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La democracia en riesgo y los riesgos de la democracia

por 20 julio, 2013

La democracia está en riesgo cuando a propósito de movilizaciones populares ocurre un Golpe de Estado que aparentemente es efecto de esas mismas movilizaciones y la democracia hace correr riesgos a la sociedad cuando en el ejercicio del poder de las autoridades políticas, aunque tengan origen en la soberanía popular, no procesan adecuadamente los conflictos y demandas sociales.
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Hemos aprendido que la democracia es el gobierno de las mayorías y que su legitimidad proviene del ejercicio de la soberanía popular. También, que las elecciones libres e informadas son las que generan las autoridades legítimas en la democracia representativa. Churchill estableció que si bien la democracia representativa no era un sistema perfecto, era el mejor que hasta ese momento la humanidad ha conocido.

En el sistema de democracia representativa cabe distinguir los momentos en que se realizan elecciones del propio proceso de ejercicio de la autoridad política por parte de los poderes del Estado – Ejecutivo y legislativo- y especialmente del gobierno.  Esto por cuanto, la noción de gobernabilidad en un régimen democrático implica que los gobiernos en su gestión para ser efectivamente representativos del Estado, y no solo de los triunfadores de una elección, deberían respetar a las minorías.

Bajo esta concepción, las demandas sociales que pueden ser de minorías o de mayorías constituidas a propósito de problemas específicos, no tendrían por qué ser, necesariamente, un problema. Sin embargo, los cambios de magnitud y calidad las movilizaciones de estos sectores han devenido en crisis institucionales y claramente han evidenciado las crisis de legitimidad del Estado y de su forma de organización política.  Cada país con lo suyo, Chile con la educación, Brasil con la corrupción, Egipto y Turquía con los intentos de generalización de normas islámicas para una población laica e informada.

El factor común de estos fenómenos es que los gobiernos mencionados son democráticos en su origen y como tales, todos ellos cuentan con la legalidad para respaldar su ejercicio.  Sin embargo, se observa que las movilizaciones corresponden a sectores de la sociedad, generalmente más informados, y que interpelan de manera masiva al Estado, por cuestiones que apareciendo sectoriales o particulares, apuntan a problemas de orden estructural.

(i)       Porque el lucro en la educación en sociedades pobres, al ampliar la cobertura de un negocio ha significado sacrificar la calidad y además ha provocado el endeudamiento de miles de familias.  Esta modalidad de organizar la educación ha tenido como resultado que los estudiantes asisten a establecimientos de mala calidad, que segregan por estrato de ingresos y que luego de egresados se les dificulte su inserción laboral y eternizándose su condición de deudores.  Con esta práctica educativa se frustra la expectativa de movilidad social que es el argumento con que los sectores conservadores buscan hacer compatibles el crecimiento económico con la mala distribución de ingresos.

(ii)    Porque la inadecuada asignación de recursos materializada en inversiones en obras públicas- por no corresponder a prioridades sociales- abre la sospecha no solo respecto de los montos involucrados o a su pertinencia sino que también, proporciona las condiciones para que afloren dudas en relación con los procedimientos utilizados para seleccionar las firmas que ejecutan esos proyectos.  Todo esto en el marco de ciudadanos que en su dimensión de consumidores expresan su malestar ante los abusos de las grandes empresas e incluso ante  la deficiente provisión de servicios sociales

(iii)   También, en algunas sociedades del Medio Oriente se ha observado que algunos gobiernos han pretendido imponer normas y hábitos de conducta correspondientes a ciertas corrientes religiosas a grandes grupos de población laica e informada.  Esta clara confusión entre Estado e iglesia ha significado que multitudes repudien esa forma de gobierno.  No obstante, aunque esas movilizaciones sean masivas pueden seguir correspondiendo a minorías electorales.  Abordar estos  desafíos, significa aceptar que la gobernabilidad implica cultivar cotidianamente la legitimidad.

En Egipto, que el gobierno de Morci no haya incorporado este elemento en su ejercicio del poder implicó un golpe de Estado, que es la negación de la democracia. Por esto, es necesario prestar atención a la democracia como sistema político pues los conflictos, movilizaciones y desenlaces violentos, requieren un tratamiento específico y no genérico.

