Chile era un país sin IVA al libro hasta noviembre de 1976. La decisión de sacar a los libros de la lista de productos exentos fue tomada por Pinochet y sugerida por sus asesores formados en Chicago. Eran los años en que, en materia económica, el país era el campo de prueba de las políticas de shock neoliberal diseñadas por Milton Friedman. Pero el IVA al libro no fue sólo una medida económica más, fue sobre todo una decisión política en un contexto de represión y censura.
Chile estuvo muy cerca de eliminar esta herencia de la dictadura en 1993, cuando se discutió y sancionó en el Congreso la Ley del Libro, vigente hasta hoy. Aunque el proyecto que presentó el Gobierno de Aylwin para crear el Consejo y el Fondo Nacional del Libro y la Lectura no contemplaba la eliminación del IVA al libro, un grupo de diputados oficialistas, encabezados por José Antonio Viera-Gallo —en ese entonces presidente de la Cámara—, lograron poner el tema en la agenda legislativa. El debate parlamentario se concentró básicamente en esta discusión.
Después de un largo tira y afloja, las posturas se fueron consensuando en la idea de mantener el gravamen, pero con la condición de que el presupuesto del Fondo Nacional del Libro y la Lectura fuese «por lo menos equivalente a la recaudación por concepto de IVA a los libros». Una promesa que se cumplió el primer año y luego se olvidó. Hoy no sabemos exactamente cuánto recauda el Estado por concepto de IVA, pero estimamos una cifra cercana a los 50 mil millones de pesos, de cualquier modo muy lejana al presupuesto con el que hoy cuenta el Fondo Nacional del Libro y la Lectura: unos 4 mil millones.
Durante las siguientes dos décadas el tema estuvo en la agenda pública con más o menos intensidad, pero nunca habíamos vuelto a tener la oportunidad de discutirlo seriamente en el Congreso, hasta ahora. El contexto del debate sobre la reforma tributaria es una gran oportunidad para avanzar. Aunque el Ejecutivo no ha incluido la medida en su proyecto ni ha dado señales de pretender incluirla («no es una prioridad», dijo la ministra Barattini hace algunos días), hay al menos tres razones para animar cierta confianza.
La primera es que entre los parlamentarios existe un apoyo transversal a la idea de eliminar el IVA a los libros. Uno esperaría que ese apoyo se transformara en mayoría y en presión hacia el Ejecutivo, y hay movimiento en este sentido. El miércoles de la semana pasada, en la segunda sesión de la Comisión de Hacienda dedicada a la reforma tributaria, el diputado Manuel Monsalve pidió incluir el tema en el debate. Un día antes, un grupo de parlamentarios había hecho un punto de prensa en el mismo sentido. Y este jueves 10, la campaña Libros sin IVA será recibida por segunda vez en la Cámara por la Comisión de Cultura.
La segunda razón es que el objetivo de la reforma tributaria de financiar más y mejor educación pública para todos está en línea con el objetivo de democratizar el acceso a los bienes culturales. Nunca antes en la discusión de políticas públicas —sobre todo del sector cultural— el vínculo entre educación y cultura fue más evidente y nunca antes hubo tanto ánimo de potenciarlo. Sin ir más lejos, es éste el eje fundamental del programa que debe cumplir la ministra Barattini. Hay bastante consenso en que las desigualdades en los ingresos son sólo el reflejo del desigual acceso a los bienes simbólicos. Los libros están en la base de los procesos de formación de todas las personas, desde la sala cuna hasta la universidad y más allá. Mejorar el acceso a los libros es mejorar las posibilidades de formación y autoformación de los ciudadanos.
La tercera razón es que ha sido el mismo proyecto de reforma tributaria del Ejecutivo el que ha puesto el acento en los impuestos como mecanismo de incentivo. Es el argumento que está detrás del alza del impuesto a los alcoholes y a las bebidas azucaradas: más impuestos como barrera al consumo. El ministro Arenas ha dicho, además, que con estos «impuestos correctivos» nos ponemos en sintonía con los países de la OCDE, especialmente en el caso del alcohol. La propuesta de eliminar el IVA al libro puede perfectamente defenderse con los mismos argumentos: el impuesto como barrera de acceso y la comparación con los países OCDE, que en su mayoría aplican un IVA diferenciado al libro.
La eliminación de la IVA a los libros en Chile es una demanda emblemática que se ha postergado durante décadas. Para muchos, el argumento de su origen bastardo es suficiente para restablecer el tratamiento fiscal que tenían los libros hasta 1976. Para muchos otros, es además una medida económica virtuosa.
Sólo Chile y Guatemala aplican IVA a los libros en América Latina. En los próximos meses tenemos una tremenda oportunidad para instalar el tema en el debate parlamentario y salir de la breve y poco glamorosa lista de países que consideran a los libros como cualquier otro bien de consumo.
