Ya en el siglo XIX, el nivel de desarrollo institucional y estabilidad alcanzados tempranamente por Chile contrastaba con el de las demás naciones de la América hispana. La capacidad de nuestro país para dotarse de un gobierno constitucional de estándar europeo, así como la consolidación del Estado Nación, nos diferenciaba de otras ex colonias españolas, caracterizadas por el caudillismo, el personalismo y la inestabilidad.
Las cartas fundamentales de los países fijan las reglas del juego y el marco básico que regula la convivencia social. La estabilidad y durabilidad de las mismas es signo de madurez política y cívica de una nación, todo lo cual contribuye a la gobernabilidad democrática y establece los cimientos para el progreso y desarrollo de los pueblos. Con todo, las cartas fundamentales no están gravadas en piedra. En general, la literatura especializada reconoce que el cambio constitucional puede realizarse por dos vías: el reemplazo por un nuevo texto, o bien a través de los mecanismos de enmienda y reforma. Mientras la elaboración de una nueva Constitución supone un quiebre del orden legal-institucional, generalmente asociado a graves crisis políticas, sociales y/o económicas, los procesos de enmienda o reforma implican la continuidad de la Carta Fundamental, optándose por su adaptación frente a un nuevo entorno o realidad. La experiencia de nuestra región muestra que muchas veces la incapacidad de los actores políticos por adaptar el marco legal-constitucional o resolver tensiones institucionales termina en una refundación completa del sistema. Esa tendencia a resolver todo por la vía de una nueva Constitución ha sido denominada por algunos autores como “fetichismo constitucional”, o la esperanza de que la política sea relegitimada a través de un cambio formal.
[cita]Sería interesante contar con la opinión del ex Presidente Lagos, cuya firma ahora figura en la carta fundamental, y las razones que tuvo para no pensar en elaborar una nueva CPR, sino que en una reforma como el camino apropiado en 2005, hace sólo siete años atrás. Su opinión demostraría que existen valoraciones diferentes de las instituciones y la vida republicana al interior de la Concertación. Lo que resulta evidente hoy, es que M. Bachelet no considera que la Carta Fundamental que Lagos firmó en 2005 sea suficientemente democrática para el siglo XXI.[/cita]
En Chile, la Constitución de 1833 alcanzó casi un siglo de vigencia, y cobijó gobiernos fuertemente presidenciales y también, desde 1891, a los de la denominada “república parlamentaria”. Recién en 1925, con un país radicalmente diferente al que existía en la primera mitad del siglo XIX, se reemplazó dicha carta por una nueva. Luego del quiebre de la democracia en 1973, tras la grave crisis política, institucional y económica vivida en el gobierno de la Unidad Popular, el país cuenta desde 1980 con un nuevo código político. La Constitución Política de la República (CPR) ha sido objeto de un sinnúmero de reformas en diversos contenidos. El legislador ha estimado necesario adaptar, responsablemente, disposiciones de la carta a nuevas realidades. Dichos cambios, en general, han sido realizados privilegiando el consenso entre las fuerzas políticas sobre el alcance y naturaleza de los mismos, como las reformas de 1989 y 2005.
Hoy, Chile no sólo se distingue entre los países de la región, sino que es reconocido a nivel mundial, en particular por el grado de madurez institucional alcanzado por nuestra democracia. En ese contexto, en 2005 el ex Presidente Lagos y su gobierno impulsaron la reforma a la CPR. Tal como señaló entonces el ex mandatario, ello le permitía a Chile ingresar al siglo XXI con plenas credenciales democráticas. Un año después de dicha reforma, Michelle Bachelet asumía el gobierno sin siquiera cuestionar el texto.
Habida cuenta de lo anterior, hoy resulta difícil entender que la candidata de la ex Concertación figure proponiendo el imperativo de elaborar una nueva Carta Fundamental (“por las buenas o por las malas”) sin explicar las razones que justificarían una transformación de esa magnitud. Por el momento, todo indica que Bachelet ha hecho suya la tesis de crisis global del sistema político democrático y de nuestro modelo de desarrollo. Y en el centro de esa crisis se encontraría la CPR, cuyo reemplazo, de forma mágica, resolvería las tensiones existentes.
Al respecto, sería interesante contar con la opinión del ex Presidente Lagos, cuya firma ahora figura en la Carta Fundamental, y las razones que tuvo para no pensar en elaborar una nueva CPR, sino que en una reforma como el camino apropiado en 2005, hace sólo siete años atrás. Su opinión demostraría que existen valoraciones diferentes de las instituciones y la vida republicana al interior de la Concertación. Lo que resulta evidente hoy, es que M. Bachelet no considera que la Carta Fundamental que Lagos firmó en 2005 sea suficientemente democrática para el siglo XXI.
Probablemente, cuando el ex Presidente Lagos reformó la Constitución del 80, y no propuso elaborar un nuevo código político, tenía en mente que la estabilidad institucional de nuestra nación ha servido como antídoto para populismos refundacionales o caudillismos, como es reconocido en la literatura especializada y los estudios comparados. En buena medida gracias a su carta fundamental, Chile ha construido políticas públicas serias y responsables que han modernizado y encaminado al desarrollo al país, permitiendo a millones de chilenos ver mejorada sustantivamente su calidad de vida y acceder a nuevas oportunidades.
La estabilidad constitucional que ha caracterizado nuestra vida republicana debería ser un activo de nuestra democracia. En tanto valoremos lo anterior, y no caigamos en el “fetichismo constitucional” que caracteriza a algunos países de América Latina, seguiremos contando con gobernabilidad democrática e implementando políticas públicas favorables al progreso y desarrollo nacional.
