El debate en educación: cuando las palabras quedan vacías

Hannah Arendt decía que la política sólo es posible “donde palabra y acto no se han separado, donde las palabras no están vacías y los hechos no son brutales, donde las palabras no se emplean para velar intenciones sino para descubrir realidades, y los actos no se usan para violar y destruir sino para establecer relaciones y crear nuevas realidades”. Cuando las palabras no están vacías las podemos usar para comunicarnos y discutir. Entonces ellas pueden servir para unir voluntades a través del discurso. Pero cuando quedan vacías, cuando ellas sólo cumplen la función de velar intenciones, entonces deja de haber comunicación, y el discurso es una pantalla para la manipulación y en general para la imposición de la presión puramente fáctica.

Eso es lo que hoy está pasando en materia educacional. Más allá de sus dichos, la derecha se opone a una reforma cuya finalidad es aumentar la igual libertad y ciudadanía de todos. Se trata de que la educación que cada uno reciba no esté atada a la cuna, al dinero que la familia pueda pagar, sea mucho o poco. Eso resulta inaceptable para la derecha y, por consiguiente, se opone. Pero lo hace vaciando las palabras, usándolas como instrumentos de manipulación. El letrero que aparece en la imagen que acompaña a estas líneas (financiado por la “Confepa”) es suficiente prueba de ello. No hay nada en la reforma educacional hoy en discusión que justifique decir que conforme a ella “el Estado decide por ti”. Nada. Esto no quiere decir, por supuesto, que no pueda haber argumentos para oponerse a la reforma (aunque yo todavía no los he escuchado). Lo que quiere decir es que, oponerse a ella diciendo que se trata de optar entre que las familias elijan y que el Estado elija por ellas, es mostrar desprecio por las palabras.

Hace algunos días fui invitado a exponer a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Después de la exposición, hubo espacio para comentarios y preguntas de los miembros de la Comisión. Lo que la exposición (cuya minuta está disponible junto al video) intentaba explicar es que el proyecto tiene la finalidad de erradicar el mercado en la educación, haciendo de la educación un derecho social y no una mercancía. El diputado Felipe Kast preguntó (min 59:38), “solamente para ver si entendí bien”, si lo que yo había dicho era que “no es necesario definir cuál es un derecho social y su nivel de calidad para que sea un derecho social, o sea, ¿bastaría que fuera igual? Lo que yo encuentro que es una definición de derecho social bastante arbitraria, porque si el derecho social es derecho a educarse en una educación de mala calidad, ¿se cumple el derecho social sin tener que definir el estándar de calidad que queremos entregar a los chilenos?”.

A esto mi respuesta fue que la pregunta del diputado confundía dos cuestiones: “Una cuestión es si algo se ofrece o se provee como si fuera un derecho social, y otra cosa es el nivel de calidad de lo provisto. No estoy diciendo por supuesto que lo segundo no sea relevante, estoy diciendo simplemente que son dos cosas distintas” (min 60:15).

[cita]La derecha no cree que la educación deba proveer de iguales oportunidades de desarrollo de la personalidad para todos, cree que “los padres” tienen un “derecho humano” a que esas oportunidades se distribuyan conforme a una lógica de mercado (precio-calidad) y el Estado, por su parte, tiene el deber de subsidiar a los pobres para “asegurar un mínimo de calidad”. Que lo digan con todas sus letras, como lo hizo Jofré en 1987 (algo me dice que no lo haría hoy). Pero no lo dicen. En vez, recurren al argumento de “la calidad”.[/cita]

¿Quiere esto decir, insistió el diputado, que no importa “la calidad”? Respuesta (min 60:38): “Depende. Si uno está discutiendo cuáles son las condiciones institucionales que corresponden al reconocimiento de la educación como un derecho social, entonces nos preguntaremos qué quiere decir la educación como derecho social. Si uno está preguntándose: dado que tenemos un régimen institucional dado, ¿cómo mejorar la calidad de la Educación que se provee?, esa es otra discusión para la cual hay otras cuestiones que son relevantes. No estoy diciendo que una sea relevante y la otra irrelevante. Lo que estoy diciendo es que, a mi juicio, sensatamente, este proyecto supone que la reforma educativa debe comenzar discutiendo las características institucionales fundamentales bajo las cuales es provista la educación, porque lo que hemos heredado como problemas son simplemente las consecuencias naturales del sistema operando».

