Necesitamos que se vayan los controladores que solo han encarecido la educación y olvidado la calidad de esta, necesitamos que entren las comunidades universitarias a ser parte vinculante de este tipo de decisiones para recuperar y fortalecer los proyectos educativos de nuestras Universidades.
Cada año, al acercarse diciembre, comenzamos a ver gigantografías en las calles, comerciales en la televisión y publicidad en el transporte público que, con vibrantes colores y modernas gráficas, dice que podemos, que creamos, y que elijamos. Cada año, las universidades privadas comienzan a invitarnos a engrosar sus filas mediante un discursos de esperanza y esfuerzo, un discurso que promete entregarnos las herramientas para hacer realidad la promesa de superación, movilidad y éxito que se nos ha contado desde pequeños. Pero también tienen como objetivo quedarse con la mejor porción de esa inmensa cantidad de estudiantes que año a año salen de los colegios y liceos dispuestos a apretarse el cinturón por esa promesa de un futuro mejor.
Pero una vez dentro de estas casas de estudio la llegada de diciembre significa algo más, la dura noticia de alza de aranceles que se repite como un mantra doloroso cada año, noticia que año a año va dejando a algunos compañeros en el camino y que, para el resto, implica más y más sacrificios en pos de esa ilusión de éxito. Y es que no es sólo este año que se produce dicho incremento, desde el año 2005 al año 2014 los aranceles promedios de la Universidad Alberto Hurtado han crecido más de un 58%, lo mismo ocurre en universidades como la Universidad Andrés Bello con un 61% y Diego Portales con un 37%, esto representa una diferencia de más de un millón de pesos. No solo es un aumento en el costo de las carreras, las matrículas de las casas de estudios han crecido de manera desmedida; a diferencia de las universidades públicas que tienen límites de crecimiento, las universidades privadas no tienen forma de regular la oferta de cupos, por esto es que hoy son estas las que se llevan la mayor parte de la matrícula y no la red estatal.
[cita]Necesitamos que se vayan los controladores que solo han encarecido la educación y olvidado la calidad de esta, necesitamos que entren las comunidades universitarias a ser parte vinculante de este tipo de decisiones para recuperar y fortalecer los proyectos educativos de nuestras Universidades.[/cita]
De esta manera, si simplemente multiplicamos la cantidad de matriculados por años por los aranceles de cada carrera veremos que los ingresos de las universidades han crecido en una manera burda, la UDP pasa de $ 20.019.766.570 en 2005 a unos $53.403.458.000 en 2014 y la UNAB de $ 40.410.844.300 a $155.501.380.209.
En el caso de la Universidad Alberto Hurtado, que –como declaró su rector– desde 2008 tiene aranceles diferentes para estudiantes antiguos y nuevos, los ingresos en el año 2013 por concepto de aranceles alcanzaron los $12.784.390.000, mientras que haciendo el mismo ejercicio para el año 2005 sólo alcanzaba $2.381.674.000, por lo demás la misma universidad declaró una ganancia de $1.093.461.000. Esto muestra que el aumento indiscriminado de matrícula y el aumento de aranceles no significan una simple política de reajustes o una política de sobrevivencia para instituciones que no reciben aportes del Estado, por el contrario, hoy el alza de aranceles representa una cantidad importante de ingresos.
La pregunta entonces es ¿qué sucede con este dinero?, lamentablemente hoy las universidades privadas no reflejan estas alzas de aranceles en mejor calidad de la educación. La proporción de profesores a jornada completas no aumenta y se mantiene el predominio de profesores taxis, la cantidad de libros y las salas de clases siguen siendo deficitarias, en muchas casas de estudios no existen espacios comunes ni condiciones para un buen desarrollo del procesos educativo. Simplemente seguimos entregando el dinero de nuestras familias a los grupos controladores de estas universidades para que lo gasten de manera irresponsable, administradores que buscan sus propios beneficios y que no permiten la participación democrática de la comunidad en las decisiones de las universidades.
Lo que vemos hoy con el alza de aranceles no es un problema nuevo, muchos estudiantes ya saben que tendrán que dejar de estudiar, otros saben que tendrán que utilizar sus vacaciones en trabajos precarios (algunos en empresas de los mismos que son dueños de sus universidades) que les permitan pagar los nuevos aranceles. Todo para que nada cambie en su educación y solo se sigan enriqueciendo quienes siempre lo han hecho. No es un tema de falta de recursos, probablemente los pobres grupos controladores dirán que es culpa del Estado y su preferencia por la educación pública, así dirán que la solución es que se traspase más plata del Estado a los dueños de estas universidades.
En algo estamos de acuerdo: es el Estado el que tiene que poner control a esto. Pero no queremos que simplemente se sigan entregando más recursos a un saco roto, no sirve que se siga la lógica de la reforma en educación secundaria, que no termina con el voucher. Lo que necesitamos es que el Estado sea el garante de nuestra educación e intervenga las casas de estudios que abusan hoy de sus estudiantes, necesitamos que sea garante de la conformación de espacios democráticos donde se puedan fijar los criterios arancelarios de manera transparente y apuntando a una mejor calidad de la educación, garante de que mientras esto no ocurra exista un congelamiento de los aranceles, garante de que cada peso que han aumentado este año los aranceles sea reinvertido en becas, garante de un límite concreto para los aranceles. Necesitamos que se vayan los controladores que solo han encarecido la educación y olvidado la calidad de esta, necesitamos que entren las comunidades universitarias a ser parte vinculante de este tipo de decisiones para recuperar y fortalecer los proyectos educativos de nuestras Universidades.
