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El malestar y los vendedores de humo

Mauricio Morales Quiroga
Por : Mauricio Morales Quiroga Director del Observatorio Político-Electoral, Universidad Diego Portales
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Los chilenos no demandan un cambio radical de modelo y tampoco les interesa una modificación institucional profunda del sistema político. De acuerdo a la última encuesta UDP, sólo 1 de cada 10 personas dijo que estaría dispuesta a participar en la promoción de una Asamblea Constituyente. No quiero decir que ambas cosas sean irrelevantes. Simplemente, argumento que estas discusiones, frecuentemente ligadas a las preocupaciones y discusiones de la elite, no se ven en absoluto reflejadas en las preocupaciones del ciudadano de a pie.


Existe consenso respecto a que en Chile se experimenta un fuerte malestar con la democracia y con el modelo económico. Para algunos, las movilizaciones estudiantiles reflejaron las ganas de los chilenos por modificar ese modelo, anunciando así una verdadera crisis institucional que antecedería a un cambio de gran magnitud. Para otros, en tanto, esta crisis es de tal envergadura que la única solución razonable sería una Asamblea Constituyente que, mediante un proceso deliberativo y soberano, dé paso a una nueva Constitución. Ambas tesis descansan sobre dos supuestos que, de acuerdo a lo que sostengo más abajo, son falsos o al menos cuestionables (lo que no invalida la buena fe particularmente de quienes claman por una Asamblea Constituyente):

a) que la ciudadanía “demanda” más participación en la toma de decisiones públicas;

b) que la ciudadanía, particularmente luego del movimiento estudiantil, está más “politizada” o, como dirían algunos, más “empoderada”.

Argumentar en contra de estas posturas suena políticamente incorrecto. Hacerlo implica desconocer o minimizar los cambios políticos que generó el movimiento estudiantil y así echar por tierra la tesis de que el modelo chileno se encuentra en plena crisis. Sin embargo, la evidencia empírica disponible no apoya plenamente ninguno de los dos supuestos que mencioné en el párrafo anterior. Los chilenos no demandan un cambio radical de modelo y tampoco les interesa una modificación institucional profunda del sistema político. De acuerdo a la última encuesta UDP, sólo 1 de cada 10 personas dijo que estaría dispuesta a participar en la promoción de una Asamblea Constituyente.

[cita]Los chilenos no demandan un cambio radical de modelo y tampoco les interesa una modificación institucional profunda del sistema político. De acuerdo a la última encuesta UDP, sólo 1 de cada 10 personas dijo que estaría dispuesta a participar en la promoción de una Asamblea Constituyente. No quiero decir que ambas cosas sean irrelevantes. Simplemente, argumento que estas discusiones, frecuentemente ligadas a las preocupaciones y discusiones de la elite, no se ven en absoluto reflejadas en las preocupaciones del ciudadano de a pie.[/cita]

No quiero decir que ambas cosas sean irrelevantes. Simplemente, argumento que estas discusiones, frecuentemente ligadas a las preocupaciones y discusiones de la elite, no se ven en absoluto reflejadas en las preocupaciones del ciudadano de a pie. Decir que estos teman mueven a las masas y que el chileno actual es sustancialmente distinto al de hace 3 ó 4 años es, sencillamente, vender humo. Es muy importante, indispensable diría yo, cambiar las reglas del juego a nivel de sistema electoral para diseñar una norma más competitiva y más proporcional. El problema es que los ciudadanos poco o nada se interesan en política y sólo uno de cada cuatro conoce cómo funciona el sistema electoral binominal (Encuesta UDP, 2013). ¿No será que la elite intelectual está cometiendo el mismo error que nuestros representantes en el Congreso? Es decir, que los temas que ellos colocan en agenda son los que menos le importan a la ciudadanía. Parece que la incongruencia programática no sólo es entre partidos y votantes, sino que también entre los autodenominados intelectuales y el ciudadano común.