En una columna publicada unos días después, el diputado narró del siguiente modo nuestro intercambio: “Entonces le pregunté directamente si hablar de educación como ‘derecho social’ implicaba hablar de calidad, dado que el derecho al acceso a la educación escolar hoy es problema resuelto. Estuvo en completo descuerdo. Para Atria el derecho social no tiene relación con asegurar un mínimo de calidad en la educación, sino con que todos puedan tener acceso al mismo estándar. No hay problema con nivelar hacia abajo, o con sacarle los patines a los colegios subvencionados” (en Publimetro, 22 de julio).

Kast, por supuesto, tiene todo el derecho a creer lo que quiera, incluso que el derecho a la educación se reduce a “asegurar un mínimo de calidad”. Esta idea de “mínimos” es precisamente el problema, porque es una forma condescendiente de dar algo a “los pobres”. Ella se justifica (hoy) con un discurso que se dice igualitario pero cumple la función obvia de mantener a los pobres como pobres, porque la consecuencia natural de que se trate de un mínimo es que sobre ese mínimo cada uno podrá comprar en el mercado lo que quiera (y, desde luego, pueda). Si, como ha dicho Joaquín Lavín, el copago “es un derecho humano”, ¿cómo puede decirse que es un problema que “los pobres” reciban educación de mala calidad»?

De hecho, en su momento esto fue explícito: para que el mercado sea posible, para que “los padres” puedan ejercer su “derecho humano” a copagar, es necesario que la educación “gratuita” sea peor que la pagada. Como lo afirmó Gerardo Jofré, cuando participaba del diseño del sistema escolar durante la dictadura, nadie compraría educación en el mercado “si existieran establecimientos subvencionados y establecimientos pagados sin diferencias perceptibles en el servicio prestado” (p. 213). Para que pueda funcionar el mercado, entonces, “debe admitirse que la educación subvencionada será de calidad inferior que la pagada” (ibíd). No sólo “admitirse”: el Estado debe cuidar que esas “diferencias perceptibles” se mantengan: “… sí puede ser conveniente, en determinadas circunstancias, contener el aumento de la calidad de la educación subvencionada para obtener a largo plazo una mayor calidad que lo que se obtendría expandiéndola indiscriminadamente” (p. 214).

Por eso el diputado está en lo correcto cuando describe mi posición diciendo que estoy “en completo desacuerdo” con la idea de que el derecho a la educación “tiene relación” con “asegurar un mínimo de calidad”. Pero a continuación él añade, con la pretensión de que me está parafraseando, que “no hay problema con nivelar hacia abajo, o con sacarle los patines a los colegios subvencionados”. Esto es una grosera distorsión, un intento de engañar al lector.

Los políticos e “intelectuales” de derecha repiten esta majadería una y otra vez, pero descansando sólo en confusiones. Así, por ejemplo, se ha sostenido que: “Si pensáramos que la igualdad es un bien en sí mismo debiéramos preferir siempre una sociedad mucho más pobre pero con mayor igualdad a una mucho más rica con menor igualdad”. Por supuesto, si uno creyera esto, entonces decir que la educación es un derecho social y no un derecho a un mínimo sería o al menos implicaría o justificaría formas de “nivelación hacia abajo”. Pero es una idea absurda, insostenible, que sólo la puede formular el que no sabe o no le importa lo que significan las palabras: que la igualdad de todos sea importante no quiere decir que sea lo único importante.

En la sesión de la Comisión de Educación celebrada el 14 de julio, el diputado volvió a insistir, describiendo nuestro intercambio de la siguiente manera (min 110:25): “Yo le pregunté directamente si es que la calidad era un elemento que debiéramos ponerle a la reforma para que tenga sentido el hablar del derecho a la educación. El manifestó que en realidad no era tan relevante ponerle el apellido de calidad sino que era más relevante nivelarlo. Y ahí me convencí de que en realidad la lógica de nivelar, o de quitar los patines, no era simplemente un error del ministro sino que de verdad era un elemento que tenía un fundamento más filosófico”.

