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La información privilegiada en Chile

En realidad la Superintendencia de Valores, no necesita de meses para comprobar y denunciar el uso de información privilegiada que origina ganancias ilegales a ciertos operadores en el mercado de valores. Le es suficiente pedir un listado de las transacciones en los días previos y relacionarla con los directores y sus familiares o sociedades con las que tienen participación, para detectar quiénes obtuvieron ganancias ilegales.


Nueve meses tardó la SEC (Securities and Exchange Commission), organismo similar a nuestra Superintendencia de Valores y Seguros, para detectar el uso de información privilegiada en la Oferta Pública de Acciones de la Corporación Farmacéutica Recalcine (CFR). La demora de las autoridades norteamericanas se debió a que las transacciones se hicieron usando de intermediarios a paraísos fiscales en el caribe.

¿Por qué el organismo controlador chileno no ha dicho ni una palabra, sobre las transacciones efectuadas en Chile por la misma operación?

A eso se suma la otra Oferta Pública de Acciones, la OPA sobre CGE. Que también dio origen a transacciones usando información privilegiada y que todavía no ha sido revelada por la Superintendencia en Chile.

En ese caso se suspendieron las transacciones en la Bolsa, cuando se detectó un aumento inexplicable de los precios, pero las transacciones se reanudaron prontamente cuando se reveló que había una oferta que aumentaba considerablemente los precios. En cambio, tal vez por descuido o ignorancia, no se suspendieron las transacciones de la empresa INDIVER, dueña de un 10% del capital de CGE, y en la cual se siguieron efectuando compraventas de sus acciones en uso de información privilegiada.

[cita] La Superintendencia de Valores, no necesita de meses para comprobar y denunciar el uso de información privilegiada que origina ganancias ilegales a ciertos operadores en el mercado de valores. Le es suficiente pedir un listado de las transacciones en los días previos y relacionarla con los directores y sus familiares o sociedades con las que tienen participación, para detectar quiénes obtuvieron ganancias ilegales. [/cita]

En realidad la Superintendencia de Valores, no necesita de meses para comprobar y denunciar el uso de información privilegiada que origina ganancias ilegales a ciertos operadores en el mercado de valores. Le es suficiente pedir un listado de las transacciones en los días previos y relacionarla con los directores y sus familiares o sociedades con las que tienen participación, para detectar quiénes obtuvieron ganancias ilegales.

La OPA de CGE tiene un desarrollo bastante largo. En julio de este año , Conadecus recibió una nota de la Fiscalía Nacional Económica, pidiendo autorización para revelar a Metrogas los detalles de una denuncia de colusión en el mercado del gas, que esa organización de consumidores había presentado en 2005, y que nunca obtuvo respuesta de la FNE. Conadecus accedió a que se comunicara los detalles de la denuncia. Ahora resulta en claro que era el futuro comprador de CGE en una OPA el que quería saber los detalles del mercado oligopólico que estaba adquiriendo. Cuando se reveló que el comprador era la empresa Fanagosa, Conadecus presentó una consulta al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para que se investigara el efecto de esa adquisición en la libre competencia del mercado del gas en Chile. Ese TDLC rechazó la consulta estimando que la organización de consumidores no era legitimaria para hacerla. El reclamo por esta exclusión depende ahora de la Corte Suprema, donde se resolverá, en definitiva, si los consumidores tenemos derecho a ser representados por las organizaciones que nos agrupan.

Las adquisiciones de estas dos grandes empresas chilenas por empresas extranjeras ha demostrado la fragilidad de nuestro sistema de defensa de los consumidores para detectar las operaciones en el mercado financiero doméstico y el control efectivo de su legalidad.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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