Si acaso aquello ocurriera, es decir, si los jueces establecieran que en estricto derecho una parte está absolutamente en lo cierto mientras que, por consiguiente, la otra está completamente equivocada, evidentemente dicho resultado sería más potencialmente catastrófico para el futuro de las relaciones bilaterales entre chilenos y peruanos que uno de esos llamados fallos “salomónicos”, tan denostados por algunos.
A propósito del veredicto que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) habrá de emitir el día 27 de enero sobre la delimitación marítima entre Chile y Perú, por alguna razón misteriosa o al menos nunca claramente explicitada, al tiempo que en el Perú parece haberse instalado un ambiente de algarabía, triunfalismo y ánimo celebratorio, en Chile y en contraste, parece estar predominando un ambiente lúgubre, pesimista y de antemano reactivo.
El diputado Jorge Tarud, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados nos ha ofrecido recientemente una explicación sui generis a esta extraña circunstancia, pronunciada en el tono de exabrupto al que ya nos tiene acostumbrados cuando opina sobre cuestiones de política exterior en general y de política vecinal en particular, afirmando con toda rotundidez, aunque sin ninguna clase de prueba, que la única explicación posible del estado de ánimo exultante de nuestros vecinos consistiría en que ellos ya conocen el veredicto y que aquel les sería favorable. Y que aquello correspondería a una filtración, es decir, a que Perú habría logrado, vaya usted a saber con qué supuestas artimañas, romper el secreto de un fallo cuyo contenido, como bien se sabe, se guarda bajo siete llaves hasta el momento de hacerse público.
No se tienen noticias de que algo semejante haya ocurrido alguna vez con anterioridad respecto a los centenares de complejos casos que han sido sometidos a la consideración de la CIJ. Por lo mismo, la hipótesis del diputado, además de implicar una grave imprudencia, conlleva también una no menos grave y delicada imputación y, consiguientemente, un agravio gratuito e infundado a la figura de los jueces y a la honorabilidad, prestigio y a la rigurosidad de la CIJ en sí misma y sus procedimientos.
También, habría que agregar, como si lo dicho fuese poco, que aquella temeraria afirmación implica de soslayo un serio menoscabo a las instituciones chilenas. Pues evidentemente en la hipótesis del Honorable yace implícita la suposición de que Perú habría logrado a este respecto algo que Chile evidentemente no pudo conseguir.
[cita]Si acaso aquello ocurriera, es decir, si los jueces establecieran que en estricto derecho una parte está absolutamente en lo cierto mientras que, por consiguiente, la otra está completamente equivocada, evidentemente dicho resultado sería más potencialmente catastrófico para el futuro de las relaciones bilaterales entre chilenos y peruanos que uno de esos llamados fallos “salomónicos”, tan denostados por algunos.[/cita]
La anécdota, sin embargo, sirve para ilustrar el tipo de conductas en que es preciso no incurrir, mucho menos con propósitos subalternos, frente al delicado transe que habrán de enfrentar en los próximos días dos países vecinos, socios y hermanos.
Chile y Perú se han comprometido reiteradamente y de modo rotundo a respetar y ejecutar cabalmente el fallo que habrá de emitirse, cualquiera sea su contenido e implicancias prácticas. Después de aquello, lo que corresponde hacer es dar vuelta la página, dar por superada de una y otra parte el asunto y toda controversia limítrofe de cualquier especie y connotación, y a disponerse a seguir construyendo la relación más armónica, integrada, íntima y cooperativa que sea posible, con un país que está destinado a ser nuestro vecino por los siglos de los siglos.
En el transcurso de todo este proceso que la opinión pública nacional ha observado las más de las veces a la distancia, las autoridades competentes y los medios de comunicación pudieron haber hecho más de lo que efectivamente hicieron en materia de pedagogía ciudadana respecto de esta controversia.
Ha sido muy adecuada la disposición ampliamente compartida para encarar el asunto como “una cuestión de Estado”, respecto de la cual y por lo mismo, es exigible abandonar cualquier tentación latente de querer sacar pequeñas ventajas particulares, en cualquier escenario que se pueda presentar.
Bien se sabe que las victorias tienen muchos supuestos padres, pero que las derrotas son huérfanas, de modo que hay que estar muy alertas respecto de cualquier atisbo de oportunismo, para, en el caso de que pudiera presentarse alguna reacción de esta especie, proceder a denunciarla y rechazarla con toda claridad y energía.
Someterse a las reglas de un juicio de esta especie, implica hacerse cargo de sus resultados sin reservas ni ambigüedades. Hay conciencia que la defensa de Chile encabezada por el ex subsecretario Alberto Van Klaveren y compuesta por distinguidos juristas tanto chilenos como extranjeros y por diplomáticos y expertos, ha actuado con gran idoneidad y profesionalismo. Nuestra defensa hizo lo mejor que pudo y ahora corresponde que sea la CIJ quien nos diga de qué modo ha ponderado los antecedentes probatorios de nuestras tesis que han sido sometidas a su consideración.
Chile puede ganar o perder este juicio particular y eso ya no depende de nosotros. Pero lo que no puede bajo ninguna circunstancia, y eso sí nos concierne, es evitar exponernos a “perder el juicio”, en términos de cautelar la racionalidad y valoración de lo que ha significado históricamente nuestro irrestricto apego al derecho internacional y al correspondiente claro y honesto acatamiento de sus dictámenes.
De modo que, frente a este caso, nuestro país debe ser capaz de salir manteniendo incólume su prestigio como un país que honra la palabra empeñada, que no se desdice de lo comprometido ni se acomoda en su recta conducta frente a circunstancias adversas. Nada de lo que hagamos puede constituirse, de ningún modo, en factor de detrimento de nuestro prestigio y credibilidad como país.
La cuestión, no cabe duda, involucra a la razón, pero también convoca a los sentimientos nacionales y suscita emociones no necesariamente altruistas, como ocurre con todo asunto que atañe a cuestiones territoriales, frente a las cuales las convicciones más profundas y reiteradas no pocas veces suelen ceder ante los imperiosos embates de la marea de la opinión pública. Y, sobre este punto, no hay que olvidar que entre nosotros conviven varios cientos de miles de ciudadanos peruanos, quienes en modo alguno debieran verse afectados por este caso, por lo cual se hace preciso adoptar todas las medidas necesarias para impedir la ocurrencia de sucesos que haya que lamentar.
Nadie puede estar seguro, a priori, ni siquiera el diputado Tarud ni el no menos entusiasta ex Presidente Alan García, de cuál será exactamente el sentido del fallo de La Haya. Pero es probable, como estiman los más expertos, que el veredicto no tienda precisamente a dar satisfacción total y absoluta a las pretensiones de alguna de las partes.
Si acaso aquello ocurriera, es decir, si los jueces establecieran que en estricto derecho una parte está absolutamente en lo cierto mientras que, por consiguiente, la otra está completamente equivocada, evidentemente dicho resultado sería más potencialmente catastrófico para el futuro de las relaciones bilaterales entre chilenos y peruanos que uno de esos llamados fallos “salomónicos”, tan denostados por algunos, en que se intenta dar cada uno lo suyo, tratando de resolver, pero al mismo tiempo proponiéndose evitar generar males subsiguientes y acaso hasta mayores que los que se trata de superar.
Pero es justo y necesario seguir siendo categóricos en nuestra voluntad de acatamiento. Tanto como ser prudentes, responsables y mesurados. Lo cual incluye no lanzar ningún tipo de condicionamientos sobre los contenidos precisos del veredicto, con vistas a su acatamiento y ejecución.