La razón por la cual la educación como derecho social y lo que el diputado llama “la calidad” son diferenciables, es que la educación como derecho social es la condición necesaria (aunque no suficiente) para que la calidad mejore para todos. Mientras sea una mercancía, las mejoras en la calidad tenderán a distribuirse conforme a la lógica desigual del mercado. ¿En qué establecimientos terminarán trabajando, en general, los mejores beneficiarios de la beca “Vocación de Profesor”? Por eso, educación como derecho social y calidad son diferenciables; porque entre ambas hay una relación de causa a efecto (si lo que nos importa es mejorar la calidad de la educación para todos).

¿Cómo puede decir el diputado que el solo hecho de hacer esta distinción, y decir que lo que necesitamos hacer es transformar el sistema educacional para que deje de ser un sistema de mercado, implica que uno está defendiendo una política de “nivelación hacia abajo”?

Por supuesto, si uno creyera que el sistema educacional está bien organizado, y que “la calidad” de la educación para pobres es baja porque hay algún aspecto puntual de ese sistema que está funcionando como un cuello de botella, entonces lo que sería razonable sería atender a identificar y corregir ese cuello de botella. Pero Jofré tenía razón en lo que se refiere a la racionalidad de mercado. En educación tenemos lo que el mercado produce cuando funciona: aumento de la oferta y distribución conforme a alguna función precio-calidad. Mientras se trate de un mercado, la educación se distribuirá conforme a la lógica del mercado, es decir, conforme a esta lógica de precio-calidad. ¿Es tan difícil de entender?

La derecha no cree que la educación deba proveer de iguales oportunidades de desarrollo de la personalidad para todos, cree que “los padres” tienen un “derecho humano” a que esas oportunidades se distribuyan conforme a una lógica de mercado (precio-calidad) y el Estado, por su parte, tiene el deber de subsidiar a los pobres para “asegurar un mínimo de calidad”. Que lo digan con todas sus letras, como lo hizo Jofré en 1987 (algo me dice que no lo haría hoy). Pero no lo dicen. En vez, recurren al argumento de “la calidad”. El diputado sostiene la misma tesis que sostenían los defensores de la segregación racial en Estados Unidos (separados pero iguales: “No hay problema en que haya escuelas para negros y escuelas para blancos, si ambas son de la misma calidad”). Ellos decían que no había que preocuparse por la cuestión institucional de reorganizar el sistema educacional para evitar la segregación, sólo había que preocuparse de “la calidad” de las escuelas para negros.

(No estoy diciendo que sea lo mismo la segregación legalmente sancionada, como en Estados Unidos antes de 1954, y la segregación que es el resultado “espontáneo” de la operación normal del mercado. No son lo mismo, aunque eso no significa que la segunda sea políticamente irrelevante. Lo que aquí me interesa es la diferencia entre discutir la cuestión de la organización institucional de la educación, por una parte, y discutir medidas que sin afectar la organización del sistema pretenden corregir la situación de los más perjudicados, por la otra)

En toda la discusión sobre educación como derecho social desde la derecha no ha aparecido, hasta donde yo conozco, más que eso: distorsión, tergiversación y manipulación. Como la del diputado, o la del cartel de la imagen al principio. La derecha no tiene argumentos, tiene poder fáctico, ese poder que permite a una fundación de derecha que necesita recursos hacer una colecta entre sus empresarios amigos y reunir 50 millones de dólares. Pero para ejercer este poder fáctico sin que se note que es sólo facticidad necesitan hacer lo que el diputado hizo, es decir, vaciar de contenido las palabras y reemplazar los argumentos que no puede responder por otros, a los que sí pueda responder.

Lo anterior no está escrito para el diputado. Después de todo, no son más que palabras, que para él están vacías. Es sólo para dejar constancia.