La Borrachera

Las fuerzas que se oponen al establecimiento de una nueva Constitución argumentan la irracional e imprudente decisión de querer refundarlo todo. En una reciente declaración, el ex ministro Andrés Velasco sostuvo que la centroizquierda debe optar entre “la borrachera de querer refundarlo todo” o la sana tradición de los últimos 25 años, “de hacer cambios profundos pero con estabilidad y prudencia”. Mientras los políticos de hoy optarían por legislar basados en las voces de las redes sociales y la calle, los políticos de ayer lo habrían hecho guiados por una sana prudencia.

¿Es cierto todo aquello? ¿Acaso los políticos de hoy (que, por lo demás, son casi los mismos de ayer) actúan bajo los efectos de una extraña pócima que los embriaga y los torna irracionales? ¿Acaso los políticos de ayer actuaron bajo una misteriosa fórmula de racionalidad y sensatez?

Cuando se analizan las acciones y motivaciones del ciclo 1990-2014, observamos tres nítidas tendencias. La primera y más obvia de ellas es que se trató de un momento de alta transformación institucional. Nunca antes, desde la Independencia, se hicieron tantas reformas a la Carta Magna en un periodo tan corto. 25 proyectos de reforma que han afectado a poco más de 90 de los 120 artículos permanentes de la Constitución en cuestiones no menores del sistema político, incluyendo gobiernos regionales, elección de autoridades locales, mandato presidencial, composición del Congreso, Tribunal Constitucional, atribuciones del Legislativo, estados de excepción, derechos civiles, y funciones de las fuerzas armadas, entre tantas otras materias. Si hay un momento poco estable en la historia patria en materia de reformas a la Carta Fundamental, ha sido precisamente el período 1990-2014.

[cita]Podríamos seguir dando ejemplos de las grandes incongruencias que enfrenta nuestro sistema político y que son producto, ya no de los “enclaves autoritarios”, sino de reformas promovidas en los últimos 25 años. Aquellas reformas, lejos de generar estabilidad, han incentivado la desconfianza ciudadana, han alienado a los votantes y han producido el alejamiento de la ciudadanía de los espacios institucionales y democráticos.[/cita]

Pero alguien podría argumentar que tal ciclo de reformas no generó ninguna incertidumbre y fue motivado por el juicio prudente y sensato de los actores políticos. Pero ¿fue tan así?

La segunda tendencia que demuestra el período es que la principal motivación del legislador fue el cálculo cortoplacista. Los intereses particulares dominan la política –eso bien lo sabe Andrés Velasco–. Y los tomadores de decisión que vivieron el ciclo 1990-2014 no escaparon de aquella avasalladora fuerza motivadora de la acción política.

La historia legislativa está plagada de ejemplos que podrían ilustrar este punto. Pero uno de los más emblemáticos ha sido la discusión sobre el mandato presidencial que fue cambiado tres veces en menos de 20 años (¡todo un récord mundial!). En este y otros casos los actores políticos han tomado decisiones con calculadora y encuestas en la mano. Esto lo podríamos extender al debate sobre el sistema binominal, la selección de ministros del Tribunal Constitucional, la elección directa de alcaldes, etc., etc., etc.

Pero incluso alguien podría argumentar que este cálculo interesado particular de los actores políticos al final del día es compensado por razonadas decisiones tomadas luego del ciclo de deliberación en el Congreso de la Nación. Pero es allí donde encontramos la tercera tendencia y que se refiere a la fuerte incongruencia de las reformas que se impulsaron: ¿fue prudente y racional, por ejemplo, reducir el mandato presidencial a cuatro años sin reelección inmediata, generando gobiernos que sólo miran el corto plazo? ¿Acaso fue racional aprobar una “ley de transparencia del gasto electoral” que lo único que hace es consolidar un sistema de donaciones anónimas y reservadas y ajeno al escrutinio público? ¿O fue racional que el Congreso estableciera la elección directa de Consejeros Regionales sin definir una ley que reglamentara sus atribuciones primero? ¿Cuán prudente fue establecer un sistema de interpelación a ministros sin asociarlo a sanciones? ¿O cuán razonable fue establecer un sistema de reemplazos de legisladores entregándoles todo el poder a las cúpulas de los partidos?

Podríamos seguir dando ejemplos de las grandes incongruencias que enfrenta nuestro sistema político y que son producto, ya no de los “enclaves autoritarios”, sino de reformas promovidas en los últimos 25 años. Aquellas reformas, lejos de generar estabilidad, han incentivado la desconfianza ciudadana, han alienado a los votantes y han producido el alejamiento de la ciudadanía de los espacios institucionales y democráticos.

La pregunta entonces es: ¿quién está borracho? ¿Los actores que ayer actuaron bajo el normal cálculo cortoplacista para legislar, o bien aquellos que hoy propugnan un espacio para diseñar un sistema político acorde con las exigencias de un juego democrático? Prefiero mil veces emborracharme una vez y generar normas coherentes entre sí, a vivir una borrachera de constantes reformas que van horadando nuestra democracia. El dilema es ese: sentarnos a definir un marco de convivencia estable y duradero o sucumbir a la incesante dinámica de las reformas que responden a intereses de corto plazo.