A propósito del atentado ocurrido en la estación Escuela Militar, del Metro de Santiago, es necesario tener algunas cuestiones en consideración.
Primero, estos actos son preocupantes porque ponen en duda la seguridad de las personas que transitan a diario por el tren subterráneo, ya que se genera una sensación de incertidumbre acerca de las posibilidades de que ocurra un accionar terrorista que ponga en jaque la integridad física de sus usuarios. Desde esta perspectiva, tanto social como económicamente hay que tener mucho cuidado con estas situaciones límites que ponen al Estado de Derecho a prueba, principalmente por las consecuencias que se derivan del pánico colectivo. De ahí que sea de suyo relevante, que las autoridades condenen enérgicamente los actos terroristas.
Sin embargo, también es necesario entender y definir hacia qué fines se dirigirán las acciones tomadas por los diversos órganos competentes, en especial, aquellos relacionados a la administración del Estado. Esto, porque se ha manifestado la intención de invocar la ley 18.314, también conocida como “Ley Antiterrorista”.
Invocar esa normativa para este caso particular puede entenderse como una forma de demostrar vehemente el repudio de dichos atentados, pero analizar la situación solamente de esa manera puede llevarnos al error de pensar que en la invocación de la ley antiterrorista se encuentran las respuestas para todos los problemas de seguridad pública. Dicha norma, no solamente ha sido impugnada por organismos nacionales e internacionales por su insalvable déficit democrático, en la medida que viola garantías procesales esenciales, sino que también es ineficaz para los propósitos que busca solucionar. Eso, porque lo que dicha norma hace es solo “buscar a quien culpar” más que, en verdad encontrar a los verdaderos responsables.
Obviamente, de lo anterior no debe concluirse que se debe rechazar cualquier intento por desarrollar una legislación que permita encontrar y sancionar efectivamente a los perpetradores de actos delictuales, como los ocurridos recientemente en el Metro, sino que el verdadero objetivo debe estar en la prevención del delito. No podemos pretender que los grupos radicales dejen de operar por el solo temor al castigo penal, sino que debe existir un esfuerzo real de las autoridades por encontrar soluciones que permitan evitar este tipo de incidentes, y no esperar a que ocurran para reaccionar con sagacidad y firmeza.
(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl
