Una de las propuestas contenidas en el ambicioso paquete de medidas para los 100 primeros días del gobierno de Michelle Bachelet es la creación de nuevas Universidades Públicas en las dos regiones en las que no hay una universidad local de propiedad estatal: la región de O’higgins y la región de Aysén. Sin embargo, la importancia del anuncio es tan significativa como ausente ha sido su discusión en la esfera pública.
Efectivamente, la apuesta por crear dos nuevas Universidades Públicas de carácter regional puede llegar a representar un quiebre en la trayectoria que hasta ahora ha tenido el Estado en relación con sus universidades. Desde la reforma de Pinochet, las Universidades Públicas han sido una especie de hijas bastardas del Estado. Las dos Universidades Públicas de carácter nacional fueron desmembradas y obligadas a autofinanciarse y las entidades creadas con los fragmentos de aquéllas debieron competir en un contexto en el que nacían debilitadas, donde el Estado rehuía de las responsabilidades que le correspondían en su sobrevivencia financiera. Por lo mismo, la creación de estas nuevas universidades estatales ofrece una oportunidad de fortalecer la educación superior pública, enmendando el (casi inexistente) papel que hasta ahora ha jugado el Estado en la materia. De ahí la importancia de que estos proyectos sean discutidos con seriedad y profundidad por parte de la sociedad.
¿Qué características deberían tener estas universidades para responder a este desafío? Los nuevos proyectos universitarios deberían estar alineados con una idea de desarrollo nacional, aunque expresado localmente, o sea, haciéndose cargo de los desafíos regionales para el desarrollo. Esto supone que los proyectos deban incorporar una temporalidad diferente a la que hasta ahora ha imperado con el mercado, en donde lo que prima es el beneficio de una tasa de retorno inmediato para los inversionistas. Los tiempos deberán ser de largo plazo, acordes, por tanto, con los desafíos estratégicos del país, tanto a nivel de metas como de presupuesto. En coherencia con lo anterior, no vale la pena replicar ni las estructuras universitarias ni la oferta de carreras de las actuales universidades nacionales, pues su orientación hacia el mercado y el autofinanciamiento las ha disociado de los problemas estratégicos del país y ha sobrepoblado el mercado de profesionales en las áreas consideradas más rentables.
La pregunta, entonces, no es qué carreras deberán impartir estas universidades, sino cuáles serán los ejes estratégicos a partir de los cuales estos proyectos de educación superior se irán desarrollando. Particularmente las regiones en cuestión presentan oportunidades de enfrentar problemáticas claves para nuestro desarrollo: minería, diversidad y sustentabilidad medioambiental, energías renovables, agroindustria, etc. El Estado además puede apostar por que estos proyectos se comprometan con el desarrollo de nodos que puedan ser considerados como prioritarios para el país, por ejemplo, con la creación de un polo tecnológico, informático o energético en alguno de estos proyectos.
La complejidad presente en estos ejes estratégicos además crea la necesidad de un abordaje multidisciplinario, lo que implica convocar a investigadores y académicos de diferentes áreas. Los centros multidisciplinarios creados en función de estos ejes pueden ser las semillas de la futura estructura universitaria, además de eventualmente constituirse en la fuente de prestigio científico que permita diferenciar estos proyectos y, por ende, atraer a los mejores en el área; y así también constituir una oferta educacional interesante para los posibles estudiantes. Por lo demás, el retorno de los investigadores que han salido a postgraduarse en el extranjero con los programas de Capital Humano Avanzado representa una oportunidad tanto por ofrecer una carrera académica con proyección para los actuales becarios, como para que estos nuevos proyectos universitarios cuenten con personal de alto nivel en las diferentes áreas.
Ahora, esto no quiere decir que no se tome en consideración la experiencia alcanzada por otras universidades en el país. Las universidades que han alcanzado un alto nivel de complejidad, particularmente en materia investigativa, así como en la democratización de su institucionalidad, pueden ser un actor fundamental en el éxito de estos proyectos. Se puede, entre otras cosas, firmar alianzas estratégicas que permitan el dislocamiento de académicos y funcionarios para aprovechar su expertise o establecer acuerdos de doble titulación para ir fortaleciendo los proyectos desde un inicio.
Al mismo tiempo, no se debe pasar por alto la viabilidad social de estos proyectos, incorporando a las comunidades locales en la fundación de los proyectos. Me refiero a no sólo desarrollar una política de extensión que interpele a la sociedad civil, sino incorporarla en la concepción y definición de los ejes estratégicos que le darán sentido. Esto supone incorporar a actores políticos, sociales y económicos claves de la realidad regional en los directorios o espacios consultivos de las Universidades.
Finalmente, la creación de estas universidades también podría permitir revertir otro de los descuidos del Estado en relación a la educación pública: la formación técnica. Si las Universidades nacen comprometidas con el desarrollo de su entorno, se debe comprender que éste no se puede alcanzar sin la formación de técnicos profesionales altamente calificados. Tal como señaló, Horacio Larraín en una columna: “La promesa de la clase política en orden a orientar la matriz productiva con el objetivo de crear una industria basada en el valor agregado, no pasó de ser una declaración de intenciones que nunca plasmó en esfuerzos concretos en tal dirección. Había que partir por la enseñanza técnica de oficio, precisamente el sector que hoy día está más abandonado y más segregado por el sistema de financiamiento de la educación [la Formación Técnica]”. Las Universidades deberían nacer alojando en su proyecto Centros de Formación Técnica que permitan conectar su nueva vocación con la matriz productiva nacional y regional, pensando también en el desarrollo de capacidades de los trabajadores que llevarán a la práctica esa idea de desarrollo.
El antropólogo brasileño y fundador de la Universidad de Brasilia, Darcy Ribeiro (2011), decía que la crisis de la educación brasileña más que una crisis era un programa. La crisis de la educación pública chilena, evidenciada con las movilizaciones estudiantiles, no puede ser revertida sin un programa que discuta junto con la sociedad las bases de la nueva educación que se pretende implementar. En ese sentido, las nuevas Universidades Regionales ofrecen una oportunidad única para enmendar el camino en esa materia.
(*) Texto publicado en Red Seca.cl
