Hemos visto en los últimos días cómo la aparentemente desproporcionada detención y prisión preventiva de Manuel Lagos ha dado lugar a una intensa campaña de apoyo a su situación procesal y a una secuencia de críticas a la Ley 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
Desde lejos, puede verse que la situación que afecta a Manuel Lagos parece desproporcionada: el mantenimiento de una persona en prisión preventiva por alrededor de un mes (a esta fecha) resulta un exceso atendiendo simplemente a la necesidad de cautela del proceso. Esto evidentemente es resorte de sus abogados y serán ellos quienes ofrezcan en los tribunales las razones por las cuales esta desproporción debe terminar.
Sin perjuicio de la razonabilidad del reclamo que se ha levantado en el caso de Manuel Lagos, quiero llamar la atención sobre la cantinela llevada adelante por periodistas, actores y recientemente un grupo de parlamentarios, en orden a sostener la injusticia in se de la Ley 20.000 y recordarnos que “todos somos Manuel”, es decir, que todos compartimos esta injusticia en nuestro sistema penal.
Cabe, al respecto, preguntar ¿cuántos casos de prisiones preventivas por aplicación de la Ley 20.000 se producen cada año? Si apreciamos los datos del sistema, podemos determinar que un 28,5 % del total de imputados por delitos contemplados en dicha ley reciben una medida cautelar de prisión preventiva (véase el Informe Estadístico Anual de la Defensoría Penal Pública del año 2012).
Lo llamativo es que de este universo de personas el 18,7 % resulta absuelta de los cargos que se formulan en su contra: son materialmente inocentes.
Detrás del robo, este grupo de delitos es el segundo a nivel nacional en el que se producen esta clase de errores (imputados que permanecen en prisión preventiva sin que merezcan ser condenados).
¿Cuáles son los nombres de estas personas? ¿Quiénes son? Es claro que respecto de ninguno de ellos tenemos noticias claras debido a que no contamos con una campaña mediática como la que se ha impulsado a propósito el caso de Manuel Lagos. Ellos no tienen tiempo en los noticieros ni en la radio y no reciben visitas ilustres en sus celdas.
Es evidente que el reclamo que ampara la campaña puede ser tenido por razonable: la política de persecución de drogas en Chile es intensa y en esa intensidad pueden generarse una serie de problemas de proporcionalidad.
El problema es que existen miles de personas que padecen esta forma de persecución y que respecto de ellos nada se dice, nada se observa. La Ley 20.000 puede ser considerada una ley injusta, pero no por la prisión preventiva que padece Manuel Lagos, sino por la intensidad que persigue las conductas alrededor de ciertas drogas. Su caso es uno entre miles en el que la injusticia puede develarse.
¿Acaso recién ahora podemos plantearnos esas 42 preguntas sobre la Ley 20.000? Para ese 18,7 % de imputados que estuvieron en prisión preventiva el año 2012 para luego ser absueltos el asunto no es el “autocultivo”, la porosidad del concepto de “pequeña cantidad” o el problema de los “indicios” que está en el centro de los debates interpretativos de la mencionada ley. El problema para ellos es la exclusión y la irrelevancia que sus casos tienen para la discusión pública.
Esta semana Manuel Lagos recibió la visita de un grupo de parlamentarios en apoyo a su situación. ¿Recién ahora los congresistas han advertido esta situación injusta? ¿Solo a propósito de una campaña de los medios de comunicación se advierte el exceso de persecución? ¿Es éste un caso límite que muestra este exceso?
Frente al enorme grupo de personas que en este mismo instante padecen en este contexto no queda más que decir, lamentablemente, que “no todos somos Manuel Lagos”.
(*) Publicado en Red Seca
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