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Sin calidad no hay inclusión: una ruta alternativa para Atria

por 13 noviembre, 2014

Sin calidad no hay inclusión: una ruta alternativa para Atria
No es muy difícil de entender, pero el gobierno todavía no asume que es imposible reducir la segregación sin aumentar la calidad. Desgraciadamente la evidencia histórica nos ha demostrado que el Estado ha fallado sistemáticamente en su intento por generar espacios de inclusión a pesar de haber multiplicado los ingresos fiscales por cuatro desde 1990. En su lugar, y muchas veces con menos recursos, cientos de emprendedores han logrado generar espacios de inclusión en distintos ámbitos.
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La semana pasada argumenté que me parecía completamente legítimo que el profesor Atria suscriba una mirada igualitarista de los derechos sociales, pero que me parece poco honesto intentar disfrazarla para que sea más digerible. Esta semana quisiera invitar al profesor Atria a explorar una ruta alternativa para avanzar en forma decidida hacia una sociedad más integrada, objetivo compartido por todos. Una ruta que nos permita conseguir el mismo sueño –mayor inclusión y equidad– sin vulnerar el legítimo derecho de cada ciudadano a aspirar a una educación de mejor calidad, derecho que, según entiendo, tanto él como yo ejercemos actualmente al educar a nuestros hijos.

La ruta alternativa consiste en trabajar en forma sistemática una alianza público-privada por generar espacios de inclusión social.

¿En qué consiste un espacio de inclusión? Los espacios de inclusión son bienes públicos que cumplen al menos dos condiciones: 1) son de excelencia (y, por lo tanto, la gran mayoría quiere participar de él) y 2) nadie es discriminado al momento de entrar en él. Ambos elementos son igualmente relevantes. Faltando uno de ellos deja de ser un espacio de inclusión.

Es fácil entender las implicancias de estas condiciones para el caso de la educación. Si la educación pública es de mala calidad es esperable que los apoderados busquen distintas formas para compensar las fallas del Estado, moverse, por ejemplo, a colegios particulares pagados o colegios con copago, y eso finalmente se traduce en un aumento de la segregación.

Desgraciadamente el gobierno para la reforma educacional partió del supuesto equivocado. En lugar de asumir su responsabilidad por no haber podido entregar educación pública de excelencia, prefirió etiquetar a los padres como ciudadanos “egoístas” que buscan sistemáticamente segregar a sus hijos. Este error de diagnóstico en su diseño de política pública es grave. No solo porque no sabemos la prevalencia e incidencia efectiva del prejuicio (que sin lugar a dudas existe), sino porque la forma más efectiva de combatir ese supuesto arribismo es justamente creando colegios públicos de excelencia.

Y es que nadie, ni siquiera los ideólogos de la Nueva Mayoría que atacan a los apoderados de la Confepa por defender a los colegios particulares subvencionados, están dispuesto a enviar a su hijo a un colegio de mala calidad. De hecho, gran mayoría de ellos tiene a sus hijos en colegios ultrasegregados que cobran entre 250 y 400 mil pesos mensuales, no como los particulares subvencionados con copago que están obligados a integrar a un 15% de estudiantes sin cobro alguno. Y resulta curioso –y claramente discriminatorio– prohibir a la clase media aportar con sus propios recursos para aspirar a una educación de mejor calidad (no disponible en la educación pública) mientras la elite política que legisla no se ve afectada porque puede pagar un colegio privado.

Por lo mismo, mejorar la calidad en la educación pública es el mejor camino para avanzar en reducir la segregación.

En lugar de hacer una alianza público-privada, se diseñó una reforma improvisada para darles en el gusto a los eslóganes de la Confech. Si esto fuera gratis no habría problema, pero el costo de estos gustos ideológicos pone en riesgo a los miles de niños que asisten a colegios particulares subvencionados.

No es muy difícil de entender, pero el gobierno todavía no asume que es imposible reducir la segregación sin aumentar la calidad. Desgraciadamente, la evidencia histórica nos ha demostrado que el Estado ha fallado sistemáticamente en su intento por generar espacios de inclusión a pesar de haber multiplicado los ingresos fiscales por cuatro desde 1990. En su lugar, y muchas veces con menos recursos, cientos de emprendedores han logrado generar espacios de inclusión en distintos ámbitos. Existen casos más emblemáticos como la Teletón, Coaniquem, pero también ocurre con muchos colegios particulares subvencionados de excelencia, varios de ellos hoy demonizados por la Nueva Mayoría por obtener una legítima ganancia (también los hay de muy mala calidad, y no dudaría en cerrarlos).

Lo interesante de los ejemplos anteriores es que en cada uno de estos casos la sociedad civil ha sido capaz de entregar de mejor manera y en forma más inclusiva derechos sociales fundamentales. Si tienes un hijo con discapacidad, el mejor lugar para hacer valer tu derecho social a la integración es la Teletón. Si tienes un niño con una quemadura severa, el mejor lugar es Coaniquem. Si vives en el campamento San Francisco de San Bernardo, el mejor lugar hacer valer tu derecho a una educación de calidad es el colegio de la esquina de la Sociedad de Instrucción Primaria.

