El problema es estructural y debe ser resuelto por vías políticas que permitan avanzar en la recuperación del sentido público y estratégico del sistema de investigación. Esto significa decidirnos a construir participativamente en un nuevo sistema del conocimiento, articulado estratégicamente con el proyecto de desarrollo y complejización de nuestra matriz productiva. En último término, esto representa un modo de democratizar la riqueza del país.
El domingo 13 de julio, en la crónica “La formación de cerebros en el país”, publicada en La Tercera, se analizó la formación de doctorados en el país, o, en la nomenclatura liberal de moda, la inversión en Capital Humano Avanzado. Resulta interesante comprobar que actualmente la inversión en alta formación académica (considerando tanto doctores formados en el país, con el programa Becas CONICYT, como fuera del país, con el programa Becas Chile) alcanza tasas anuales comparables con las de países desarrollados. Además, estas tasas proyectadas en el mediano plazo permitirían alcanzar proporciones de doctores respecto al total de la población similares a las de estos países. Sin embargo, resulta aún más interesante descubrir que este proyecto de inversión no parece responder a ninguna planificación previa que lo dote de sentido. Mientras miles de jóvenes están siendo becados para hacer doctorados en las mejores universidades chilenas y del mundo, nadie parece tener claro qué buscamos obtener como país en el proceso.
Esta falta de dirección estratégica se evidencia en las opiniones divergentes de los directores de Investigación y Postgrados de las dos universidades más importantes del país, que dan cuenta también de la diferencia en los roles de ambas instituciones. Por una parte, Daniel Wolff, director del Departamento de Postgrados de la Universidad de Chile, apunta a que el problema es que nuestro país tiene una economía extractivista con escaso desarrollo industrial y que, por lo tanto, los procesos productivos de Chile no exigen investigación avanzada. Por la otra, Jani Brouwer, directora de Investigación y Colegio de Programas Doctorales de la U. Católica, insiste en la necesidad de “motivar” a las empresas para que ofrezcan la posibilidad de hacer tesis en la industria. Esta disyuntiva entre la construcción de un proyecto articulado de desarrollo nacional, versus apostar a la iniciativa privada como fuente de resolución de problemas entendidos como oferta y demanda (en este caso, oferta de doctores y demanda de investigación aplicada) está en la raíz del famoso problema de la inserción de los postgraduados, o para qué financia el país estudios de postgrado. En el fondo, es una discusión sobre si tenemos un plan nacional en el que la formación tenga coherencia con la inserción, y ésta con la cultura y las actividades productivas del país. Esta reflexión también invita a preguntarse quién decidió y administra este proyecto país de formación académica.
[cita]El problema es estructural y debe ser resuelto por vías políticas que permitan avanzar en la recuperación del sentido público y estratégico del sistema de investigación. Esto significa decidirnos a construir participativamente en un nuevo sistema del conocimiento, articulado estratégicamente con el proyecto de desarrollo y complejización de nuestra matriz productiva. En último término, esto representa un modo de democratizar la riqueza del país. [/cita]
En primer lugar, hacer una tesis es insuficiente, tanto para absorber a los investigadores formados como para incidir en las actividades productivas. En segundo lugar, la invitación de Brouwer no responde a un diagnóstico novedoso. En realidad, su idea de motivar a la industria lleva bastante tiempo operando, y ha tenido una amplia repercusión en las políticas institucionales y en el sistema de financiamiento de la investigación en Chile. La Estrategia Nacional de Innovación y varios programas de CONICYT y CORFO han sido diseñados fundamentalmente para perseguir este objetivo. Sin embargo, la pretensión de incorporar personas altamente formadas a la industria no ha dado resultados positivos. El año pasado el programa de Inserción de Capital Humano Avanzado en el Sector Productivo incorporó apenas 19 doctores a la industria, y las experiencias anteriores indican que sólo un porcentaje menor de las empresas mantienen a sus doctores al finalizar la subvención entregada por el Programa de Atracción e Inserción (PAI) de CONICYT.
El fracaso de esta estrategia está asociado a las condiciones productivas de Chile, que se manifiestan, por ejemplo, en tratados de libre comercio poco convenientes para el desarrollo productivo y tecnológico del país, y en beneficios tributarios exagerados para los grandes inversionistas. La actual estructura tributaria favorece un capitalismo rentista por sobre uno industrializador, que no invierte en soluciones innovadoras en torno a sus actividades productivas, limitándose a cobrar rentas sobre la propiedad de los recursos de los que se ha apropiado. Este escenario representa una crisis estructural que ha generado un empresariado ocioso, incapaz de conducir el proyecto de complejización y modernización de la matriz productiva del país. Por su parte, las condiciones de establecimiento del capital transnacional tampoco presentan posibilidades de articulación para el desarrollo científico local. Las grandes empresas extranjeras, que en el caso de la gran minería representan más del 70% del volumen de exportación (frente a menos del 20% de CODELCO y menos del 10% de AMSA, liderada por el grupo Luksic), recurren a centros tecnológicos desarrollados por sus países de origen. Para estas empresas, Chile representa apenas una pequeña fracción de sus operaciones globales, por lo que no se justificaría una inversión en innovación productiva a escala local.
En este escenario productivo en que el mercado es el eje motor y que está administrado por capitalistas-rentistas y empresas transnacionales, se distingue una irremediable desconexión entre la investigación y el proyecto productivo del país. En realidad, nuestro problema no ha sido la incapacidad de gestionar la motivación de las empresas para contratar personas con alta formación. El problema es estructural y debe ser resuelto por vías políticas que permitan avanzar en la recuperación del sentido público y estratégico del sistema de investigación. Esto significa decidirnos a construir participativamente en un nuevo sistema del conocimiento, articulado estratégicamente con el proyecto de desarrollo y complejización de nuestra matriz productiva. En último término, esto representa un modo de democratizar la riqueza del país.
Concordamos con Wolff en que Chile necesita una política global que contemple un aporte basal a las universidades públicas para fortalecer sus programas de investigación. Más aún, agregaríamos a esto la necesidad de que las Universidades construyan democracias internas fuertes que aseguren que el financiamiento de la ciencia esté orientado por una discusión colectiva que responda a las necesidades reales del país. Esto ayudará a dar el salto en talento humano avanzado que el país requiere. La posición de Brouwer, por su parte, se encarga de mostrar la doble cara de las Universidades que se autodefinen como públicas a la hora de recibir financiamiento estatal, pero cuyo horizonte concreto apunta a abastecer de personas formadas con financiamiento estatal una innovación empresarial inexistente; Universidades que no están dispuestas a ponerse al servicio de una estrategia pública, ni a permitir estructuras democráticas acordes con este sentido.
Para salir del nudo ciego que representa la innovación en economías como la chilena, es necesario que la comunidad científica y la sociedad en su conjunto se dispongan a avanzar hacia un nuevo acuerdo social, que se materialice en modelos macroeconómicos que permitan abandonar las lógicas mercantiles desfavorables para empezar a privilegiar aquellas que planificadamente potencien el desarrollo social. Esto no quiere decir que se deban abandonar actividades productivas que han sido importantes para Chile a lo largo de toda su historia, como la minería del cobre. Quiere decir que estas actividades deben funcionar bajo nuevos principios que permitan cambiar las actuales lógicas de competencia por otras de colaboración colectiva. Las exportaciones de cobre, que actualmente se traducen en crecimiento económico en condiciones de desigualdad social, deben pasar a ser una fuente de financiamiento para un nuevo proyecto de complejización y diversificación de la matriz productiva. Esto le permitirá a nuestra sociedad superar el extractivismo y la producción sin valor agregado, y transitar hacia un sistema productivo centrado en la capacidad generadora de valor del trabajo, en el que la inserción de las capacidades adquiridas en doctorados tendrá sentido. Esto implica avanzar en un proyecto de innovación estratégico, con sentido de propiedad pública de los recursos productivos, para establecer focos modernos de interés científico y tecnológico.
