Pese a que se reconoce el avance experimentado en esos años en relación al capitalismo salvaje de los años 80, la sombra de las decisiones politizadas de La Moneda, pensada e implementada por el ministro Edgardo Boeninger durante el gobierno de Patricio Aylwin, se mantiene inalterable. Es decir, el paradigma productivista no ha cambiado.
Todo el país esperaba que la elección presidencial tuviera un carácter cuasi plebiscitario respecto de un conjunto de temas de alto interés público, entre ellos, la educación, el medioambiente, la salud y la Asamblea Constituyente. Pero ello no ocurrió. Los debates fueron doctrinariamente pobres y la elección no tuvo ningún dramatismo como competición política. Las propuestas programáticas de las diversas candidaturas fueron casi subrepticias o de muy bajo nivel, y nunca fueron contrastadas de manera efectiva ni entre ellas, ni bajo el prisma de la coherencia con las demandas ciudadanas. Programáticamente, la elección actual fue el reino del control burocrático.
La primera conclusión es que ciertos temas, si bien tienen la sensibilidad favorable de la población, como es el caso de los temas ambientales, no se tocan a fondo por el tipo de compromisos políticos que suscitan, y los candidatos prefieren evitarlos, recurriendo al eslogan, la vaguedad o derechamente la elusión.
En materia ambiental la promesa política implícita que quedó instalada es la estabilidad del sector, o sea, más de lo mismo con eficiencia y control. Nadie prometió, con la excepción de Marco Enríquez-Ominami, de lejos el programa más articulado y claro en sus propuestas, un nuevo paradigma. A tal punto que la decepción en esta materia fue el candidato verde Alfredo Sfeir, quien apareció como un buen chico espiritual del Banco Mundial, con un estilo de predicador religioso sobre el compromiso cultural de lo medioambiental. Él tampoco pudo evitar el sesgo del crecimiento económico como condicionante fundamental de la agenda ambiental.
Evelyn Matthei es el caso más extremo de indiferencia y elusión. Sólo nombra una vez la palabra medioambiente en todo su programa (página 85), lo hace dentro del capítulo de fomento a las pymes y de manera admonitoria sobre un “no más trabas a los proyectos”. Prácticamente cero sensibilidad con las demandas ciudadanas y la realidad de los movimientos sociales en los últimos dos años.
Todos los contendores, a excepción de ella, están por reconocer el valor intrínseco de la naturaleza y priorizar el respeto a la biodiversidad como algo sistémico e interdependiente, esencial para preservar la vida en el planeta. Es decir, lo más general y vago como principio ordenador de la agenda nacional.
El sesgo dominante de los discursos es la economía, y lo ambiental de las candidaturas quedó en un intento por mostrar rostros al lado de los candidatos antes que temas y compromisos. De ahí el impacto de los coqueteos de Antonio Horvath, senador de la Alianza por Chile con la Nueva Mayoría, quien dijo tener más identificación con el programa de Michelle Bachelet que con el de su sector. Sin ánimos de ser injusto en los juicios, el blando papel de connotados ecologistas frente a la elección, los hizo parecer más preocupados de perfilarse como aspirantes a cargos públicos que de dar opiniones de fondo.
Lo positivo que queda de todo el proceso es el reconocimiento generalizado de que el Estado es el garante del interés público y el bienestar general; que Chile necesita una economía dinámica y competitiva; que la privatización de sectores productivos o de servicios, el agua, por ejemplo, es uno de los principales problemas; y que la pobreza es causa y consecuencia de un modelo depredatorio. Todo ello sin que se llegue en ningún caso a una propuesta integral para el manejo de los ecosistemas nacionales. Tal problema ni siquiera se perfiló en los discursos políticos, quedando en suspenso o como asignatura pendiente.
Continuidad del modelo
Una de las críticas fundamentales de los movimientos ambientalistas ha sido que durante veinte años de democracia predominó una política ambiental dominada por la economía, en la cual lo ambiental era finalmente un mecanismo de ajuste en la viabilidad de los proyectos o un problema para el crecimiento productivo.
Ello llevó a una tensión permanente entre una normativa permisiva, una institucionalidad débil llena de bolsones de discrecionalidad administrativa, la inexistencia de una autoridad ambiental única y responsable, y una sociedad insatisfecha por temas medioambientales específicos, pero que se repetían a lo largo de todo el país.
Pese a que se reconoce el avance experimentado en esos años en relación al capitalismo salvaje de los años 80, la sombra de las decisiones politizadas de La Moneda, pensada e implementada por el ministro Edgardo Boeninger durante el gobierno de Patricio Aylwin, se mantiene inalterable. Es decir, el paradigma productivista no ha cambiado.
Lo anterior pese a la entrada en vigor el año 2012 de una nueva institucionalidad. Pervive de manera ejemplar en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, reemplazante del antiguo Consejo de Ministros de la Conama, al que la Nueva Mayoría promete agregarle en el nombre “y de Cambio climático”. Pero el caso a caso político de los proyectos, que se presta a todo tipo de presiones, no ha cambiado.
