostrar el lucro como garantía de libertad de enseñanza, y conseguir únicamente repetir la tesis Piñera del “bien de consumo”, La Tercera intenta asociarlo con la articulación de calidad y cobertura, es decir, con otro fin público.
Acá el editorialista se encuentra de nuevo en tierras pantanosas. Muchos sectores de la propia derecha saben que las universidades con fines de lucro no son las mejores. La Tercera lo reconoce, y sugiere que en realidad aportan al país expandiendo la matrícula. Con este argumento, el editorialista no sólo no se mueve hacia delante —repite de hecho lo que ya dijo al comienzo— sino que da un paso atrás. Y con eso ayuda al movimiento estudiantil. Le concede la veracidad de uno de sus principales reclamos: el lucro siempre irá contra la calidad, puesto que de existir, hay dineros generados por la educación que no se reinvierten en educación.
Al final del día, la defensa del lucro por parte se reduce a esto: el lucro es el modo principal en que funciona el sector privado, si el sistema es fundamentalmente privado, que no haya lucro es una distorsión. Y aunque el privatismo lucrativo no nos lleve a la mejor calidad, es la única forma en que se puede crecer. O sea, el mismo planteamiento de Piñera que lo tiene estancado en un apoyo cercano al tercio o al cuarto de la sociedad chilena: la educación es un bien de mercado.
Si alguien de verdad quiere defender el lucro, estos argumentos le recomiendan optar por el silencio.
Por esto, el ministro Beyer se ha quedado en resquicios jurídicos en su defensa ante la Cámara, en lugar de levantar la bandera de la libertad supuestamente vulnerada. Y, por lo mismo, Brunner se limita a decir que “el país ya decidió” que existiera lucro en educación.
Los defensores explícitos del lucro están abandonados a su suerte. Tal como en su momento la derecha dejó de reivindicar a Pinochet, hoy los pesos pesados del modelo intentan esconderse del lucro. Por supuesto, lo siguen defendiendo en los hechos, después de todo, ya sabemos lo que El Mercurio y la Concertación hicieron para que el tirano no fuese juzgado. Pero nadie ya reivindica un valor en él. La Tercera, en un intento por dar densidad intelectual a la discusión, lidera justamente lo contrario: un nuevo moreirismo que sigue aferrado al pasado nostálgico en que un par de frases tecnocratizantes lanzadas desde los principales periódicos bastaban para ser verdad social, sin esmerarse mucho en que fueran coherentes. Pero ya no es así. Sin darse cuenta, los modernos y tecnocráticos adalides del lucro en educación pasan rápidamente a formar parte de los medievales Hermógenes, de los Moreira, de los Sabat, de los Labbé, encontrándose juntos en la papelera de reciclaje del neoliberalismo chileno.
