EDITORIAL
Es una receta muy tradicional de la derecha someter los procesos electorales adversos o los momentos de cambio y movilización social, a la tensión y el temor de la ciudadanía, bajo la premisa de que algo malo puede suceder, siendo generalmente los peligros para la economía y el bienestar de la población.
El país ve cómo en el precalentamiento de la campaña electoral el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, introdujo expresamente la política del miedo en el debate presidencial. Rompió así de forma abrupta la regla implícita del cargo de que los ministros de Hacienda no hablan ni se mezclan en política contingente, la cual hasta ahora ha sido uno de los pilares del funcionamiento del modelo desde 1990.
Sus dichos no pueden entenderse como una preocupación puramente técnica y sin un efecto político calculado. Sus palabras obedecen a una decisión política adoptada por el oficialismo de utilizar el miedo de la población a un desastre económico, para así paliar la eventualidad de una mala perfomance electoral a fines de año.
El 22 de marzo de este año, el ministro recibió al comité ejecutivo de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), encabezada por su nuevo presidente, Andrés Santa Cruz, y al final de la cita declaró haber compartido con los empresarios “una visión sobre el buen momento económico de nuestro país pero (también) que tenemos desafíos importantes en el ámbito cambiario, fundamentalmente para el sector agrícola e industrial, y energético, algo que es transversal a todas las ramas productivas”. Nada de crisis de inversión.
[cita]Lo que se persigue es aquietar a la sociedad mediante el temor y obligarla a que acepte situaciones que en un marco normal de circunstancias políticas serían rechazadas. El miedo se transforma así en un disciplinador social que instala un estado de alarma que altera la libertad y la democracia, y contiene y condiciona el comportamiento colectivo en defensa del statu quo.[/cita]
Dos meses y medio después, ante el mismo tipo de auditorio, ahora ampliado, pues se trataba del Encuentro Nacional del Comercio 2013, sostuvo que “la inversión responde a las señales” y apuntó directamente a “algunas propuestas de los candidatos de la Concertación y el Partido Comunista (que) están elevando la incertidumbre y afectando la inversión”, como la asamblea constituyente, una AFP estatal y fuertes alzas de impuestos.
Es una receta muy tradicional de la derecha someter los procesos electorales adversos o los momentos de cambio y movilización social, a la tensión y el temor de la ciudadanía, bajo la premisa de que algo malo puede suceder, aludiendo generalmente a los peligros para la economía y el bienestar de la población.
Lo que se persigue es aquietar a la sociedad mediante el temor y obligarla a que acepte situaciones que en un marco normal de circunstancias políticas serían rechazadas. El miedo se transforma así en un disciplinador social que instala un estado de alarma que altera la libertad y la democracia, y contiene y condiciona el comportamiento colectivo en defensa del statu quo.
De ahí que lo actuado por el ministro se enmarca en una alusión directa a que si hay cambios habrá intranquilidad y recesión económica, lo mismo que hoy prácticamente se le puede oír a todos los dirigentes políticos oficialistas.
Ojalá el comportamiento de la economía fuera tan simple, o admitiera una explicación de esta naturaleza, pues entonces las cosas serían más fáciles. Hacer lo que hace el ministro, es invitar a debatir los hechos duros de la economía política simplemente como ideología y no como lo que debe ser, esto es un ejercicio templado y equilibrado de sus componentes técnicos y políticos para su conducción macro.
En el actual escenario es clave tener presente que durante el primer trimestre la economía tuvo su menor crecimiento en casi tres años, es decir desde el tercer trimestre de 2011, y con una tasa por debajo del 4,5 % anticipado por el mercado.
La mayor preocupación de los analistas se ha concentrado en la eventualidad de un desplome de la inversión, lo que concuerda en parte con el ministro, ya que se contrajo a la mitad de lo que aumentó en el cuarto trimestre del año pasado.
Pero sería un error salir a buscar las causas en la campaña presidencial. Lo principal está en la baja en el precio del cobre, combinada con altos costos de energía y judicializaciones en el sector por razones ambientales, y en la posible existencia de una burbuja inmobiliaria ya advertida por el Banco Central y que habría encontrado oídos perceptivos en la banca y las constructoras.
Por cierto, también influye la eventualidad de un alza impositiva o posibles cambios regulatorios en la salud y la previsión, en la medida que en el escenario actual solo se mueven titulares y ningún desarrollo en las ideas.
Pero tales datos ya estaban en manos del ministro de Hacienda cuando en marzo se reunió con la directiva de la CPC y, sin embargo, se mostró cautamente optimista. Los mismos o parecidos datos se mantienen dos meses después, por lo que se puede sostener que nada ha cambiado sustancialmente, excepto las expectativas y el lenguaje político tanto del oficialismo como de la oposición, y de ahí las referencias a la asamblea constituyente o la AFP estatal.
El cambio más crudo provino del lenguaje y la actitud del actual ministro de Hacienda, quien rompió la tradición desde 1990 hacia acá, y reinauguró un tipo de discurso político que en democracia no se veía desde 1970. Fuerte golpe al modelo que dice defender.
