Lo que no es admisible es que el Estado se erija como una autoridad moral que nos indique cómo debemos vivir nuestras vidas, ni que intente por medios más o menos sutiles interferir en nuestras decisiones. Hoy puede ser lo que comemos y tomamos, mañana quizás qué cosas se les ocurra a los expertos que “nos hacen mal”.
Imagine esta situación: usted entra a un supermercado y en el pasillo de las galletas una jovencita sonriente le informa que a contar de ahora las galletas de chocolate cuestan $5.000. “Es que el gobierno les aplicó un impuesto, debido a que las galletas de chocolate tienen mucha azúcar y ésta es mala para su salud”. Ante su cara de desconcierto, la jovencita sonriente lo lleva al estante de las galletas de soda y le indica que el gobierno decidió subsidiarlas, bajando el precio a la mitad, porque son un alimento saludable y “le hacen bien”. Con media docena de paquetes de galletas de soda en el carro, usted se dirige al refrigerador de las cervezas, donde un joven atlético se interpone y sonriente le informa que, dado que estudios recientes indican que el consumo de cerveza se asocia al sedentarismo y eso es claramente “malo para usted”, el gobierno decidió aplicar un impuesto específico a la cerveza. “La cerveza sin alcohol está más barata porque el impuesto de una subvenciona la otra”, le dice el sonriente y atlético joven.
Después de varias vueltas por el supermercado y el carro lleno de cosas que no tenía intenciones de comprar, sus sentimientos son encontrados. Por un lado, se siente agradecido con el gobierno y su afán por proteger su salud y felicidad, pero, por otro, se siente un poco manipulado. Bastante, en realidad.
En la Reforma Tributaria que se discute actualmente en el Congreso, uno de los impuestos que se plantea subir es el conocido como Impuesto Adicional a las Bebidas Analcohólicas (IABA) de un 13 a un 18%. Aparte de esto, se pretende subir el impuesto a los cigarrillos y a los licores porque, dicen los promotores de la reforma, son productos que “nos hacen mal”. (Para no desviarnos del tema, dejaremos afuera de estas líneas el lobby de las pisqueras y de los productores de vino, para que el alza de impuestos no las afecte).
[cita]Lo que no es admisible es que el Estado se erija como una autoridad moral que nos indique cómo debemos vivir nuestras vidas, ni que intente por medios más o menos sutiles interferir en nuestras decisiones. Hoy puede ser lo que comemos y tomamos, mañana quizás qué cosas se les ocurra a los expertos que “nos hacen mal”.[/cita]
Los liberales consideramos que: “Cada individuo es soberano de elegir la forma en cómo quiere conducir su vida, respetando el derecho equivalente de los demás” (Manifiesto Ideológico, Red Liberal). Es decir, un adulto que libre e informadamente decida darse la buena vida y ser un gordo feliz, tiene todo el derecho de hacerlo y ni el Estado, ni la Iglesia, ni nadie tiene la autoridad para coartar o manipular esa decisión. Obviamente, nuestro gordo feliz tiene que asumir las consecuencias del estilo de vida que decidió tomar, así como no generarles efectos indeseables a los que no siguieron ese camino. Como el grueso de nuestra población ocupa el sistema estatal de salud, lo más probable es que cuando nuestro personaje enferme de diabetes o hipertensión, el costo de intentar sanarlo recaerá en todos los demás. Ante esta externalidad negativa, sería del todo legítimo hacer que nuestro personaje se haga cargo de las consecuencias de su estilo de vida, cobrándoles impuestos a los alimentos que irresponsablemente consuma en exceso, obligándolo a ir al gimnasio o hacerle firmar un pagaré en blanco para pagar sus gastos de salud, cuando le llegue la hora.
Pero ¿alguien puede responsablemente decir que el 13% de IABA para las gaseosas cubre los costos de salud que ocasiona su consumo? ¿O que se necesita subir a un 18%? ¿O que hay que llegar a un 40%? El problema es que fijar adecuadamente el número no es el objetivo de los “policy makers”, sino el guiarnos por una vida virtuosa y saludable, dibujada por alguien que sabe mejor que nosotros qué nos hace felices.
El Estado tiene la obligación de tomar las medidas correspondientes para que los individuos internalicen los costos de las decisiones que toman (así como dar el tiempo suficiente para que se legisle bien en estos temas y no como pasa hoy). También es su obligación el informar a las personas de los riesgos y beneficios asociados a las diferentes conductas, para que las decisiones que tomen sean con todos los datos arriba de la mesa y que después no haya nadie con cara de sorprendido. Lo que no es admisible es que el Estado se erija como una autoridad moral que nos indique cómo debemos vivir nuestras vidas, ni que intente por medios más o menos sutiles interferir en nuestras decisiones. Hoy puede ser lo que comemos y tomamos, mañana quizás qué cosas se les ocurra a los expertos que “nos hacen mal”.
