Los sistemas de salud que incluyen arreglos mixtos no colaborativos, más temprano que tarde, generan incentivos para la competencia y la corrupción. Imagine usted por un momento a proveedores públicos y privados de servicios de salud que requieren del mismo universo de profesionales y técnicos claves para el logro de sus objetivos. Por otra parte, que dichos proveedores presenten incentivos totalmente contrapuestos: unos centrados en la salud y otros en la enfermedad.
La globalización se ha constituido como un punto de inflexión respecto de los desafíos para los sistemas de salud. La vulnerabilidad inherente a la disminución de las barreras económicas, culturales y políticas ha, nuevamente, puesto en el centro de la discusión política la seguridad social en salud. Actualmente, la difusión de la cobertura universal en salud como una estrategia a través de la cual ninguna persona pueda pasar dificultades financieras por el solo hecho de enfermar, posiciona el debate sobre el diseño e implementación de sistemas de financiamiento en salud a nivel global.
Los sistemas de financiamiento en salud se componen de tres funciones: recolección, fondo común y compra. Es así como las diferentes ideologías políticas han concentrado sus agendas de reforma principalmente en el nivel de participación del Estado y el mercado en dichas funciones. En Chile, desde el regreso a la democracia, el sistema de financiamiento ha sido parte de la agenda de reformas a las políticas sociales de salud. Sin embargo, la solidaridad representada como el establecimiento de un fondo común que integre el financiamiento público y privado de salud ha estado vetada por el sistema electoral binominal e intereses propios de diversos actores del sector de la salud.
La discusión técnica relacionada al financiamiento del sistema de salud chileno ha derivado para la opinión pública en un debate iterativo respecto del papel de las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) como administradoras del seguro social obligatorio en salud. Sí, administradoras y no propietarias de un seguro público obligatorio y pionero en relación a esquemas de protección social en salud para países de bajos y medianos ingresos.
[cita]Los sistemas de salud que incluyen arreglos mixtos no colaborativos, más temprano que tarde, generan incentivos para la competencia y la corrupción. Imagine usted por un momento a proveedores públicos y privados de servicios de salud que requieren del mismo universo de profesionales y técnicos claves para el logro de sus objetivos. Por otra parte, que dichos proveedores presenten incentivos totalmente contrapuestos: unos centrados en la salud y otros en la enfermedad.[/cita]
No obstante, el proceso político y legislativo de las últimas décadas no ha logrado introducir cambios estructurales profundos a la reforma de la seguridad social en salud diseñada e implementada por la dictadura militar. En el caso de las Isapres, se ha intentado avanzar tímidamente en su regulación, primero con la creación de la Superintendencia de Isapres que terminó con casi una década de expansión de las administradoras privadas del seguro obligatorio en salud. Sin embargo, la discriminación por género, edad y preexistencias continuó como la base conceptual detrás de la generación de utilidades por parte de las Isapres. En la siguiente década, los esfuerzos del gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos Escobar no lograron terminar con la lógica individual por sobre una solidaria y colectiva del seguro obligatorio en salud introducida por la dictadura.
El debate político de fondo respecto de la seguridad social en salud no se relaciona necesariamente con quién administra el seguro obligatorio, sino cómo se avanza hacia el desarrollo de un sistema de salud que no entregue espacios legales para la generación de incentivos para el abuso de empresas de seguros, proveedores y profesionales respecto de la salud de la población. En el caso de Chile, el sistema de salud mixto en su financiamiento y provisión de servicios de salud, condiciona que, incluso eliminando las Isapres como administradoras del seguro obligatorio, las inequidades y abusos persistan por parte de proveedores de servicios de salud y aseguradores.
Los sistemas de salud que incluyen arreglos mixtos no colaborativos, más temprano que tarde, generan incentivos para la competencia y la corrupción. Imagine usted por un momento a proveedores públicos y privados de servicios de salud que requieren del mismo universo de profesionales y técnicos claves para el logro de sus objetivos. Por otra parte, que dichos proveedores presenten incentivos totalmente contrapuestos: unos centrados en la salud y otros en la enfermedad.
Para lograr un sistema de salud solidario, basado en derechos, cobertura universal en salud y centrado en las personas, es la institucionalidad del sector salud en su conjunto la que debe ser cuestionada. Sin duda alguna el Informe de la Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de un Nuevo Modelo y Marco Jurídico para el Sistema Privado de Salud se constituye como un aporte sustantivo respecto de centrar la discusión en la estructura del sistema de salud, por sobre el 16% de privilegiados que somos usuarias(os) de las ISAPRES, así como de la provisión privada de servicios de salud.
