El “Plan Maestro de Transportes para Santiago 2025”, presentado recientemente por la cartera del ramo, es otra señal muy preocupante: su puesta en marcha disminuirá la conectividad y aumentará las zonas de congestión.
Recientemente, el Presidente Sebastián Piñera recibió el Informe de Política Nacional de Desarrollo Urbano, que elaboró la Comisión Asesora Presidencial de Planificación Urbana, a cargo de Antonia Lehmann, Premio Nacional de Arquitectura, y José Ramón Ugarte, ex presidente del Colegio de Arquitectos, con académicos y expertos en temas urbanísticos que fueron convocados en abril de 2012.
En la oportunidad, el Mandatario señaló que “cuando uno recorre nuestras ciudades se da cuenta perfectamente bien que si hubiéramos puesto un poco más de cabeza, corazón y compromiso, las ciudades serían mucho mejores que lo que son”.
El informe articula los ámbitos conceptuales de integración social, desarrollo económico, equilibrio ambiental, identidad y patrimonio. Asimismo, plantea una “condición necesaria» para su implementación: un “cambio de paradigma”, desde la intervención dispersa, descoordinada y reactiva de los diversos actores y del Gobierno Central, hacia una política orientada a establecer un sistema eficaz de toma de decisiones sobre las ciudades, basado en los conceptos de descentralización, planificación integrada y participación.
Los contenidos del informe son coincidentes con las preocupaciones y las propuestas que hemos planteado los ciudadanos comprometidos por un crecimiento de las ciudades del país que ha estado caracterizado por la ausencia de planificación, participación ciudadana y sustentabilidad, como resultado evidente de la concepción neoliberal del desarrollo que ha prevalecido en la agenda pública.
Sin embargo, tenemos razones fundadas para no estar completamente optimistas.
En primer término, el propio Informe, en su parte final, consigna tres “prevenciones” que fueron hechas por la Cámara Chilena de la Construcción sobre materias en los cuales no estuvo de acuerdo: una “posible actividad empresarial del Estado”, la que a su juicio debe estar limitada exclusivamente al sector privado; el establecimiento de tributos adicionales; y “ambigüedades” respecto de la calidad de la arquitectura, protección del paisaje y temas patrimoniales, que según la entidad empresarial podrían generar restricciones que afecten la certeza jurídica de los proyectos. La fragilidad del compromiso del sector privado, la persistencia del viejo paradigma, es una debilidad evidente en este camino.
Por otra parte, el texto no producirá efecto concreto alguno sin contar con una voluntad política concreta para traducir sus proposiciones en instrumentos jurídicos que permitan su aplicación, desde decretos y resoluciones administrativas, hasta proyectos de ley. Es obvio que esta Política Nacional de Desarrollo Urbano requiere profundos cambios legales e institucionales, desde el fortalecimiento de los gobiernos regionales, pasando por una fusión o articulación de ministerios que operan descoordinadamente, hasta la creación de instrumentos que permitan que la vivienda se planifique con los servicios y el transporte, en un marco de participación ciudadana.
En este contexto, es particularmente pertinente recordar la propuesta formulada por este Alcalde en el sentido de establecer una autoridad única en los espacios regionales, para articular en forma intersectorial la institucionalidad pública y los servicios, para planificar y coordinar en forma armónica el crecimiento territorial.
Lo más preocupante respecto a la nueva Política de Desarrollo Urbano es que, de acuerdo a informaciones públicamente conocidas, el compromiso del Ejecutivo con la Comisión que trabajó en su diseño fue más bien débil. El Ministerio de Obras Públicas nunca asistió y el Ministerio de Transportes tuvo una participación de baja intensidad y además formuló una política propia y paralela.
Tampoco parece una señal positiva y consistente con la preocupación declarada por el Primer Mandatario, que el Gobierno pretenda insistir, una vez más, en la modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS 100), el que pretende ampliar en 10 mil hectáreas la expansión urbana de la región. Esto, en circunstancias que nuestra legislación ambiental estableció un sistema de Evaluación Ambiental Estratégica que no se aplicó en este caso y de la preocupación de diversos sectores de nuestra sociedad civil respecto de los eventuales impactos negativos que provocará esta medida.
El “Plan Maestro de Transportes para Santiago 2025”, presentado recientemente por la cartera del ramo, es otra señal muy preocupante: su puesta en marcha disminuirá la conectividad y aumentará las zonas de congestión. El diseño del plan se realizó sin una mirada intersectorial e integral, sin contemplar participación ciudadana y de los gobiernos locales. En el caso específico de Maipú, no se consideró la proyección plasmada en su plan maestro local “Maipú, ciudad integrada y conectada”.
El Informe de Política Nacional de Desarrollo Urbano es un aporte significativo. Pero habrá que trabajar más para que no sea una mera oportunidad pérdida. Nos parece que aún hay enormes desafíos para transitar a ciudades construidas con sustentabilidad, integración urbana y planificación territorial, resguardo del patrimonio y participación ciudadana. Se trata de construir una ciudad justa, amable y humana: en definitiva, una ciudad feliz, en que la felicidad de todas y todos es producto de una concepción integral del desarrollo.
