Lo más llamativo, es que un lugar donde la desigualdad se vuelve radical y dramática no esté en el centro de las preocupaciones de quiénes articulan hoy por hoy los programas políticos que pretenden desarrollarse desde La Moneda (y algunos incluso con la etiqueta del cristianismo en sus palabras).
En 1986 irrumpe el segundo disco de la banda chilena “Los Prisioneros”. La octava pista se llama “¿Por qué los ricos?”. Esta canción contiene un coro sardónico que nos inquiere a resolver la cuestión relativa a por qué los ricos tienen derecho a pasarlo tan bien, si son tan imbéciles como los pobres.
Si trasladamos el sentido de este coro de Los Prisioneros a la política criminal chilena actual deberíamos preguntarnos por qué los ricos, que son tan delincuentes como los pobres, tiene derecho a “no pasarlo tan mal” en el sistema carcelario chileno.
La cárcel es un escenario que casi siempre se asocia a un asunto público. Al menos desde que se asume una concepción ilustrada del uso del castigo resulta casi inalterablemente un asunto indudablemente público. Incluso en el contexto del impulso privatizador de la administración de servicios carcelarios desplegada en el siglo XX el castigo penal sigue siendo un asunto que compete a todos, que está en manos del Estado.
El encierro, tal como se ha concebido en tanto asociación a un castigo penal, es un área del derecho en la que se vierten acuerdos políticos de extraordinaria importancia. Piense, por ejemplo, en la constante cantinela de “la puerta giratoria” presente en casi todas las campañas presidenciales en nuestro país desde hace al menos diez años.
Sin embargo, la cárcel está ausente de las candidaturas presidenciales y programas en actual competencia. Lo llamativo es que el problema carcelario no parece tener demasiadas diferencias con lo que parece quedar denotado con el denominado problema de la desigualdad en Chile.
Desde el desembarco de Michelle Bachellet cada candidato ha debido orientar su discurso, en algún sentido, a ofrecer una noción de igualdad para Chile. La idea de “crecimiento con inclusión social” de Longueira es un claro y llamativo ejemplo.
Por otro lado, el frenesí de las reformas a la justicia parece no tener fin, ni para la concertación ni para la derecha: Reforma procesal penal, reforma a los tribunales de familia, reforma laboral y recientemente una agenda de reforma procesal civil han sido los tópicos que se han tomado el debate de diseño de las políticas de administración de justicia en sentido amplio. Mejores instituciones y más eficientes parece ser la consigna.
Sin embargo, la cárcel está constantemente en el olvido. Ese olvido está determinado por la necesidad de intervenir por medio de una política estatal el modo en que las penas se ejecutan. En particular, no existe un plan político claro para a la administración carcelaria y para la ejecución de penas en Chile.
Es casi un lugar común sostener que las cárceles se encuentran atestadas de gente o que las condiciones de los privados de libertad en Chile resultan patentemente indignas, pero es difícil explicar por qué el problema carcelario está, al parecer, pospuesto.
Una posible respuesta viene dada, a mi juicio, por la trivialización que comporta contar con un sistema de condiciones carcelarias de pago.
Hay una serie de decisiones que se toman respecto de las personas que consideramos culpables –esto es, de las personas que han sido condenadas por medio de una sentencia en un proceso penal– que pueden ser denominadas como “ejecución administrativa de la pena”.
En Chile, esta “ejecución administrativa” está centralmente regulada en un decreto supremo: el “Reglamento de Establecimientos Penitenciarios” que consagra la posibilidad de pagar por ciertas condiciones carcelarias en su artículo 22:
“Artículo 22.- En los establecimientos penitenciarios podrán existir departamentos separados para los reclusos que reuniendo los requisitos, deseen permanecer en ellos mediante el pago de una mensualidad, cuyo monto y modalidad se fijarán en la forma prevista en el artículo 116.
Los fondos así recaudados, podrán ser aplicados en beneficio de los internos y de los establecimientos penitenciarios en que estos pensionados existen, reglamentándose por Resolución del Director Nacional de Gendarmería de Chile, los requisitos de ingreso y permanencia, como asimismo, la forma de administración e inversión de los fondos recaudados.
El Director Nacional de Gendarmería de Chile podrá eximir del pago de pensionado en casos calificados y excepcionales y delegar esta facultad en los Jefes de Establecimientos.”
Como puede apreciarse, nuestro sistema carcelario admite que un determinado penado pueda mediante el pago de una mensualidad acceder a mejores condiciones carcelarias.
¿Por qué puede ser relevante este mecanismo frente al problema del abandono de los privados de libertad? La respuesta es por la trivialidad que implican esas condiciones para la “mayoría” de los habitantes.
Lo que pasa en las cárceles chilenas es apreciado por la opinión pública como una clara afectación de la dignidad de las personas, pero es vista además como algo “ajeno” al común de los chilenos. Y es ajeno debido a que la “mayoría” de los chilenos piensa que puede pagar por mejores condiciones.
¿Cómo no iba a pensarlo si la regulación administrativa de la cárcel lo permite? ¿si, además, por todo puede pagarse y mejorar el “servicio”, como lo atestiguan nuestras escuelas, universidades, carreteras y demás?
Lo más llamativo, es que un lugar donde la desigualdad se vuelve radical y dramática no esté en el centro de las preocupaciones de quiénes articulan hoy por hoy los programas políticos que pretenden desarrollarse desde La Moneda (y algunos incluso con la etiqueta del cristianismo en sus palabras).
¿Por qué los pobres?, porque nadie se auto-comprende como pobre, porque lo que allí ocurre es un terror tiránico que acaece sobre “otros”. La cárcel es para los pobres y además para quienes siendo pobres serán considerados invisibles.
*Publicado en Red Seca
