En el escenario actual, y en vista de la evidencia explicada, pareciera ser que más que buscar consagrar una herramienta de eficacia contra el crimen, se persigue la reivindicación de un espacio que las policías tenían –de facto– en el sistema inquisitivo, y que hoy –ante la figura del juez que controla– han perdido.
Hace ya algún tiempo se viene discutiendo la posibilidad de aumentar las facultades investigativas que posee la policía. Esta idea se sustenta en la premisa de que actualmente la actuación de la policía en el contexto investigativo se encuentra excesivamente limitada, ya que no pueden realizar diligencias de forma independiente al requerir la autorización del fiscal. Argumentan esto en contraposición a lo que ocurría en el sistema antiguo donde tenían un mayor espacio para investigar y donde el juez solo sugería determinadas diligencias. Todo lo anterior, en parte, y ahora con más fuerza por los robos a transporte de valores y los sucesos en La Araucanía, sería uno de los nudos críticos que afecta al sistema y que resulta necesario para resolver el problema de la delincuencia en nuestro país.
Este discurso –que proviene de las instituciones policiales y de algunos sectores políticos– si bien resulta muy atractivo, lamentablemente es incorrecto, debido a que se sostiene en cuestiones contrarias a la evidencia disponible. Por ello es importante aclarar esos puntos para dejar el mito y pasar a la realidad.
Primero, el principal argumento que se ha dado para aumentar las facultades de la policía es que esta medida permitiría mejorar la eficacia en la persecución penal y controlar la delincuencia. Sin perjuicio de que esta idea parece intuitivamente correcta, la verdad es que la evidencia que existe demuestra lo contrario. Aumentar las potestades investigativas de la policía no mejora los resultados de la persecución penal. El mejor caso para ejemplificar esto es el de la policía inglesa. En 1984 se promulgó la Police and Criminal Evidence Act (PACE) (y con ello una serie de regulaciones posteriores)que vino a regular la función policial en diversos ámbitos y, entre otras cosas, generó mayores espacios de autonomía para ejecutar diligencias investigativas (en una policía que ya poseía importantes facultades). En ese escenario, estudios posteriores demostraron que la situación luego de esta regulación no cambió considerablemente, manteniéndose los mismos resultados.
[cita]En el escenario actual, y en vista de la evidencia explicada, pareciera ser que más que buscar consagrar una herramienta de eficacia contra el crimen, se persigue la reivindicación de un espacio que las policías tenían –de facto– en el sistema inquisitivo, y que hoy –ante la figura del juez que controla– han perdido.[/cita]
En segundo lugar, existe evidencia que demuestra que la policía, en aquellas diligencias que puede realizar de forma independiente pero también las que ejecuta luego de la autorización del fiscal y/o juez, no las realiza adecuadamente. En particular, muchos de los casos que se archivan se debe a que no se recolectó la evidencia que se encontraba disponible en el momento o se hizo incorrectamente. Esto se puede apreciar, por ejemplo, en las falencias que poseen los partes policiales, los cuales en varias ocasiones presentan serias carencias de información relevante del caso, sin identificación de testigos, sin declaraciones de estos últimos o, si las hay, están incompletas, etc. Es decir, la policía actualmente no realiza bien las primeras diligencias, por lo que es razonable pensar que en un contexto de mayores facultades la situación va a replicarse, incluso con consecuencias más graves si se trata de atribuciones más intensas.
En tercer lugar, se suele citar la experiencia de la policía de Estados Unidos u otros países como un ejemplo de mayor autonomía investigativa. Olvidan, eso sí, dos cosas.
Por una parte, que las policías modernas que tienen mayor poder de intervención, discrecionalidad y con una menor capacidad de control, deben luego rendir cuentas a los ciudadanos de manera sustancial acerca de cómo lo ejercieron y responsabilizarse por sus fracasos o, en su defecto, aprovecharse de sus virtudes. Sin lo anterior, prácticamente es entregarle una herramienta para que la ejerza como quiera, llevando en algunos casos al ejercicio de arbitrariedades e ilegalidades. Es decir, el ejercicio de la discrecionalidad policial debe ir siempre aparejado de un conjunto de medidas que permitan controlar la utilización de esas potestades, pero en Chile el escenario actual no lo entrega. Existe un déficit considerable en la rendición de cuentas o accountability. Tanto Carabineros como la PDI no transparentan de forma clara y consistente cómo ejercen sus funciones investigativas, ya que no tienen obligación de hacerlo, recayendo, por ende, gran parte de sus fracasos en los fiscales.
Sumado a lo anterior, estas policías más modernas tienen una política de selección, formación y capacitación de sus funcionarios más rigurosa, intensa y profunda. Sobre todo, porque el ejercicio de facultades que diariamente arriesgan vulnerar garantías fundamentales, requieren destrezas particulares. Lamentablemente en nuestro país la formación de policías se encuentra inmersa en la vorágine y presión de tener funcionarios luego ejerciendo funciones en la calle, a costa de una formación menos integral y adecuada. Adicionalmente, la capacidad técnica de nuestras policías es bastante limitada, especialmente en sus unidades especializadas y periciales, por la carencia de personal realmente capacitado para producir o generar evidencia de calidad.
En consecuencia, es importante tener claro, a la hora de definir políticas para combatir la delincuencia, aquellas herramientas que realmente puede producir un cambio, siendo las facultades autónomas de la policía una que pareciera no ser la solución. Lo anterior no implica que no puedan revisarse y regularse herramientas específicas con mayor flexibilidad, pero el discurso general de autonomía policial no sólo es injustificado sino que puede producir mayores inconvenientes
En el escenario actual, y en vista de la evidencia explicada, pareciera ser que más que buscar consagrar una herramienta de eficacia contra el crimen, se persigue la reivindicación de un espacio que las policías tenían –de facto– en el sistema inquisitivo, y que hoy –ante la figura del juez que controla– han perdido. No es casualidad que cada vez que se dan a conocer problemas en la investigación criminal se vuelva a poner el tema en discusión. Todo esto, a pesar de que en los últimos 15 años los principales cambios al sistema han implicado mayores facultades a la policía.
Entonces, ¿facultades para mejor la investigación o para retomar el terreno perdido?