Paso a argumentar. Primero, no existe una crisis institucional, sino que una crisis de representación. Acá no está en juego la democracia ni existe peligro de regresión autoritaria. ¿Es estable el sistema político chileno en el contexto latinoamericano? No hay duda que sí. ¿La crisis de representación de Chile es la misma que la de los países latinoamericanos andinos o algunos de Centroamérica? Claramente no. La crisis de representación en esos países, incluyendo México, se traduce en problemas de estatalidad y, en algunos casos, de gobernabilidad. Chile no sufre, hasta ahora, de ninguno de esos problemas. Los fanáticos suelen argumentar, seleccionando la evidencia a la medida de su hipótesis (problema metodológico básico), que las jornadas de protestas indican crisis política y que la ciudadanía se ha ido “empoderando” y “politizando”. En realidad, y para ser justos, las jornadas de protesta, las movilizaciones y las manifestaciones públicas (todas totalmente compatibles con una democracia), pueden ser consideradas, incluso, como indicadores de solidez y consolidación del régimen. Naturalmente, los ciudadanos pueden estar descontentos con los partidos, el gobierno de turno, la educación, la salud, entre otros. Tienen el derecho a protestar, y esto no necesariamente gatilla  problemas de gobernabilidad o de estatalidad. Si se miran los datos de la última encuesta UDP, bajaron todos los porcentajes de predisposición a manifestarse para proteger el medioambiente, para mejorar la educación, y para reivindicar los derechos homosexuales. Estos datos, eso sí, están comparados con 2011, año de las movilizaciones. Es normal su caída, pero también es normal su alza en momentos críticos. De eso se trata, precisamente, el funcionamiento de la democracia. La estabilidad del régimen no se ve afectada por las variaciones de la protesta social que, en algunos países y añadiendo otras condiciones (escándalos, crisis económica, debilitamiento del contingente legislativo del Presidente, entre otras), termina incluso con la destitución de los Presidentes.

Segundo, y siguiendo con el argumento anterior, la crisis de representación explotó mucho antes que lo hiciera el movimiento estudiantil. Los fanáticos sostienen que esta crisis prácticamente fue producto de la estampida estudiantil. Si por crisis de representación entendemos la pérdida de arraigo partidario, la baja participación, y la incongruencia entre lo que piensa y hace la elite y lo que demandan los ciudadanos, esta crisis viene desde fines de los ’90. ¿Puede resistir un régimen con este tipo de crisis? Sí. Muestra de aquello es lo que sucede en algunos países de Europa Occidental. Bien lo retrata el politólogo Russell Dalton. No es que los ciudadanos, al alejarse de los partidos, estén enviando una señal de rechazo absoluto al régimen. Simplemente, no ven en los partidos agencias de canalización de intereses o de movilidad social. Guardando las proporciones, observamos algo similar en Chile. La baja identificación con partidos viene desde mucho antes del movimiento estudiantil, manteniéndose con porcentajes similares en plena etapa de movilizaciones (32 % en 2010; 38 % en 2011; 31 % en 2012; y 35 % en 2013). Lo que sí varió fue la confianza hacia las instituciones, particularmente en Carabineros (por la represión) y la Iglesia Católica (por las denuncias de abusos sexuales). Sin embargo, partidos y tribunales venían con baja confianza desde antes de los estallidos sociales.

Tercero. ¿Es cierto que la gente demanda más participación? La evidencia indica un no rotundo. En la última elección municipal la participación bajó en cerca de 15 puntos, equivalente a un millón de votos menos que en 2008. La predisposición a participar en primarias, de acuerdo a la última encuesta UDP, no sobrepasa el tercio de la población. En las primarias de la Concertación para elegir sus candidatos a alcalde en 142 comunas participó alrededor del 10% del total de personas habilitadas para votar. Luego, ¿es verdad que producto de las movilizaciones de 2011 la politización aumentó bruscamente? Sobre esto puede existir más debate, pero la afirmación no es totalmente cierta. Según los datos de la encuesta UDP, el interés en la política se mantuvo en torno al 15 %, y la identificación con partidos, coaliciones y tercios ha variado mínimamente, sin perjuicio de que en 2011 se haya producido un aumento de la gente que se identificaba con los tradicionales tercios.