La percepción de que es necesario un enfoque eco-social, centrado en los territorios, capaz de articular protección, biodiversidad y desarrollo, y de resistir y adaptarse a los desafíos del cambio climático, no se ha transformado en propuesta política, y ello quedó en evidencia en esta elección.
Ello es doblemente complejo pues se vincula al ordenamiento territorial del país (tema regiones), y a la matriz energética nacional, ambos en donde el país es enteramente deficitario. Es evidente que el núcleo del problema medioambiental de Chile va de la mano con los sectores de minería, energía, pesca y forestal, y el desarrollo inorgánico de las ciudades y la fragilidad geofísica del país.
Nada de esto se transformó en verdadero debate electoral, y tampoco los programas exhibieron una densidad de ideas muy grande y quedó instalada la idea de una vaciedad política muy notoria en el tema.
Como se señaló, la propuesta más completa provino de la candidatura de MEO: “En nuestra estrategia, los derechos de las personas y el cuidado del medio ambiente no serán temas de segunda categoría”, planteó en la introducción de su Programa; y entre los tres ejes que lo componen, al tercero lo llamó Desarrollo Sustentable, que en la parte pertinente acompañó con un conjunto muy detallado de medidas. Los otros dos fueron Democracia como eje del Desarrollo y Nuevo Pacto Social.
Pero su candidatura no tuvo esta vez la fuerza disruptiva de hace cuatro años y sus propuestas pasaron desapercibidas.
El enfoque de la candidatura de Evelyn Matthei sólo contiene una referencia al tema ambiental, en la parte referida al fomento de las pymes y la promesa de eliminar barreras artificiales a los proyectos productivos. Consecuente con la idea de que hay que desregular, planteó: “Seamos sinceros. Los chilenos no estamos para experimentos. Mientras algunos proponen reinventar el país adoptando medidas radicales que han probado su fracaso en el mundo, lo que encontrarán en estas páginas son las reformas necesarias para que, manteniendo el crecimiento y la estabilidad, la prosperidad llegue a todos los rincones del país, tal como lo han realizados países como Alemania o las naciones escandinavas”. Cuando le peguntaron por la Ley Monsanto y el tema de la agricultura sustentable declaró no saber: “Yo era ministra del Trabajo y no de Agricultura”, dijo.
El programa de Sfeir fue más un concepto político místico sobre forma de vida, antes que una propuesta ambiental novedosa e integral. Al término de la primera vuelta declaró a sus adherentes que las dos candidaturas que quedaron en competencia son “representantes del mismo modelo depredador de nuestros recursos naturales, propiciando y basado en la competencia y la desigualdad social que como ecologistas criticamos permanentemente en nuestra reciente campaña electoral, administrado tanto por la Concertación como la Alianza durante los últimos 30 años”. Pese a tales dichos, igual apoyó a Michelle Bachelet para la segunda vuelta.
Para Marcel Claude, en la más clásica de las posturas izquierdistas, el problema es la propiedad privada de los medios de producción, lo que ahorra comentarios.
El enfoque de la Nueva Mayoría, la fuerza con más posibilidades de ganar la elección, es más completo y tiene puntos de vista de interés. Pero todo el discurso se enfocó preferentemente a la igualdad. “La desigualdad también se expresa en el medioambiente. El deterioro ambiental y la contaminación afectan con mayor severidad la calidad de vida de la población más vulnerable. Tenemos el deber de cambiar esta realidad. La sustentabilidad exige no sólo equilibrar crecimiento económico y protección ambiental, sino también, hacerlo con equidad social. Este será el eje de nuestra gestión: lograr mayor equidad ambiental.” (pag 124)
Tal explicitación ahorra comentarios sobre las visiones de los problemas de institucionalidad y ordenamiento territorial, sobre los cuales de manera explícita no se pronunció o lo hizo con un sesgo marcado de continuidad… pero con eficiencia.
Un ejemplo que refuerza lo anterior es la referencia que trae al agua y su promesa de reconocerla como un bien nacional de uso público. Pues en la misma sección en que trata el tema, anuncia que se entregará al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad la tarea de armonizar desarrollo minero con requerimientos socio-ambientales, entre los que su comando ubica el problema del agua.
Esa referencia al Consejo de Ministros la hace pese a reconocer que las instituciones y normativas no han sido suficientes por sí mismas para el cuidado y protección de la naturaleza y el medio ambiente, y reconocer que se debe fortalecer y evaluar el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) y la Superintendencia del Medio Ambiente, además de lo referente a biodiversidad.
Entre lo más novedoso y relevante, con amplias consecuencias jurídicas, esta la declaración de que los bienes naturales deben verse como bienes colectivos y lo mismo debiera ocurrir con el derecho a la conservación, el que debiera asumir un estatus jurídico de derecho colectivo.
La organización ambientalista Chile Sustentable declaró que “los temas ambientales referidos a patrimonio ambiental, recursos naturales, normativa, institucionalidad ambiental y participación ciudadana, han tenido una débil presencia durante la coyuntura electoral 2013″.
Tal juicio quedó corto. La verdad es que los problemas ambientales del país, no el caso a caso de los problemas que copan la agenda, sino la concepción general de políticas, no sólo no fueron debatidos sino que quedaron en el aire para fecha indeterminada.
