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Asambleístas versus no asambleístas: el falso dilema

por 9 mayo, 2013

¿Es posible una asamblea constituyente? En mi modesta opinión, lo es. El debate sobre la forma de hacerlo, dentro del sistema político constitucional o fuera de este, me parece innecesario. Hacerlo fuera del sistema político, sólo si hablamos en serio y no como mera consigna de comandos, implica partir por disolver el Congreso Nacional que se elige en noviembre próximo. Es en la asamblea donde se radica la soberanía de la Nación.
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Corría el año 2005, y en un evento propio, de un banquete de la Corte de Luis XVI, el entonces Presidente Ricardo Lagos anunció por cadena nacional que chilenos y chilenas teníamos “una Nueva Constitución”. En este mismo diario, en aquella época sostuve que aquello no era cierto, que por el mero cambio de firma no se superaba el carácter vicioso y fraudulento de la misma, que no era más que la expresión de la voluntad de la dictadura militar. En el mismo sentido, en aquella época y aunque no estuviera de moda ni fuera parte de ningún programa, se pronunciaron connotados y eruditos profesores.

Ocho años después nos vemos enfrentado a un dilema falso: asambleístas versus no asambleístas. Intentaré de modo apretado y en pocos caracteres sostener la razón de esta afirmación.

La biblioteca del Senado de la República en agosto del año 2012 presentó un trabajo que realizaron un conjunto de anónimos y competentes investigadores que concluyeron, sólo a modo de ejemplo, que el 11 % de los niños y niñas chilenos menores de quince años de edad trabajaban. El dato era aún más crudo: el 43 % de niños y niñas menores de quince años de los quintiles más pobres trabajaba contra el 0 % de los niñas y niñas de los quintiles más ricos.

 ¿Es posible una asamblea constituyente? En mi modesta opinión, lo es. El debate sobre la forma de hacerlo, dentro del sistema político constitucional o fuera de este, me parece innecesario. Hacerlo fuera del sistema político, sólo si hablamos en serio y no como mera consigna de comandos, implica partir por disolver el Congreso Nacional que se elige en noviembre próximo. Es en la asamblea donde se radica la soberanía de la Nación.

A partir de este trabajo —coincidente con lo que venían desarrollando en las facultades de Ingeniería y Economía de la Universidad de Chile y Universidad Católica— se instaló como un consenso transversal, que la desigualdad constituye la más seria y agresiva afrenta contra el régimen democrático, la amenaza más contingente a la paz social. Un consenso del que se autoexcluyeron los sectores más conservadores, que hoy parecen una caricatura de esa derecha agraria que aplaudió de pie la dictadura militar y justificó las masivas violaciones a los Derechos Humanos.

Hoy no es posible seguir ocultando esta cruda realidad y derrotar la desigualdad ni siquiera está ausente del discurso de la derecha, de sus candidatos Andrés Allamand y Pablo Longueira. Ni siquiera la burda intención de manipulación de las cifras fiscales en la ficha de protección social y en el INE, logra borrar esta verdad vergonzante.

Se sostuvo que la derrota de la desigualdad no era ni viable ni posible con el estrecho traje constitucional hecho a la medida de la Dictadura de autoría de uno de sus más lucidos y brillantes exponentes: el fundador de la UDI, Jaime Guzmán Errázuriz.

Cualquier alumno poco aventajado de una universidad de pizarra podrá apreciar que, las transformaciones requerían del más profundo cambio legal y constitucional: ese era el desafío en la noche del 5 octubre de 1988, lo fue en el pacto de junio de 1989, lo era en la Constitución de Lagos del año 2005 y lo es hoy.

Los chilenos y chilenas en la actual estructura constitucional sólo tienen derechos de libertad e igualdad, pero carecen de la tutela judicial efectiva que les garantice derechos de prestación. Valga sólo un ejemplo: se tiene derecho a elegir donde educar a los hijos, sin embargo carecen del derecho a requerir del Estado protección para que dicha educación sea pública, gratuita y de calidad. No hay, en consecuencia, herramientas constitucionales para impedir que la mediocridad traiga como consecuencia la ventaja económica de unos pocos. Llamaremos a esto lucro.

Del mismo modo carecen de derechos para que se les garantice la salud y menos para que se les garantice un sistema digno de pensiones.

Este consenso expresado en las calles, en las aulas, en los centros de estudios y hoy en las sedes de los comandos, será posible sólo si se producen transformaciones profundas a la estructura constitucional y legal de este país. No hacerlo, no sólo es un error político, sino que, sus detractores se ponen fuera de la historia y lejos de la política.

La Constitución no da para más, así titulé una columna en este mismo medio allá por el año 2003. Su reemplazo real y efectivo hoy es urgente y necesario. Los mecanismos para hacer esta transformación deben ser producto de un debate profundo y transparente, fuera de la comodidad de las aulas y los centros de estudios, sin ambages ni eufemismos, de cara precisamente a aquellos ciudadanos que en los últimos cuarenta años han recibido sólo migajas del Estado.

¿Es posible una asamblea constituyente? En mi modesta opinión lo es. El debate sobre la forma de hacerlo, dentro del sistema político constitucional o fuera de este, me parece innecesario.

Hacerlo fuera del sistema político, sólo si hablamos en serio y no como mera consigna de comandos, implica partir por disolver el Congreso Nacional que se elige en noviembre próximo. Es en la asamblea donde se radica la soberanía de la Nación: el Pueblo de Chile, con representantes que serán diputados que deberán expresar, de modo real y efectivo la diversidad social, cultural, étnica, social y sexual de nuestro país.

A esos representantes de dicha soberanía popular, les deberemos asegurar las condiciones materiales mínimas para que puedan representarnos en esta ágora contemporánea. De lo contrario sería repetir ejemplos malos de reemplazos de estatutos constitucionales extrasistemas, apoyados por grupos económicos interesados o por la fuerza militar, es decir, los pactos de 1833, 1925 y 1980.

Así nuestros constituyentes representarán al Chile que no sale en la televisión, que no tiene mall ni supermercados, en el que los niños caminan una hora para ir a una escuela rural, en el que nuestros viejos deben esperar horas para recibir atención de salud. Provendrán de aquellos que reclaman para sí autonomía territorial, aquella que le hemos negado desde Nueva Imperial en 1989 y a los que les perseguimos aplicando leyes especiales de la dictadura. Por supuesto provendrán de aquéllos que, por su condición sexual no han podido diseñar, de acuerdo a sus propias convicciones, su plan de vida.

Para hablar en serio, nuestros diputados y diputadas constituyentes, para dotarnos de un nuevo 'Pacto Social' sin exclusiones no podrían ser los niños listos de Yale o Harvard.

Este esfuerzo, requerirá, al menos, de todo el período del próximo mandato de quien gane la elección presidencial de noviembre. El próximo gobierno deberá ensayar con creatividad de qué forma se hace cargo de las necesidades reales y urgentes que hoy demandan los chilenos y chilenas. Tendremos que hacer un esfuerzo colectivo, para que, los pobres no sigan siendo pobres mientras discutimos nuestro nuevo pacto. Cualquier otra fórmula no es más que una entera frivolidad, un ensayo grosero de retórica y que sólo quedaría en los anales de aquellos malos programas ochenteros, que se pasan por la televisión abierta.

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