De no avanzarse en la explicitación de una política indígena, más allá de la enumeración de las medidas conocidas, continuará en la ambigüedad el rol a jugar por las nuevas autoridades e instituciones vinculadas a esta temática histórica, con las consiguientes incertidumbres y decepción para las expectativas cifradas por parte de las comunidades indígenas en el actual gobierno.
Aprovechando la celebración del Año Nuevo Mapuche, la Presidenta Bachelet anunció medidas que intentan dar respuesta a las demandas históricas, reconocidas e impagas del Estado de Chile con las comunidades indígenas y especialmente mapuche. Era un anuncio esperado para reparar el déficit evidente en la materia del Mensaje Presidencial del 21 de mayo y el retraso en el cumplimiento de lo prometido para los primeros cien días de gobierno. No es un detalle menor considerar el amplio respaldo que consiguió la Presidenta para su reelección en la mayoría de las comunas con una población dominante mapuche.
Con todo, los importantes anuncios presidenciales del 24 de junio quedan por debajo de las expectativas cifradas en el necesario giro que se requiere para una política indígena que aborde los temas sustantivos de la deuda histórica del Estado chileno con las comunidades que heredan las múltiples consecuencias de la usurpación violenta de su territorio.
En efecto, la enumeración de algunas medidas que son parte de la reivindicación histórica del pueblo indígena, más allá del reconocimiento de la denominada deuda histórica, parece adolecer de la falta de una explicitación más clara de cuál es esa política indígena que se propone impulsar el gobierno.
El anuncio de una consulta para ratificar la creación de nuevas instituciones en el mediano plazo parece quedar corto frente a la necesidad de precisar los fundamentos políticos que le pueden dar sentido en el contexto de una situación crítica para los derechos vulnerados de nuestros pueblos originarios.
[cita]De no avanzarse en la explicitación de una política indígena, más allá de la enumeración de las medidas conocidas, continuará en la ambigüedad el rol a jugar por las nuevas autoridades e instituciones vinculadas a esta temática histórica, con las consiguientes incertidumbres y decepción para las expectativas cifradas por parte de las comunidades indígenas en el actual gobierno.[/cita]
La asignatura pendiente continúa siendo la expresión más genuina de una voluntad política para asumir la deuda histórica, que tiene que ver derechamente con despojo, atropellos, crímenes, persecución y usurpación realizadas por el Estado de Chile en los últimos 130 años. En ese contexto queda pendiente la voluntad expresa de un diálogo real y simétrico con los pueblos originarios para discutir y progresar –en igualdad de condiciones– en el problema político existente entre el Estado y los indígenas del país. Un tema histórico mayor que, sin eufemismos, requiere de una solución política. Debe reconocerse que no existirá solución al conflicto del Estado chileno con los pueblos originarios si este no se resuelve políticamente y en igualdad de condiciones.
Esa solución política pasa por enfrentar los temas de la restitución de tierras, del reconocimiento de los territorios indígenas y, en ellos, del derecho a la autodeterminación, reconociendo el carácter plurinacional del Estado de Chile. En ese marco se puede desarrollar la identidad cultural y el respeto al medio ambiente en las inversiones en esos territorios, así como la participación política en las instituciones del Estado. No hay atajos para eludir un necesario nuevo trato, que dando cumplimiento cabal al Convenio 169, viabilice el acceso igualitario a la educación. Todo lo anterior terminando con las formas de militarización policial del territorio que consolidó el anterior gobierno, prolongando la histórica política de criminalización, discriminación y estigmatización, que pretende arrasar con las formas de vida y cultura propias del mundo indígena.
De hecho, los anuncios presidenciales del 24 de junio, parecen abrir un signo de interrogación respecto de los alcances reales de una política indígena, esbozados durante la pasada campaña presidencial y proclamados también, en este último tiempo, por autoridades de la actual administración.
De no avanzarse en la explicitación de una política indígena, más allá de la enumeración de las medidas conocidas, continuará en la ambigüedad el rol a jugar por las nuevas autoridades e instituciones vinculadas a esta temática histórica, con las consiguientes incertidumbres y decepción para las expectativas cifradas por parte de las comunidades indígenas en el actual gobierno.
