La ministra de educación, Carolina Schmidt, dio a conocer algunos datos sobre la integración de estudiantes con necesidades educativas especiales a la educación común. De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad: “si en 2009 había 68.117 matrículas, hoy esa cifra llega a los 210.331 niños”. Si bien esto puede ser un motivo de celebración, convendría mantener cierta cautela a la hora de sacar conclusiones muy auspiciosas sobre esta situación.
En primer lugar, porque de acuerdo a las cifras oficiales del Mineduc, en 2005 el número de estudiantes con discapacidad integrados alcanzaba a 29.473, los que sumados a los 69.000 atendidos en grupos diferenciales, resultaban en una cifra de 98.473. La tendencia de esta cifra fue en aumento en los años posteriores, de hecho, en 2010 se reportan 72.019 estudiantes en proyectos de integración más 64.440 en grupos diferenciales de escuelas comunes, en total, 136.459. Cabe señalar que los grupos diferenciales históricamente han atendido a estudiantes con trastornos del aprendizaje.
[cita]Todos los establecimientos escolares debieran brindar vacantes para estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales; y el estado debiera garantizar este derecho. No existe otra forma de evitar los continuos abusos y situaciones de discriminación que miles de niños y niñas con discapacidad y sus familias siguen experimentando hasta el día de hoy. Ya es suficiente. [/cita]
El punto clave del asunto es que desde 2010, con la implementación del Decreto N° 170, la categoría de estudiantes integrados incluye a quienes están en situación de discapacidad y, también, a aquellos que presentan las llamadas necesidades educativas especiales transitorias, es decir, estudiantes con diagnóstico de: déficit atencional, trastornos del aprendizaje, coeficiente intelectual límite, o trastornos específicos del lenguaje; condiciones que no constituyen discapacidad.
Considerando que el decreto mencionado modifica las condiciones para determinar quiénes son los estudiantes integrados, es evidente que las cifras empleadas por la ministra no son comparables, o que, por lo menos, habría que explicar con más claridad de qué estudiantes estamos hablando.
Vinculado a lo anterior, resulta fundamental conocer en qué medida se ha acrecentado la integración de estudiantes con discapacidad a la escuela común. Este dato no se transparenta en la información entregada. Ahora bien, considerando que nuestro país suscribió en 2008 la Convención Internacional sobre Derechos de Personas con Discapacidad, instrumento que consagra el derecho a una educación inclusiva, sería bastante oportuno identificar qué tanto hemos progresado en este aspecto.
Finalmente, resulta confuso el llamado que hace la ministra: «Hago un llamado a los establecimientos escolares del país para que impulsen en sus colegios estos programas de integración, necesitamos respetar y valorar la diferencia”. A estas alturas del partido, la integración de estudiantes con discapacidad no debiera concebirse como un problema de voluntad, sino que como un asunto de derechos humanos.
Todos los establecimientos escolares debieran brindar vacantes para estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales; y el estado debiera garantizar este derecho. No existe otra forma de evitar los continuos abusos y situaciones de discriminación que miles de niños y niñas con discapacidad y sus familias siguen experimentando hasta el día de hoy. Ya es suficiente.
