Qué duda cabe, el debate sobre el cambio constitucional está marcando las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales. Ello se refleja en los planteamientos de una buena parte de los sectores sociales y políticos del país, tanto de quienes adhieren a dicho cambio como de sus detractores.
Ello, como sabemos, no es casual, sino el resultado de años de movilización de estudiantes, trabajadores, organizaciones ambientales y de derechos humanos, pueblos indígenas, entre otros, quienes hemos venido sosteniendo que los déficits de participación política, equidad social y étnica, y justicia del país, derivan directamente de la institucionalidad impuesta por la dictadura, y que la única manera de superarlos es a través de un cambio de su piedra angular -la Constitución de 1980-, proponiendo como forma para ello, la conformación de una asamblea constituyente.
Progresivamente, sectores políticos de la actual oposición han pasado a compartir este diagnóstico, aunque no necesariamente la fórmula propuesta desde los movimientos sociales para materializar dicho cambio. El anuncio de Bachelet -la candidata presidencial con más posibilidades de llegar a la Moneda- en torno a la necesidad de que el país se dote de una nueva constitución política, ha generado, querámoslo o no, un nuevo escenario político.
Los detractores del cambio constitucional, han reaccionado con fuerza frente a este escenario político. Ello se ve reflejado en los planteamientos de dirigentes de partidos de gobierno y del propio presidente Piñera, quienes han llamado a sus partidarios a asegurar un numero de parlamentarios suficientes para impedir las reformas constitucionales que un futuro gobierno concertacionista pretenda impulsar. Dicha reacción tampoco es casual, ya que no solo se trata de una institucionalidad que ellos ayudaron a forjar, sino que una que les ha permitido una representación política parlamentaria que no guarda ninguna proporción con el respaldo ciudadano con que cuentan. Lo anterior, además de permitir el enriquecimiento sin límite del empresariado que les apoya, en gran medida basado en la apropiación de los bienes públicos y en la captación forzada de los ahorros previsionales de todos los chilenos que la constitución de 1980 y sus leyes orgánicas, han amparado.
Los anuncios de Bachelet en favor del cambio constitucional, son valorables. Cabe cuestionar, sin embargo, el énfasis que ella ha puesto en la elaboración -a través de un equipo de expertos- de una “propuesta constitucional”, la cual la candidata aspira a que, entre otros aspectos, sea moderna, garantice los derechos de las personas, elimine el sistema binominal y reduzca los quórums hoy existentes para la aprobación de ciertas leyes.
No se trata de que los contenidos de una nueva carta fundamental sean irrelevantes, sino que Bachelet, así como otros candidatos que hoy se plantean favorables a este cambio, no pueden olvidar que en última instancia es el pueblo de Chile -o los pueblos, si consideramos la diversidad étnica que existe en el país- el depositario de la soberanía, y por lo mismo es en él que debe radicar el poder constituyente. Esta, como sabemos, no es una idea nueva, sino por el contrario, una muy antigua y arraigada en el estado liberal surgido de la revolución francesa. En efecto, hace ya más de 200 años la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793, surgida de dicha revolución, disponía en su artículo 28 que: “El pueblo tiene siempre el derecho de revisar, reformar y cambiar la Constitución. Una generación no puede comprometer con sus leyes a generaciones futuras.”
Por lo mismo es que cabe rechazar también iniciativas como la propuesta por parlamentarios de oposición para formar una Comisión Bicameral para el estudio de una reforma a la actual constitución. Esta opción de reforma “desde dentro”, como sabemos, tiene como limitante central el que establece como cuerpo constituyente a un Congreso cuya legitimidad está seriamente cuestionada, puesto que la representación de la ciudadanía en él está limitada por el binominalismo y por una participación política cada vez más limitada.
Instamos por ello a los actores políticos que han asumido conciencia de la urgente necesidad del cambio constitucional, a tener presente que el desafío que tienen en este momento no es el de elaborar propuestas y contenidos de una nueva constitución, por indispensables que éstos parezcan, sino que el de identificar los mecanismos a través de los cuales la futura constitución de que el país se dote sea el resultado de un proceso representativo de la soberanía popular, a través de la cual se plasme un nuevo acuerdo social inclusivo, de todos los sectores/pueblos que habitamos el país, que garantice la profundización de la democracia y de los derechos humanos hacia el futuro.
A pesar de los candados que la constitución de 1980 estableció para el cambio constitucional -sistema binominal, quórum supra mayoritario, y la inexistencia, salvo casos excepcionalísimos, de mecanismos para plebiscitarlos-, es importante mirar la experiencia comparada de otros estados en la región. Experiencias como las de Colombia, Ecuador y Bolivia no solo demuestran que los cambios constitucionales logrados a través de mecanismos constituyentes basados en la soberanía popular han sido posibles, sino además que lejos de conducir al caos, como desde la derecha hoy se señala, han permitido mayores niveles de gobernabilidad democrática, así como la profundización sostenida de la vigencia de los derechos humanos, la equidad y la justicia.
De especial interés en este sentido la experiencia de Colombia, cuya constitución política (1991) fue elaborada por una asamblea constituyente conformada de manera democrática, sin que existiera un mecanismo jurídico institucional que la considerara, y luego refrendada mediante referéndum.
El debate está planteado. Llegó el momento del cambio constitucional. Y no lo podemos hacer sino a través de un proceso constituyente representativo de la soberanía popular.
(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl
