A poco andar, las evidencias mostraron que la falta de convicción arrastra a la Nueva Mayoría a no creer que la educación gratuita pueda mejorar su calidad. Tampoco que el combate al lucro con recursos del Estado signifique un mejor destino para millonarios aportes fiscales en lugar de terminar en las arcas personales de los sostenedores de escuelas y colegios subvencionados. Ni mucho menos pensar en una estrategia de largo plazo que resitúe a la educación pública en el más alto nivel de la cadena educacional y la convierta otra vez en referente de igualdad de oportunidades, de equilibrio social y de una instrucción académica de alto nivel para todos los ciudadanos sin distinción de ingresos ni clase social. El programa de Bachelet lo aborda, pero en su ejercicio práctico se distancia.
Desde su inicio la Nueva Mayoría gobierna con un programa prestado e incómodo para sus fundamentos y práctica política. Programa que en sus líneas centrales prometió en el documento “Chile para Todos” tres ejes de realización: Reforma en Educación, Reforma Tributaria y Nueva Constitución. Programa que en gran medida surgió luego de “prestar oídos” a la ciudadanía y a las diversas movilizaciones que acorralaron al gobierno de Sebastián Piñera bajo todo su período. En síntesis, Michelle Bachelet y su equipo ofrecieron el procesamiento de los contenidos que demandaba la ciudadanía activa y movilizada y, a su vez, materializar esas aspiraciones mediante cambios políticos.
La propia presidenta Michelle Bachelet, que entre septiembre de 2010 y marzo de 2013 se mantuvo fuera del país como Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, siguió atenta el devenir de los hechos en Chile. Espacio distante que propició, en sus palabras, “contar con una mejor y más aguda perspectiva del modelo chileno y sus profundas desigualdades”.
Desde Nueva York Bachelet “supuestamente” tomó nota de la defensa del medio ambiente y las crecientes movilizaciones contra HidroAysén. De la pelea por el derecho al agua que exigen hace años los pobladores en La Ligua versus los intereses y operaciones de las grandes mineras. De los problemas de aislamiento y alto costo de la vida que gatillaron el alzamiento de la población en Puerto Aysén. Del pésimo manejo ambiental de la planta de cerdos de Agrosuper y la histórica movilización de los ciudadanos de Freirina. Del masivo descontento por las bajas pensiones que el sistema de AFP comenzó a repartir. De la crisis de la Salud que tocó fondo en la última década con escasez de médicos especialistas, de recursos y de infraestructura en todo el país. De la urgente necesidad de un cambio de la Constitución por una Carta Magna surgida en democracia y garante de los derechos sociales. Del cambio del sistema binominal que tiene en las cuerdas al sistema de partidos heredado de la dictadura y que potencia la escasa participación política con históricas cifras de abstención en las recientes elecciones. Y, por cierto, de la masiva y persiste movilización estudiantil contra el lucro, la mala calidad y las desigualdades que provoca el modelo educacional chileno en todos sus niveles.
[cita]A poco andar, las evidencias mostraron que la falta de convicción arrastra a la Nueva Mayoría a no creer que la educación gratuita pueda mejorar su calidad. Tampoco que el combate al lucro con recursos del Estado signifique un mejor destino para millonarios aportes fiscales en lugar de terminar en las arcas personales de los sostenedores de escuelas y colegios subvencionados. Ni mucho menos pensar en una estrategia de largo plazo que resitúe a la educación pública en el más alto nivel de la cadena educacional y la convierta otra vez en referente de igualdad de oportunidades, de equilibrio social y de una instrucción académica de alto nivel para todos los ciudadanos sin distinción de ingresos ni clase social. El programa de Bachelet lo aborda, pero en su ejercicio práctico se distancia.[/cita]
A ojos de buen observador, sin excepción, las actuales demandas sociales y políticas son la cara contraria de lo que fue el ejercicio de la Concertación desde 1988 y su bullada promesa de “La alegría ya viene”. En palabras simples, un segundo gobierno de Bachelet implicaba necesariamente cambiar, remediar y corregir varias políticas que su alianza de gobierno propició, agudizando un modelo injusto en todos sus frentes. Implicaba gobernar con un programa y con la convicción de cambiar el estado de cosas, las reglas del juego y tocar las raíces estructurales del modelo neoliberal vigente en Chile. Eso era en el papel.
Como resultado del uso del sistema binominal y un pacto con el Partido Comunista, la Nueva Mayoría logró 67 diputados y 21 senadores y desde diciembre de 2013 cuenta con la mayoría en ambas cámaras. Si en los tres gobiernos concertacionistas el pretexto político fue no contar con los votos para los cambios de fondo y se optó por la funesta “Política de los Acuerdos”, ahora la nueva versión de esa excusa fue reemplazada con la idea de que los cambios se deben consensuar con la minoría defensora del modelo político, económico y social, y “no abusar” de la mayoría obtenida en las urnas. El mejor reflejo de la forma espuria de este tipo de enfoque fueron las negociaciones de la Reforma Tributaria, que en voz del senador Andrés Zaldívar sentenció que “en estas cosas no todo el mundo puede estar en la cocina, ahí muchas veces está el cocinero con algunos ayudantes, pero no están todos, no pueden estar todos”.
