Opinión
Muy poco se ha discutido sobre la relación entre educación y trabajo. Tanto la calidad de la educación como su condición de derecho universal, se pueden interpretar desde el punto de vista de su fin. Si se quiere lograr una Universidad Pública, Gratuita y de Excelencia para generar trabajadores de altos conocimientos en puestos de baja calificación, se estará formando un ciudadano de baja intensidad democrática que será subempleado.
Uno de los argumentos más recurrentes para defender el lucro en la educación superior, ha sido la capacidad expansiva del sistema privado dado el importante aumento de la matrícula. Así lo explica el diario La Tercera en su editorial del 31 de marzo pasado: “El enorme crecimiento que ha tenido la oferta de carreras universitarias en Chile ha sido posible sólo gracias a que los privados han destinado cuantiosos recursos a invertir en infraestructura”.
La capacidad expansiva ha significado que la matrícula en educación superior tenga en la actualidad una cobertura cercana al 50 % de los jóvenes en edad de estudiar. De este grupo, un 70 % corresponde a la primera generación de sus hogares que alcanza estudios superiores. Por lo tanto, uno de los efectos más relevantes de la Educación Superior para los hogares, es que se transforma en una credencial para la inserción laboral, permitiendo el acceso a puestos de trabajo más calificados y, por lo tanto, de mayores ingresos y mejor calidad de vida. Esta ha sido la promesa que confirió, junto al acceso masivo al consumo vía expansión del crédito, la masiva adhesión y legitimidad a un modelo que produce desigualdad.
Pero según algunos sectores, esta promesa sería la que no estaría siendo cumplida, lo que habría provocado las movilizaciones estudiantiles en 2011. Esto se explicaría porque el pago de la educación genera una pesada carga económica familiar e hipoteca el futuro laboral del estudiante. Algo similar ocurre con la calidad de la educación recibida: la expansión ha tenido un alto costo en las prestaciones educacionales entregadas, generando instituciones educativas de primer y segundo nivel. Porque cuando la motivación principal es lucrar, no se tienen incentivos para invertir en una mejor calidad educativa.
[cita]Muy poco se ha discutido sobre la relación entre educación y trabajo. Tanto la calidad de la educación como su condición de derecho universal, se pueden interpretar desde el punto de vista de su fin. Si se quiere lograr una universidad pública, gratuita y de excelencia para generar trabajadores de altos conocimientos en puestos de baja calificación, se estará formando un ciudadano de baja intensidad democrática que será subempleado.[/cita]
La discusión ha llevado incluso a incorporar la demanda de una reforma tributaria y de la nacionalización de recursos naturales para financiar una educación gratuita y de excelencia. Sin embargo, al igual que las declaraciones de Andrés Santa Cruz (presidente de la CPC), quien afirmó que el salario mínimo no es una cuestión ética sino que económica, la educación superior no es sólo un tema de distinciones de buena o mala calidad; prestación privada o pública; de una política subsidiaria o una política universal, sino que también cumple una función productiva y social.
Muy poco se ha discutido sobre la relación entre educación y trabajo. Tanto la calidad de la educación como su condición de derecho universal, se pueden interpretar desde el punto de vista de su fin. Si se quiere lograr una universidad pública, gratuita y de excelencia para generar trabajadores de altos conocimientos en puestos de baja calificación, se estará formando un ciudadano de baja intensidad democrática que será subempleado. Por eso, si los puestos de trabajo son de bajos salarios y baja productividad, la Reforma Educativa pierde todo sentido emancipador y democratizante, ya que el trabajador sólo podrá “sobrevivir” y dar cuenta de mejoras salariales y/o de condiciones laborales, sin poder acceder a una participación política más general y activa. Por eso, el cambio deberá ser sistémico o no servirá de mucho.
Y en eso, este modelo socioeconómico nos da grandes lecciones. Según Casen, en 1992 el 12,7 % de la población en edad de trabajar tenía estudios superiores completos o incompletos, mientras que para el 2011 este grupo era el 23,3 %. Esto significa que en la actualidad tenemos una población potencialmente trabajadora con la mayor educación de la historia de este país. Si observamos la variación total de empleos entre 1992 y el 2011, se constata que el 56 % corresponde a ocupados con educación superior. Por lo tanto, casi 6 de 10 nuevos trabajadores de los últimos 20 años, tiene estudios profesionales o técnicos, aunque no se desempeñen laboralmente como tales y ocupen empleos para los que están sobre calificados.
De lo anterior se desprende que el crecimiento del número de trabajadores que se desempeñan como profesionales o técnicos debería poder absorber el excedente de población con estudios superiores producto del actual sistema que, como se ha argumentado, ha permitido aumentar la matrícula y la cobertura. Comparando mismo período, el porcentaje que corresponde a trabajadores que se desempeñan efectivamente como profesionales o técnicos, en la variación total de ocupados es del 37,2 %. Por lo tanto, menos de 4 de cada 10 nuevos trabajadores son profesionales o técnicos ocupando empleos acorde a su nivel de calificación. Se genera entonces una importante brecha entre los trabajadores profesionales y técnicos que desempeñan labores conforme a su calificación y quienes no lo pueden hacer, ingresando al mercado laboral a través de empleos para los que no fueron preparados.
Las cifras del subempleo profesional avalan lo anterior. En 1992 existía un 25,5 % de ocupados con educación superior finalizada que no se desempeñan como profesional o técnico en el mundo del trabajo, y en 2011 la cifra solo había caído a un 24,7 %. Es decir, una cifra inalterada y estructural, que no ha sido mejorada en 20 años y que pertenece al núcleo mismo del modelo. Éste produce un desfase entre la dinámica de crecimiento de la matrícula de educación superior, los ocupados que tienen tales estudios y los puestos de trabajo para tales calificaciones. Siendo el crecimiento de la matrícula muy superior a la capacidad de crecimiento de los puestos de trabajo para profesionales o técnicos.
Esta situación confirma que se está produciendo una devaluación educativa, donde la credencial de profesional o técnico cada vez “vale” menos. En 1992, el 4,5 % de los pobres eran trabajadores profesionales o técnicos, en 2011 esta cifra aumenta a un 6,6 %. Es decir, relativamente hablando, hoy hay más pobres profesionales o técnicos que hace 22 años.
Al mismo tiempo, si los empresarios utilizan fuerza de trabajo calificada en empleos con menor calificación, se les está regalando productividad. Esto conlleva a un evidente subempleo de las fuerzas productivas de los trabajadores para intervenir en el proceso creativo de producción de valor. Un claro ejemplo de esto es el caso de las Farmacias, en donde se emplea a Químicos Farmacéuticos —con indiscutibles habilidades para transformar la materia y “crear” productos “químicos”— como vendedores calificados. De ciencia avanzada a administración de personal y venta.
A pesar de que la calidad de la formación esté en tela de juicio, existe un excedente de conocimiento y habilidades que se está entregando en bandeja al empresariado. Todo esto ha sido la más grave consecuencia de descuidar la discusión sobre la matriz productiva y la participación impostergable de los trabajadores en decidir sobre su realidad presente y futura. Asimismo, la educación no es sólo un derecho, sino que también un espacio para disputar el modelo socioeconómico que no solamente deseamos o queremos sino que —aún más importante— necesitamos.