¿Qué sucede entonces?, ¿de qué se trata este malestar ciudadano?, ¿hay efectivamente una crisis del modelo y una demanda por una nueva Constitución?, ¿el chileno de hoy está efectivamente más “empoderado”, “consciente”, o “demandante” respecto al período previo a las movilizaciones? No existe evidencia para responder afirmativamente ninguna de estas preguntas. Vuelvo a repetir que el hecho de que existan movilizaciones o jornadas de protesta puede indicar consolidación más que crisis de régimen. Lo que sí anhelan sistemáticamente los chilenos es mayor protección y seguridad. Es muy evidente que nos joden con los precios de los medicamentos en las farmacias, con la repactación unilateral de deudas en las multitiendas, con el ineficiente servicio de agua o luz, con universidades que producen profesionales de mala calidad y que más encima lucran. Además, no sólo nos joden en el corto plazo, sino que también en el largo plazo. Las AFP, mes a mes, nos notifican que nos joden por cualquier crisis económica internacional y que nuestros fondos seguirán bajando. O sea, sabemos que nos joden y que nos seguirán jodiendo. Esto explica por qué existe una demanda tan fuerte por mayor presencia del Estado. No es que la gente, por pedir más Estado, sea de izquierda. Simplemente, demanda protección. Y para eso no se requiere de un derrumbe del modelo y tampoco de una nueva Constitución. El desafío pasa por hacer más eficientes las instituciones encargadas de fiscalizar, vigilar y sancionar a los abusadores. Ahí está el problema más importante que cualquier político razonable debiese enfrentar. Es más. Casi el 80% de los chilenos según la última encuesta UDP cree que es posible que una persona pobre prospere, y 3 de cada 4 (cifra similar a 2005) está satisfecho con su vida. Es decir, las expectativas son extraordinariamente altas, y los ciudadanos tienen una sensación de progreso. No obstante, el clamor por mayor protección es fuerte y claro. A esto se suma que los problemas más importantes para las personas están en la esfera privada y tienen que ver con su situación económica, la salud y la familia. La situación económica y política del país le es casi irrelevante. Aunque suene majadero, vuelvo a subrayar que la reforma al sistema político chileno es necesaria, pero a la gente no le interesa o, al menos, no está entre sus prioridades.

Seguir en la lógica de la venta de humo no hará más que distanciar a los ciudadanos de la política. Si los políticos ya están distanciados, parece que los autodenominados intelectuales también. Los grandes relatos son útiles, pero sin soluciones específicas para problemas puntuales, la discusión seguirá encajonada en la elite. Lo dijo Ricarte Soto al encabezar la marcha de los enfermos: hablarle a la gente sobre reforma a la salud suena muy abstracto. Es mucho más útil y urgente transparentar el precio de los medicamentos y ayudar a quienes enfrentan enfermedades catastróficas. En definitiva, esto no se trata simplemente de eliminar las colas en los consultorios (re-editando al Lavín de 1999) o de entregar una educación de calidad evitando el lucro. Acá el desafío es mucho mayor y consiste en equilibrar la balanza a favor de quienes tienen menos recursos. Hacer esto implica conocer el detalle de la demanda ciudadana. No se trata de subir al Olimpo a buscar las grandes respuestas. Los autodenominados intelectuales, que naturalmente hablan desde el palco, cometen el mismo error de quienes hoy por hoy son objeto (a veces merecidamente) de bullying. Me refiero a los congresistas. Las propuestas que formulan son tan elevadas y abstractas, que a la ciudadanía no le hacen sentido. Esto genera aún más distancia entre ciudadanos y política. En consecuencia, lo que se requiere es una traducción muy concreta de las demandas. De lo contrario, y de seguir con la venta de humo, asistiremos nuevamente a la gran paradoja de nuestro modelo: ver más gente en el mall comprando, que en un local de votación ejerciendo su derecho a sufragio.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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