A poco andar, las evidencias mostraron que la falta de convicción arrastra a la Nueva Mayoría a no creer que la educación gratuita pueda mejorar su calidad. Tampoco que el combate al lucro con recursos del Estado signifique un mejor destino para millonarios aportes fiscales en lugar de terminar en las arcas personales de los sostenedores de escuelas y colegios subvencionados. Ni mucho menos pensar en una estrategia de largo plazo que resitúe a la educación pública en el más alto nivel de la cadena educacional y la convierta otra vez en referente de igualdad de oportunidades, de equilibrio social y de una instrucción académica de alto nivel para todos los ciudadanos sin distinción de ingresos ni clase social. El programa de Bachelet lo aborda, pero en su ejercicio práctico se distancia.
La historia reciente de los nuevos rostros políticos tampoco los favorece. De hecho, el propio ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, en su época de dirigente estudiantil propició el quiebre de la Confech, que a mediados de los noventa se oponía a la llamada Ley de Modernización de las Universidades del Estado, instancia en que el gobierno de Eduardo Frei abría por decreto la privatización de estos planteles. Su caso se replica en el ministro vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde, que siendo presidente de la Fech se inclinó también en la Confech por apoyar el cambio desde el Fondo Universitario al Fondo Solidario, que, entre otras cosas, subió la tasa de interés de 1 a 2% de su cobro, amplió el plazo de pago de 5 a 10 años a los egresados, elevó de 5 % a 10% el cálculo de la renta de los endeudados para ejercer el pago del crédito y, lo peor, permitió a las universidades vender su cartera a privados. Hoy, Peñailillo y Elizalde olvidan su pasado y aseguran una defensa –poco creíble– de la educación pública.
Gobernar con un programa prestado implica contradicciones y situaciones tensas a diario. Como estrategia de corto plazo el gobierno echó mano al PC y a su cúpula para instalar en distintos ministerios a asesores que frenaran en las organizaciones formales las movilizaciones contra el gobierno. La mayor evidencia la personifica el Secretario General del PC, Juan Andrés Lagos, que en su rol de ex “asesor” en los ministerios del Interior y de Educación ejerció una fuerte presión sobre el Colegio de Profesores por medio de Jaime Gajardo, a contrapelo de las bases del Magisterio. Por su parte, el ministro Nicolás Eyzaguirre sumó a Rodrigo Roco, ex Presidente de la Fech y ex PC, y a Miguel Crispi, ideólogo de Revolución Democrática, como asesores para la reforma. El primero navega sin rumbo político desde que abandonó su partido y el segundo guió sin éxito un intento por quebrar la Confech a mediados de año.
En el plano público, la DC –con más votos y peso en la Nueva Mayoría– confirmó que si las reformas no se hacen dentro del marco que impulsa ese partido, Bachelet no contará con el apoyo de sus parlamentarios. Condición que deriva de un discurso cada vez más distante del presidente del PDC, Ignacio Walker, como también de la defensa que hace ese partido a los intereses corporativos de sectores minoritarios de la sociedad chilena que usufructúan del modelo en educación y otras materias. El ejemplo más nítido lo representa Gutenberg Martínez y su abierta oposición a los cambios en educación, curiosamente, uno de los propietarios de la universidad privada Miguel de Cervantes, clasificada como una de las peores 10 universidades del país.
Gobernar con un programa prestado se transformó en un discurso público (para la galería) de cambios profundos y, al mismo tiempo, una práctica que no toca los elementos centrales que hacen crisis en educación, salud, previsión, vivienda, medioambiente y energía. En términos concretos, propiciar con hechos el cambio del modelo de desarrollo.
Gobernar sin convicción implica que en momentos en que se discute la reforma en Educación surgen sin caretas las defensas corporativas de los opositores a los cambios y abiertamente sabotajes a todo intento por políticas más justas y que sean una efectiva señal de cumplir con las demandas de la movilización estudiantil. Ni siquiera los actuales parlamentarios y ex dirigentes universitarios se explican cómo la penalización con cárcel al lucro con recursos fiscales en educación fue negada por los propios diputados de la Nueva Mayoría y, a renglón seguido, la presidenta le quitó el piso a esa moción legal. Peor, incluso, la DC ya abrió diálogos con RN para un acuerdo en el Senado por la reforma de Educación.
Gobernar sin convicción implica que los escándalos del Grupo Penta y la compra de votos en el Parlamento potencien aún más el desencanto de los ciudadanos de la política (el andamiaje institucional) y que agudice su crítica en lo político. Casos de corrupción en el financiamiento de campañas que tienen al gobierno temeroso y a la espera de que no lo salpique más allá del caso del ministro Alberto Undurraga.
Panorama político que adelanta un futuro poco auspicio a la reforma en educación superior, obviamente en la reforma laboral y las reformas políticas, entre ellas, el cambio a la Constitución del 80. Gobernar con un programa prestado y no apoyarse en los ciudadanos es una práctica política errónea, si en verdad se quieren cambios de fondo y no maquillajes al modelo. A todas luces, gobernar sin convicción puede costar caro.