Ahora miremos por un minuto la educación pública en nuestro país, que debiera ser un espacio de inclusión central. ¿Logra acaso la educación pública cumplir con el estándar de inclusión social? La respuesta es claramente negativa. Más de un millón de apoderados ha optado por escapar de ella, y desde que se crea la subvención especial (SEP) la fuga se concentró en las familias de menores recursos. Bastaría con que la educación pública fuera de excelencia para haber logrado generar espacios de inclusión, pero no hemos sido capaces. Por el contrario, el Instituto Nacional, espacio emblemático de encuentro de distintas realidades, ha reducido en forma significativa sus postulantes en los últimos diez años.

¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Por qué con recursos económicos similares (en realidad los colegios municipales en Chile cuentan con más recursos en promedio que los colegios subvencionados) unos colegios generan espacios de inclusión y los otros se vacían? La respuesta es simple. Mientras uno de ellos cuenta con un emprendedor, el otro está a cargo de un funcionario estatal que dura en el cargo mientras el alcalde comparta su color político. Ninguno de ellos es perfecto y hay mucha heterogeneidad en ambos casos, pero claramente se mueven a velocidades distintas. Uno de ellos tiene flexibilidad para gestionar de buena manera su colegio, el otro se encuentra en una camisa de fuerza llamada burocracia estatal y estatuto docente. En Finlandia, el supuesto paradigma de la Nueva Mayoría, no existe un solo inspector del Ministerio de Educación y el sistema completo se sustenta en la lógica de la confianza. Finlandia es probablemente uno de los sistemas más descentralizados del mundo, donde el rol del gobierno se centra en regular la formación de profesores para asegurarse que todos ellos sean de excelencia.

A la luz de esta evidencia una ruta interesante a explorar es la del “Estado Articulador”. Tomarse en serio el rol del Estado como regulador para asegurar la calidad de todos los colegios (sin calidad no hay espacios de inclusión) y al mismo tiempo exigir a todo colegio subvencionado cumplir con el principio de no discriminar.

Desgraciadamente esa no es la ruta de Atria. Tal como lo confesó en un intercambio del 25 de julio, para el profesor Atria asegurar calidad en la educación no es el elemento central para generar espacios de inclusión.

El diputado está en lo correcto cuando describe mi posición diciendo que estoy en completo desacuerdo con la idea de que el derecho a la educación tiene relación con asegurar un mínimo de calidad.

Tampoco fue la ruta que tomó el gobierno. En lugar de comenzar por mejorar la calidad de la educación pública terminamos debatiendo si debíamos mandar a la cárcel a los emprendedores que lucran, sobre cuántos colegios de calidad se van a cerrar por culpa de la reforma.

Lo más complejo de esta historia es que estamos perdiendo una tremenda oportunidad para hacer una reforma educacional que logre una visión y sueño compartidos de una educación más justa, reduciendo las brechas de oportunidades. Estoy convencido de que diversos colegios de calidad se van a ver obligados a cerrar por esta reforma en caso de ser aprobada como está escrita actualmente, pero mi mayor problema no es ese. Mi mayor frustración es que, una vez más, la clase política venda una historia y que luego no pase nada.

Se nos dijo que se iba a aumentar la subvención para superar lo que invierten las familias con más alto copago, pero finalmente la ley no lo hace, y “dependerá de los futuros gobiernos”, según nos dijo el ministro. Se nos dijo que se iba a reducir la segregación, y existe la posibilidad de que terminemos con más segregación al pasar muchos colegios subvencionados a ser colegios particulares. Se nos dijo que iba a mejorar la calidad de la educación, y es probable que varios colegios de buena calidad se vean obligados a cerrar.

En lugar de hacer una alianza público-privada, se diseñó una reforma improvisada para darles en el gusto a los eslóganes de la Confech. Si esto fuera gratis no habría problema, pero el costo de estos gustos ideológicos pone en riesgo a los miles de niños que asisten a colegios particulares subvencionados.

La moraleja de todo esto es que las urgencias políticas consumieron las urgencias sociales. Ganaron los que más poder político tenían (Confech, PC) y perdieron los niños que no marchan. Resulta especialmente sorprendente y triste que, levantando las banderas de la justicia, finalmente la gratuidad universitaria a los más ricos –principio intransable de la bancada estudiantil– termine ocupando buena parte de los recursos que debían ir a los niños más vulnerables y a los profesores para aspirar a una educación más inclusiva y de calidad. Esperemos que tanto Atria como el Senado se den cuenta a tiempo de la ceguera que tuvo la Cámara de Diputados al aprobar esta reforma. Si no logran cambiar el alma de la reforma en el Senado, pasará a la historia como la otra gran oportunidad perdida para hacer justicia, y ese es un lujo que no podemos darnos a estas alturas, luego de décadas esperando por un cambio estructural en la distribución de las oportunidades.

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