Cuando Velasco y Walker sugieren que se estarían destinando millonarios recursos a pagar por “cascarones vacíos” confunden a la opinión pública, porque la alternativa no es destinar esos recursos a una mejor educación. La alternativa es seguir destinando dinero de todos los chilenos al bolsillo de algunos sostenedores a través del lucro en la educación. ¡Y existe otra diferencia fundamental! No sólo es un gasto menor para el fisco, sino que, pasado el año 12, el edificio pasa a ser del Estado, sin perjuicio de que será el particular el que lo siga administrando. Es decir, las familias no tendrán que seguir viviendo bajo la incertidumbre de que, de un día para otro, el colegio cierre porque el dueño ha decidido vender el terreno para otros usos, como sucedió en el colegio Arturo Alessandri Palma, en la comuna de Recoleta.
“Sr. Apoderado: Su certificado de notas 2013 se debe retirar en la Notaria Saiz Av. Recoleta 377 a nombre de Sra. Sandra Toro. Apoderado no olvidar su carnet de identidad. Gracias”.
Ese era el párrafo del cartel con el que estudiantes y apoderados del Colegio Presidente Arturo Alessandri Palma, de la comuna de Recoleta, se encontraron el 7 de diciembre del año recién pasado. Con esa frase el sostenedor, Hugo Casanueva S.A., le comunicó a la comunidad educativa que se cerraba el establecimiento y que destinaría el edificio a otros propósitos, dejando botados a más de 600 estudiantes y sus familias. La directora encontraba que “no debió haber sido de un día para otro”, mientras que apoderados tildaban al sostenedor de “sinvergüenza, estafador y delincuente”.
El proyecto de fin al lucro, al copago y a la selección, presentado por el ministro Eyzaguirre hace unas semanas, incluye un mecanismo que le permite al Estado comprar la infraestructura a los sostenedores que tienen fines de lucro, evitando que el establecimiento siga siendo simplemente un bien raíz más, dentro del portafolio de inversiones de un empresario, en donde su uso esté sujeto al vaivén del mercado educacional o inmobiliario. De esta forma, el edificio en donde se desarrolla la actividad educacional será propiedad del Estado, pero la administración seguirá a cargo del particular, que además podrá destinar los recursos de la subvención exclusivamente a mejorar la calidad del proceso educativo de su establecimiento.
Curiosamente, esta medida ha generado resistencia entre algunos integrantes de la misma coalición de gobierno, preocupados, aparentemente, por la sanidad de las arcas fiscales. Por ejemplo, hace un par días el ex precandidato presidencial de la Nueva Mayoría, Andrés Velasco, planteó que sería un “tremendo desperdicio de recursos públicos, un mal uso que el Estado se gaste 5 mil millones de dólares en comprar cascarones de ex colegios a los sostenedores privados”. Es la misma crítica que hace el presidente de la DC, Ignacio Walker, cuando dice que “la reforma educacional no va por el lado de comprar o vender infraestructura, sino por invertir en los directores, en los profesores, y en la educación pública que está quedando rezagada”.
[cita]Cuando Velasco y Walker sugieren que se estarían destinando millonarios recursos a pagar por “cascarones vacíos” confunden a la opinión pública, porque la alternativa no es destinar esos recursos a una mejor educación. La alternativa es seguir destinando dinero de todos los chilenos al bolsillo de algunos sostenedores a través del lucro en la educación. ¡Y existe otra diferencia fundamental! No sólo es un gasto menor para el fisco, sino que, pasado el año 12, el edificio pasa a ser del Estado, sin perjuicio de que será el particular el que lo siga administrando. Es decir, las familias no tendrán que seguir viviendo bajo la incertidumbre de que, de un día para otro, el colegio cierre porque el dueño ha decidido vender el terreno para otros usos, como sucedió en el colegio Arturo Alessandri Palma, en la comuna de Recoleta.[/cita]
Más allá de que ninguno proponga una alternativa, ni se manifiesten en torno a la necesidad de terminar con el negocio educacional, sus declaraciones presentan una visión parcial y tendenciosa de la realidad.
Independientemente de la disputa entre el Mineduc, la Dirección de Presupuestos, los sostenedores, Walker y Velasco sobre cuánto costará la operación finalmente, la pregunta de fondo es si este compromiso es una compra inútil de “fierros” que bien se podrían estar destinando a mejorar la calidad de la educación o no. Para responder a esta pregunta es necesario entender qué implica la compra del establecimiento y qué pasaría si dicha compra no se hiciera.
Por un lado, supongamos que se aprueba el proyecto de ley y el Estado entrega la subvención por infraestructura a estos sostenedores, bajo la condición de que el sostenedor debe renunciar a seguir lucrando. Esto significa que los únicos recursos fiscales que irán al bolsillo del sostenedor son los detallados a continuación.
