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Reforma a la Educación: el riesgo de la solución neoliberal

por 9 diciembre, 2013

Reforma a la Educación: el riesgo de la solución neoliberal
Dicha reforma debiera asimismo terminar con la concepción anarquista de la gestión académica que caracteriza también a la legislación universitaria, que cree que la libertad académica significa la ausencia de reglas. Ella permite la voluntariedad de los procesos de acreditación, satisfaciéndose con establecer un incentivo para someterse a ellos en la forma del crédito con aval del Estado. Ella también permite que no exista ninguna regla, ni siquiera estándar, sobre el número de profesores de planta o los recursos bibliográficos que cada unidad académica debe tener como mínimo para funcionar.
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La demanda por gratuidad y calidad del sistema universitario corre el riesgo de transformarse en una demanda por gratuidad. Tal reforma no sería sino otra manifestación de la política pública favorita de Milton Friedman: el subsidio a la demanda. En otras palabras, es posible que la gratuidad tome la forma de un subsidio o voucher similar al Aporte Fiscal Indirecto, el cual “acompañe” al estudiante en la carrera que escoja, en la institución de educación superior que él decida. Como gustan de decir los neoliberales, esta sería una forma de “votar con los pies”, que en el fondo es más bien “votar con la billetera”. Con ello, dirían los neoliberales, la solución al problema de la calidad en la educación superior emergería automáticamente: los mejores proyectos universitarios recibirían más estudiantes, y los proyectos de menor calidad recibirían menos y, eventualmente, mejorarían o abandonarían el “mercado” de la educación superior. Esta forma de resolver el problema de la calidad de la educación superior adolece, como mínimo, de cuatro problemas.

En primer lugar, la solución neoliberal es absurda por lo simplista que es. Ella supone que se pueden graduar en una escala de peor a mejor, en una escala ordinal, no sólo las mismas carreras en distintas universidades, sino también distintas carreras en una misma universidad, o distintas carreras en distintas universidades. Ahora, el estudiante que postula a la universidad sí podría elaborar una escala ordinal de la oferta existente en el sistema universitario a efectos de escoger una carrera, pues cuenta con criterios de contenido determinado que le permiten racionalizar sus preferencias. Estos criterios corresponden a sus intereses vocacionales, la rentabilidad en sentido amplio de la carrera de su elección (el énfasis es muy importante aquí), y la calidad en sentido estricto de los distintos proyectos. La solución neoliberal supone que se puede hacer una tal escala ordinal de la oferta “objetiva”, que establezca “esencialmente” si Filosofía en una universidad tradicional es mejor o peor que Derecho en una universidad no tradicional, por ejemplo.

Dicha reforma debiera poner fin a la concepción “callampera” de la libertad de enseñanza contenida en la LOCE-LGE, que ha permitido que en ciertos momentos históricos emerjan universidades y se multipliquen sus sedes como brotan las callampas después de la lluvia. Podría ser que en algunas áreas la oferta universitaria debiera reducirse. Podría ser que haya espacio para crecer en otras. Todas esas no pueden ser decisiones de algún financista aventurero, sino que deben ser tomadas de manera conjunta por actores públicos y privados en procesos participativos y abiertos de planificación.

En segundo lugar, la solución neoliberal atribuye a las decisiones de los postulantes a las universidades sobre qué carrera estudiar, una reflexividad de la que a menudo carecen. El modelo de toma de decisiones formalizado en el párrafo anterior es poco utilizado, siendo muchas veces las decisiones tomadas sobre la base de modas, consejos, azar, conocimiento público de la carrera o de la institución, inversión en publicidad, entre otras circunstancias impredecibles. La solución neoliberal supone que la decisión entre Filosofía y Derecho, en el ejemplo anterior, fue fruto de la racionalidad del agente decisor, cuando las circunstancias del mismo no son favorables a la racionalidad; no, al menos, a la racionalidad de largo plazo que permite la evaluación de la rentabilidad en sentido amplio de una carrera (es decir, que tome en consideración no sólo factores fácilmente cuantificables sino también otros de más difícil identificación, como la satisfacción que entregarán las labores profesionales realizadas).

En tercer lugar, la solución neoliberal les asigna a los postulantes a las universidades una función que por definición no están en condiciones de cumplir, la de evaluar la calidad en sentido estricto de los proyectos institucionales, labor cuyo desempeño exige perspectivas analíticas e información de las que un egresado de 4º Medio carece. La solución neoliberal, como en muchos otros planos, ignora las asimetrías en la información, con la gravedad de que adicionalmente supone que tal asimetría no afectará el desempeño de la labor que el propio neoliberal le ha entregado al estudiante con su pretensión de que aquel “vote con sus pies” qué proyectos universitarios prosperarán y cuáles deberán desaparecer.