En la superestructura gramsciana los instrumentos ideológicos del Estado y de las clases dominantes, se bastaban para producir la hegemonía.  En Chile lo vivimos en 20 años de gobiernos de la Concertación, donde los grupos de presión, básicamente representantes de los sectores dominantes en lo económico e ideológico, lograban sin demasiados esfuerzos, transmitir la sensación de legitimidad de la institucionalidad y establecían cuales eran los cursos de acción tolerable para la política pública.  Más aún, después de 24 años de democracia incompleta en su expresión de la soberanía popular, sigue operando una Constitución Política y un sistema político que de manera muy gradual y lenta ha podido eliminar las instituciones de los senadores institucionales (designados), aunque persiste el sistema electoral binominal y los quorums inalcanzables.  Así es mayoritaria dentro de la élite que se preocupa por el ordenamiento jurídico institucional del Estado que la Constitución del 80 es ilegítima.

A propósito de las movilizaciones mencionadas se observa que la forma histórica de transmitir legitimidad para ejercer hegemonía muestra insuficiencias. De esta constatación surge la hipótesis de que en esta época los medios de comunicación se han tornado más amplios y profundos y por tanto compiten como mecanismos de socialización en aspectos que son vitales para explicar el consentimiento social a los sistemas políticos.  Lo que se observa como proceso y que no parece declinar como tendencia es que ciertos sectores sociales han amplificado su capacidad de convocatoria y movilización a partir del acceso y uso de artefactos propios de la modernización, tales como los medios tecnológicos que potencian la comunicación digital los que, además, han facilitado la expresión de discursos secularizados que estaban excluidos de los contenidos de los medios de difusión masivos.

Aunque se pueda discutir hasta dónde las demandas representan el malestar social ante gobiernos ideologizados o cuál puede ser el alcance de los medios de comunicación digitales, si cabe tener presente que ambas condiciones constituyen tendencias en curso que además cada vez se observa que están más incorporadas en la actividad de ciertos sectores sociales. Lo anterior explica que lo político institucional muestre mayor sensibilidad ante las movilizaciones sociales.

Pero, qué ocurre, cuando los gobiernos, aunque sean democráticos, no tienen en cuenta las propuestas o resistencias de minorías masivas que no son silenciosas ni están quietas.  En tales casos se abren situaciones críticas como las de Egipto en que aparecen soluciones de fuerza y donde el sector movilizado, que no fue mayoría electoral, induce y celebra un Golpe de Estado.  Hoy se transita en el riesgo de una guerra civil, pues el Golpe de Estado agudizó el conflicto ideológico.  Aunque se pueda compartir el juicio acerca de que la gestión  del Gobierno de Morsi tiene responsabilidad en no haber atendido las demandas sociales que se expresaban pública y cotidianamente, el Golpe de Estado es extremadamente más grave y letal para la población y sin duda constituye un retroceso democrático.

Hoy en Chile se plantea redactar una nueva Constitución, a través de procedimientos que dependerán del peso electoral de la Nueva Mayoría. No obstante, más allá del mecanismo que la haga viable institucionalmente, lo que queda expuesto es la necesidad de resolver esta encrucijada, pues se ha abierto la expectativa social de que los cambios constitucionales son posibles dentro de la actual institucionalidad.  Reflexionar esta dinámica social, no será solo responsabilidad del gobierno que sea elegido, sino también de los sectores políticos que han mostrado gran rigidez para cambiar el sistema político electoral así como también deberían cambiar su actitud de rigidez para responder ante las demandas de los cambios sistémicos que forman parte de la propuesta de una nueva constitución.

Por esta razón, la propuesta presentada por un grupo de senadores es completamente insuficiente, pues supone que el problema se soluciona ampliando la proporcionalidad electoral en ciertos y determinados distritos o circunscripciones electorales.

Para aclarar los términos del debate, la disyuntiva no es la construcción del socialismo dentro de la institucionalidad, como en los años setenta del siglo pasado.  En esta situación y con el actual avance de la convivencia social en Chile, resolver estas demandas significa solo que el sistema político se haga efectivamente democrático, para lo cual es necesario desatar las trabas que impiden resolver con apego al interés de las mayorías no solo lo referido al sistema electoral sino que también modificar las concepciones conservadoras que prevalecen acerca del rol del Estado, lo que es imprescindible en una sociedad que cada vez, con más y mejor información exige mayores derechos.

Nada garantiza que los cambios institucionales convenzan y satisfagan las demandas sectoriales profundas.  Sin embargo, podrían permitir que el sistema político reaccione preventivamente ante un riesgo que como el mundo lo ilustra, está presente.

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