El monto extra que el fisco entregará como subvención de infraestructura será determinado por una comisión de expertos, pero corresponderá, como máximo, a 75 UF por alumno en concepto de edificio y 30 UF por alumno en concepto de terreno. En total, un máximo de 105 UF por alumno, a los que se les debe restar la inversión directa hecha por el Estado a través de la JEC (Jornada Escolar Completa), en los arreglos posterremoto y otras inversiones en infraestructura que se hayan realizado. Este total se paga en 12 cuotas anuales. Además de esta subvención por infraestructura, el proyecto establece que el sostenedor puede recibir, con cargo a la subvención educacional, un “arriendo” de máximo 4% del remanente del capital de la infraestructura que aún no ha sido pagado.
Por otro lado, si el Estado no hiciera la compra del establecimiento al sostenedor, este seguiría extrayendo utilidades del total de las subvenciones educacionales que aquel le entrega. Calcular el monto de las utilidades de estos sostenedores no es tan fácil. Al igual que en las universidades, hay una red de sociedades relacionadas que hace que se confundan los costos de la sociedad educativa con el lucro global del sostenedor. A pesar de eso, hoy hay sostenedores que plantean que el porcentaje del ingreso por subvención que finalmente llega a su propio bolsillo puede estar entre 10 y 20%.
¿Qué implica cada una de estas alternativas para un establecimiento promedio que hoy tiene fines de lucro? ¿Cuántos recursos se van a destinar al proceso educativo, a los profesores, a los recursos pedagógicos y cuánto al bolsillo del sostenedor, en cada alternativa? Veamos qué sucede con un ejercicio simple, en donde tomamos un establecimiento promedio que tiene alrededor de 300 estudiantes con un 15% de concentración de alumnos prioritarios, donde el Estado invirtió alrededor de 15.000 UF en concepto de JEC, inversión en infraestructura y arreglos posterremoto, y que la tasa de descuento relevante para el Estado es de 6% (tasa social de descuento vigente del Ministerio de Desarrollo Social).
En primer lugar, seamos pesimistas y supongamos que la comisión de expertos determina que la subvención por infraestructura que se le debe pagar al sostenedor es el máximo permitido por la legislación. Es decir, 105 UF por alumno, menos los 15.000 UF invertidos por el Estado. El valor presente neto de lo que tendrá que pagar el Estado es de aproximadamente $370 millones de pesos. Por otro lado, si permitimos que se siga lucrando con la educación (que, hasta el día de hoy, es legal), un porcentaje de la subvención escolar irá al bolsillo del sostenedor. Seamos especialmente conservadores y supongamos que ese porcentaje es del 10% y que la tasa de crecimiento de la Unidad de Subvención Educacional (USE) es del 2% sobre la inflación. El valor presente neto del desembolso del Estado hacia el bolsillo de los sostenedores es de poco más de $570 millones. Es decir, aunque seamos especialmente pesimistas con el monto que le tocará pagar al Estado para comprar los colegios y especialmente optimistas con que los recursos que se llevaría el sostenedor serían mínimos si continuara lucrando, ¡es más barato comprar el establecimiento!
Cuando Velasco y Walker sugieren que se estarían destinando millonarios recursos a pagar por “cascarones vacíos” confunden a la opinión pública, porque la alternativa no es destinar esos recursos a una mejor educación. La alternativa es seguir destinando dinero de todos los chilenos al bolsillo de algunos sostenedores a través del lucro en la educación. ¡Y existe otra diferencia fundamental! No sólo es un gasto menor para el fisco, sino que, pasado el año 12, el edificio pasa a ser del Estado, sin perjuicio de que será el particular el que lo siga administrando. Es decir, las familias no tendrán que seguir viviendo bajo la incertidumbre de que, de un día para otro, el colegio cierre porque el dueño ha decidido vender el terreno para otros usos, como sucedió en el colegio Arturo Alessandri Palma, en la comuna de Recoleta.
Al ver estos números uno se pregunta: y, si es cierto, ¿por qué nadie ha dicho nada al respecto? Pues sí lo han hecho. Son los mismos sostenedores de algunos establecimientos, que perseguían fines de lucro y en donde primaba el bolsillo, los que piden que la tasa de rentabilidad del capital sea más del 4% y que, en algunos casos, llegue hasta el 11%. Ellos han usado una calculadora mucho más exacta que la mía y han descubierto que el negocio de venderle los “cascarones vacíos” al MINEDUC no es tan bueno como el negocio de lucrar con la educación. Es decir, este proyecto implica que el fisco gastará menos plata en transferencias directas a los sostenedores y se destinarán más recursos exclusivamente a la calidad de la educación de nuestros jóvenes.
Es cierto que la idea de la Nueva Mayoría de comprar estos “cascarones vacíos” es un adelanto de recursos significativo, pero la realidad es que es una inversión que, a la larga, le saldrá más barata al fisco que el negocio con recursos públicos que la dictadura y la Concertación les permitió a muchos empresarios por más de 30 años. Llegó la hora de terminar con ese abuso y, después, seguir avanzando hacia un nuevo trato con la educación pública y una carrera docente a la altura del siglo XXI.