En cuarto lugar, y en definitiva, la solución neoliberal desplaza decisiones que interesan a la sociedad toda, tales como qué proyectos académicos y disciplinarios son socialmente relevantes, a un grupo determinado de personas, los postulantes a las universidades, privatizando una decisión esencialmente pública. El interés público no se satisface con la agregación de las escalas ordinales de todos los postulantes a las universidades, escalas que, como hemos visto, y cuando estén bien hechas, dependerán de lo que cada individuo considera mejor para sí mismo. Por ejemplo, si pocos estudiantes postulan a Filosofía en una universidad tradicional, de tal forma que los ingresos por estudiante matriculado no bastan para mantener funcionando el departamento respectivo, ¿se satisface el interés público con el cierre de esta unidad académica?

Por estas consideraciones, me parece que una reforma a la calidad de la educación superior debe ser una reforma que se concentre en la calidad de la oferta de educación superior y en su control, ambas metas que se evidencian simultáneamente en diversos temas.

En primer lugar, dicha reforma debiera incrementar el Aporte Fiscal Directo (AFD), no sólo aumentando el porcentaje que del presupuesto de cada universidad tradicional representa el AFD, sino también expandiéndolo a las universidades no tradicionales. Esto también supone asociar el AFD a criterios públicos en lo substantivo. Las universidades que reciban AFD, si bien tienen todo el derecho a tomar opciones ‘ideológicas’ e incluso religiosas, deben al mismo tiempo respetar activamente la no discriminación en su contratación de trabajadores académicos y no académicos, garantizada por el Código del Trabajo y la Ley Antidiscriminación, así como respetar la libertad académica de los primeros en el desempeño de sus labores de docencia e investigación. Que una universidad, como ocurre actualmente con algunas unidades académicas de la Universidad Católica de Chile, exija para la contratación de personal el que aquel suscriba la Declaración de Principios de dicha casa de estudios, es una abierta vulneración a las leyes recién citadas, pues constituye una discriminación arbitraria en la contratación. Una universidad no puede incurrir en esta discriminación; menos, una universidad que reciba AFD.

En segundo lugar, dicha reforma debiera poner fin a la concepción ‘callampera’ de la libertad de enseñanza contenida en la LOCE-LGE, que ha permitido que en ciertos momentos históricos emerjan universidades y se multipliquen sus sedes como brotan las callampas después de la lluvia. Podría ser que en algunas áreas la oferta universitaria debiera reducirse. Podría ser que haya espacio para crecer en otras. Todas esas no pueden ser decisiones de algún financista aventurero, sino que deben ser tomadas de manera conjunta por actores públicos y privados en procesos participativos y abiertos de planificación.

En tercer lugar, dicha reforma debiera asimismo terminar con la concepción anarquista de la gestión académica que caracteriza también a la legislación universitaria, que cree que la libertad académica significa la ausencia de reglas. Ella permite la voluntariedad de los procesos de acreditación, satisfaciéndose con establecer un incentivo para someterse a ellos en la forma del crédito con aval del Estado. Ella también permite que no exista ninguna regla, ni siquiera estándar, sobre el número de profesores de planta o los recursos bibliográficos que cada unidad académica debe tener como mínimo para funcionar.

En cuarto lugar, la elección de las autoridades universitarias debe estar, como mínimo, entregada a los académicos de planta de cada institución, tanto en las universidades públicas como en las privadas. Me parece que una universidad plenamente comunitaria es una donde también los trabajadores no académicos y los estudiantes participan de dicha decisión. Ahora, creo que una universidad que no sea plenamente comunitaria también es compatible con el concepto de universidad; pero que ello no ocurre con una institución donde la autoridad universitaria sea elegida por una junta directiva, o un servicio de head hunting, o un pretendido “dueño” de la universidad. Eso no es una universidad, es una empresa; y quien quiera tener una empresa en lugar de una universidad tiene todo el derecho a hacerlo, pero entonces que sea claro y que se retire del sistema universitario.

En quinto lugar, debe existir una normativa sobre gobiernos corporativos para las universidades privadas. Las universidades privadas deben contar con directorios que integren a la sociedad civil y a la academia en la evaluación de la gestión, así como con sistemas de contraloría interna. La experiencia en esta materia de la Universidad Austral de Chile demuestra que estos mecanismos son importantes en una universidad privada con orientación y vocación públicas. La curiosa idea de que pueden existir universidades que tengan un dueño, y que ese dueño tome decisiones sobre la universidad sin mecanismos de rendición de cuentas, debe acabar.

Todas estas reformas sustraen del espacio del mercado –de la “votación con los pies” y con “la billetera” del egresado de 4º Medio– la decisión sobre qué tipo de educación superior, y con ello qué tipo de producción cultural, científica, y tecnológica, queremos para nuestro país. Todas ellas suponen transitar de una concepción neoliberal de la universidad, que la instrumentaliza para el servicio al interés privado, hacia una concepción republicana de la universidad, que la afinca en el interés público.

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